Lucila Rodríguez-Alarcón (@lularoal)

• Las leyes son bastantes claras, las reglas se van a adaptando según resulta más o menos conveniente para no se sabe bien quién. Desde luego, no para las personas que llegan a nuestros países en condiciones de vulnerabilidad.
  

A su regreso de los campos de refugiados griegos, en el año 2018, el periodista Antonio Trives relataba como algunos representantes de las organizaciones que trabajan con ellos, incluyendo a las instituciones de Naciones Unidas, confundían a las personas que buscaban asilo. Estas organizaciones trasladaban a los refugiados de un sitio a otro prometiéndoles papeles que teóricamente les permitirían moverse libremente por Europa. Sin embargo, una vez solicitado asilo en el país de llegada el procedimiento de asilo solo se puede realizar en dicho país, y abandonarlo significa perder todos los derechos, en dicho país y en la Unión Europea.

Años después este tipo de malentendidos se repetirían cuando ardió el campo de refugiados de Moria. Relatan los periodistas Angus Morales y Anna Subirats, en la revista 5W, como esas mismas organizaciones presionaron y confundieron a los refugiados para que aceptaran entrar en el nuevo campo "temporal", que finalmente ha sido permanente puesto que ahí siguen todos. En México son miles los casos de refugiados centroamericanos que confundidos solicitan el acogimiento en ese país pensando qué podrán luego seguir su camino hacia Estados Unidos y continuar su proceso de asilo en ese país. 

Existen unas leyes y luego están las reglas. Las leyes son bastantes claras, las reglas se van a adaptando según resulta más o menos conveniente para no se sabe bien quién, pero desde luego, no para las personas que llegan a nuestros países en condiciones de vulnerabilidad. 

Esta semana, publicaba en un tuit la magistrada Victoria Rossell una resolución importantísima de la audiencia provincial de las Palmas, en la que se llamaba la atención sobre una regla que se ha aplicado en Canarias durante estos meses que ha habido un gran incremento de las llegadas por mar a las islas. Se reconoce que no existe legalmente una situación que justifique que las personas que llegaron a los puertos estuvieran "custodiadas".

La AP de Las Palmas, Secc 1ª, avala la libertad de circulación de las migrantes: "No sabemos a qué se refiere con "custodiados", pues no existe ninguna situación intermedia entre la libre circulación y la restricción ambulatoria, que no puede ser implícita por limitar DDFF". pic.twitter.com/iwRhTlX946

— Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) April 18, 2021

Las personas migrantes o son libres o tienen una restricción ambulatoria establecida conforme a las leyes de nuestro pais. Sin embargo, durante varias semanas, hubo miles de personas "custodiadas", no solo por los cuerpos de seguridad del estado sino por varias de las ONGs que estaban trabajando en terreno. En muchos de los casos, las personas que estaban a cargo de la acogida de los recién llegados no eran conscientes de que estaban cometiendo una irregularidad reteniendo a toda esta gente en contra de su voluntad.

Igualmente medios de comunicación y opinión pública han estado muy confundidos con este tema. No debería haber tenido lugar el debate sobre si se podían o no desplazar a la península aquellos migrantes que han llegado a nuestro territorio en condiciones de irregularidad administrativa. Se trata de un tema legal que la resolución de la Audiencia Provincial de las Palmas deja muy claro: cualquier persona en nuestro territorio o puede moverse libremente en él o no puede moverse porque se le aplica una restricción de movimiento específica. Aprovechar que los desplazamientos desde Canarias solo se pueden hacer o por avión o por barco para impedir ese libre movimiento de personas es una irregularidad que no está amparada por la ley. 

Es indispensable que sigamos respetando las leyes que custodian las libertades individuales de las personas, en cualquier país del mundo. Sortearlas imponiendo reglas pone en peligro la calidad democrática y la libertad de todas las sociedades. Aquí somos todas responsables de que se respete la ley, desde los que se supone que la custodian hasta los que se ven en la obligación de aplicarla.