Este martes conocimos un capítulo más de la bochornosa situación de la Justicia española, que nos coloca al nivel de los estados autoritarios más afamados. Quizás por eso (y porque allí hay una negociación entre Gobierno y oposición que no interesa), últimamente no escuchemos tirar de Venezuela en el argumentario del PP.
En una democracia plena, el escrito de apelación con el que la Fiscalía Anticorrupción recurre el cierre de la investigación de la trama Kitchen (pieza separada de la causa Tándem), dado a conocer hace unas horas por la Ser tras ser presentado en la Audiencia Nacional, abriría las portadas de todos los medios de comunicación, sus análisis y sus tertulias. Máxime teniendo en cuenta cómo está el patio de nuestro poder judicial y aledaños, con el bloqueo inconstitucional por parte del PP, que reniega de la negociación imponiendo sus condiciones; con el Tribunal Supremo cuestionado en organismos internacionales por el caso Garzón o el juicio al procés; con una Fiscalía trabajando con desgana y a rebufo de la investigación suiza al rey Juan Carlos I, y un largo etcétera.
En este contexto, conocimos ayer el durísimo alegato contra la decisión de Manuel García-Castellón, juez de la Kitchen y compadre del PP y de Carlos Lesmes, estos dos aspectos que son equivalentes. Desde que el magistrado de la Audiencia Nacional cerró la investigación de Kitchen, justo cuando ésta se ponía más interesante con los indicios que implicaban a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal y señor, son conocidos el malestar de la Fiscalía y la sorpresa general.
La trama parapolicial montada en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para salvar al Partido Popular liderado por Cospedal de sus causas de corrupción y financiación ilegal tendría un señor X al que García-Castellón se niega a investigar, poniendo pie en pared: desde el momento en que la ilustrativa y nada convincente declaración al fiscal de la exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y exsecretaria general del PP dejó poca dudas sobre su responsabilidad y la del entonces presidente del Gobierno en esta acción mafiosa ejecutada con dinero, recursos y personal público, el magistrado dio carpetazo a la investigación y dejó a Fernández Díaz y al ángel Marcelo como los Al Capones del asunto. ¡Pero si el juez ni siquiera había interrogado al director general de POLICÍA, Ignacio Cosidó (PP), en una trama de políticos y PO-LI-CÍ-AS corruptos!
La decisión de García-Castellón es solo una muestra más de uno de los grandes problemas, quizás el más profundo, que aqueja a la Justicia española desde la Transición: el muro de contención creado en torno al poder y la impunidad de sus representantes, llámeseles Mariano Rajoy en la Kitchen, Felipe González con el GAL, Juan Carlos I con sus dinámicas financieras, Cristina de Borbón con las ídem de su padre o Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con el espionaje sin límites legales ni éticos de ningún tipo, por citar algunos. Imposible revertir la sensación ciudadana de que el poderoso no va a la cárcel salvo contadas excepciones (Rodrigo Rato y poco más) y pese a los delitos que, desde el Estado y desde los poderes fácticos, hemos conocido en los más de cuarenta años de democracia.
Los españoles de a pie tenemos un problema y va mucho más allá del dominio histórico de la derecha sobre el poder judicial, que parece que el PP pretende perpetuar hasta que haya elecciones generales, al menos: hay unas dinámicas bipartidistas apuntaladas desde la citada Transición -ésta que nunca se hizo en los tribunales- que han dañado profundamente la credibilidad e independencia del sistema de justicia en España, más cuanto más altas son sus responsabilidades y más cuanto mayor es la guerra partidista también entre jueces.
Y me temo que no basta con una reforma del modo de elección del Gobierno de los jueces para resolverlo. Ni mucho menos.
Comentarios
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