El Tribunal de Cuentas es, sobre todo, el órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos; también del PP y del PSOE, que son los que lo conforman, elegidos por Congreso y Senado, seis y seis, cada nueve años. Actualmente, este Tribunal cuenta con once miembros, ya que Lluís Armet (PSOE) renunció al cargo y no ha sido relevado. Siete de esos once consejeros, presididos por María José de la Fuente (PP), son del Partido Popular. Entre ellos, gente tan decana de la formación como la exministra de Justicia con el PP Margarita Mariscal de Gante o Manuel Aznar, hermano del expresidente.

Las funciones de este organismo fiscalizador dependiente de las Cortes Generales son controlar, como digo, las cuentas de los partidos, del sector público o de la Conferencia Episcopal. No, no se embalen: los fondos reservados del Ejecutivo y gastos del personal civil y militar de la Casa Real están exentos de tal vigilancia. Los consejeros del Tribunal de Cuentas deberían ser renovados este verano, pero teniendo en cuenta la parálisis de más de dos años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el empeño del PP en incumplir el mandato constitucional, es posible que el Tribunal de Cuentas siga adelante también caducado. Al PP no le interesa en absoluto perder una de sus herramientas de poder sancionador.

En 2013, el Tribunal Supremo -con el respaldo del Constitucional- alertó de la peligrosa politización del Tribunal de Cuentas, en manos de cargos designados a dedo por el PP -sobre todo- y por el PSOE, en lugar de los funcionarios de carrera que corresponderían a una institución saneada: en 2014, El País denunciaba un nepotismo salvaje en este organismo de funciones tan delicadas, que pueden llegar, en último término, al embargo de patrimonios personales. Porque a diferencia de la línea general de organismos de idéntico cometido en otros países, nuestro Tribunal de Cuentas puede concluir sus enjuiciamientos con sanciones económicas muy graves.

Este organismo administrativo, pese a la importancia decisiva de su responsabilidad, es uno de los más opacos y antidemocráticos de nuestro ámbito institucional, que ya es decir. Lo compone un personal de más de 700 personas y, en 2014, de ese número, un centenar de ellos tenían lazos de parentesco con la cúpula de consejeros, incluido el presidente o la presidenta. Una auténtica vergüenza que debería invalidar inmediatamente al Tribunal de Cuentas, además, porque siendo controlado únicamente por PP y PSOE no es en absoluto representativo de la soberanía popular que reside hoy en las Cortes, más multipartidistas que nunca.

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Debido a ese oscurantismo que rodea al Tribunal de Cuentas, sus acciones o la omisión de ellas, suelen pasar desapercibidas para la opinión pública. No obstante, el seguimiento de su actividad desde hace años encuentra, además de su sistema de elección parcial y el nepotismo que lo invade todo, auténticas aberraciones que en una democracia plena llevarían a su intervención y reforma inmediata. Pero como en tantas otras cosas, los turnos en el Gobierno del PP y PSOE les hacen prometer la redemocratización de este Tribunal (ellos dicen "renovación") cuando están en campaña electoral y se olvidan de ella cuando han alcanzado La Moncloa. El clásico.

Ahora, el Tribunal de Cuentas sí está en los medios por estar culminando el proceso de fiscalización del dinero del Govern durante el procés. El detalle con el que el organismo mayoritario del PP está mirando las facturas de las actividades en el exterior de 40 acusados independentristas es tan sonrojante en sus conclusiones como la ausencia de ese mismo control, por ejemplo, durante la financiación a Vox del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), una secta religiosa-paramilitar de la extrema derecha iraní; sí, ésta no es un fake, como la de Podemos. O cuando, como supimos no hace mucho por Infolibre, que este mismo Tribunal "guardó en un cajón hace un año una petición de la Fiscalía para investigar las cuentas de Vox". Por no hablar de las cuentas del PP cuando el clan de Gürtel campaba a sus anchas en la calle Génova y los sobresueldos inflaban las cuentas de sus dirigentes.

El celo del Tribunal de Cuentas con los gastos del Govern durante el procés, en este caso, con la actividad exterior de sus representantes contrasta con la ausencia del ídem en casi todo lo demás, pero además, las conclusiones a las que llega el organismo para acusar a los líderes independentistas (Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, junto a otros 35 exaltos cargos y funcionarios) rayan el absurdo. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas (pueden consultar la nota sobre el informe y el propio informe en la web del organismo) fiscaliza viajes de Mas en los que éste, bien sea a respuestas de la prensa o en conferencias, habla de la necesidad de una consulta en Catalunya sobre la independencia. Eso, según el Tribunal de Cuentas, no puede ser pagado con dinero público, aunque el compromiso de intentar un referéndum sí pueda figurar en el programa electoral de Junts, ERC o la CUP, avalado por las urnas una y otra vez.

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Imaginen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un año, dando una conferencia en Bruselas o en Washington sobre la necesidad de aprobar la ley de eutanasia (prohibida hasta la semana pasada e incluida en el programa electoral de la coalición PSOE-Unidas Podemos) para que España avance en derechos y libertades. ¿Creen que el Tribunal de Cuentas se atrevería a concluir que esa charla no puede ser pagada con dinero público porque la eutanasia estaba prohibida en España? ¿Cuál es el problema con la consulta de Mas, entonces? ¿Quizás la politización del Tribunal de Cuentas de un PP echado al monte y su rechazo antidemocrático a las ideas de nacionalistas e independentistas, a sus ansias de referéndum e independencia, completamente legales, legítimas y apoyadas masivamente elección tras elección en Catalunya? "Democracia plena", le dicen; si es que hay que reírse...