Cuando se propone una regulación integral del cannabis, medicinal y recreativa, aparecen de manera automática una serie de objeciones que rechazan tal posibilidad. Voy a intentar responder algunas de estas objeciones e intentar ofrecer algunos argumentos en favor de la regulación frente a la situación actual. La primera objeción es la que asocia la regulación con fomentar el consumo, como si el hecho de ordenar una realidad descontrolada fuera una forma de banalizar su consumo e incluso incentivarlo; nada más lejos de la realidad. Con la actual legislación prohibicionista y según datos de la encuesta EDADES, más del 37% de los españoles que tienen entre 15 y 64 años ha probado alguna vez en su vida el cannabis o, lo que es lo mismo, casi 18 millones de personas afirman que lo han probado. En 1995 ese porcentaje no alcanzaba al 15% y a pesar de que entre medias la Ley Corcuera y la Ley Mordaza han incrementado el importe de las multas y sanciones, que hoy van desde los 600 hasta los 30.000 euros por tenencia o consumo en vía pública, el consumo no ha dejado de aumentar. La prohibición y el encarecimiento de las infracciones no han conseguido reducir su consumo, tampoco entre los menores, que es donde debe incidir una legislación: el porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis alguna vez en su vida es del 33,0% mientras que en 1994 era el 20,9% (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones INFORME 2020 Ministerio de sanidad).

Ese es uno de los motivos que nos inclinan a optar por una regulación integral del cannabis en adultos: la ineficacia de la legislación actual a la hora de limitar la oferta ilegal y el consumo, especialmente entre los menores. La ilegalidad no evita ni reduce el tráfico ilegal ni su consumo y el prohibicionismo no es capaz de presentar un solo indicador positivo, al contrario, lo que hace es provocar el aumento de los negativos. Sin embargo, lo que sí parece haber logrado la normativa vigente es criminalizar a los usuarios y pacientes adultos, exponer a los menores, alimentar el crimen organizado y engordar los beneficios del mercado negro. Esto afecta directamente a millones de personas que, en ausencia de una regulación responsable en adultos, se ven abocadas a la ilegalidad, con la falta de garantías de calidad y seguridad que eso puede acarrear.

El cannabis no es más perjudicial que otras drogas legales. El alcohol provoca en nuestro país el 4,4% de los cánceres diagnosticados en 2020 y la revista The Lancet lo considera la droga más dañina para quien la consume y la gente que le rodea, pero no por ello pensamos que para reducir su consumo lo mejor sería prohibirlo. Lo que se intenta es buscar la forma de reducir su consumo por medio de la prevención, la fiscalidad, la regulación y la educación, ya que prohibirlo solo daría lugar a lo que hoy en día sucede con el cannabis: el consumo no disminuye, proliferan las mafias, engorda el mercado negro y aparecen productos adulterados que carecen de cualquier control. Resulta aconsejable hacer lo contrario; respetar las libertades, regular su venta y fiscalizar para aumentar los ingresos, donde una parte se pueden destinar a mejoras en los programas de prevención e información a la juventud.

Por lo tanto, el debate en torno a la regulación es principalmente de naturaleza política, pues los efectos nocivos son peores con la legislación que lo prohíbe. A una conclusión similar parece llegar un editorial de la American Journal of Public Health, cuando afirma que "la oposición a la legalización de la marihuana no parece ser una estrategia prometedora para frenar y, en última instancia, reducir los niveles de consumo de marihuana en los adolescentes". En otro estudio publicado en la revista JAMA, Journal of the American Medical Association, concluye que "el consumo de marihuana entre los jóvenes puede disminuir después de la legalización con fines recreativos (...) con el argumento de que es más difícil para los adolescentes obtener marihuana ya que los traficantes de drogas son reemplazados por dispensarios autorizados que requieren prueba de edad". En el territorio de EEUU donde el cannabis lleva más años regulado, Colorado, se observa que la prevalencia del consumo entre estudiantes es incluso menor que la de la media nacional. En una encuesta elaborada por YouGov en mayo de 2020, donde se pregunta a más de 32.000 estadounidenses en estados donde el cannabis es legal, se verifica la existencia de una amplia mayoría que considera que la regulación en adultos ha tenido más éxito que fracaso. Una creencia particularmente fuerte en Colorado, donde los ciudadanos fueron los primeros en votar a favor de la regulación en adultos.

Una regulación integral abarca e incluye el uso medicinal y el uso recreativo. Se trata de cosas diferentes que responden a objetivos distintos. El primero trata de pacientes y el segundo de usuarios. Si solo se regula una parte, pongamos el medicinal o el autocultivo, el mercado negro, la criminalización de los usuarios adultos y la accesibilidad de los menores se mantendría intacta, pues la mayoría accede a través de la venta ilegal. Una persona adulta tiene que dejar de ser criminalizada si decide ser usuaria de cannabis y poder acceder acudiendo a un dispensario regulado. La sociedad española, donde el CIS nos indica que ya hay más gente (49,7%) que está a favor de una regulación integral del cannabis —recreativo y medicinal— en comparación con quienes rechazan esa posibilidad (40%), también lo considera así. Es necesaria una estrategia integral que ofrezca una respuesta total a la situación, de tal modo que la migración de los usuarios adultos hacia el mercado legal ayude a reducir la oferta ilegal por la que acceden los menores.

La mayoría de la población española, más de un 60% según EDADES, considera que actualmente resulta fácil o muy fácil conseguir cannabis, lo cual puede ayudar a entender por qué regular el cannabis no supondría ningún cambio brusco en la convivencia ciudadana. Sin embargo, mientras que su regulación no provocaría ningún trastorno social, hoy en día millones de usuarios y pacientes acuden todos los meses al mercado negro exponiéndose a multas, criminalización y a poder adquirir un producto que no cuenta con los estándares de calidad y la certificación sanitaria que garantiza una venta regulada por la ley.

Pero la regulación del cannabis, además de garantizar las libertades de los usuarios adultos y de dotar de mejores herramientas para prevenir y proteger a los menores de su acceso, representa también una oportunidad económica para generar empleo y aumentar los ingresos públicos; en EE. UU. ya genera cientos de miles de empleos que se ubican por encima de la media salarial nacional. Con una población menor que la de la Comunidad de Madrid, Colorado ha ingresado vía impuestos más de 1.600 millones de dólares desde el año 2014. Un dinero que deja de estar circulando en el mercado negro y pasa a dotar de recursos la prevención de menores y a financiar los servicios públicos. Cuanto más suben los ingresos públicos, más baja el mercado negro y las mafias.

En España, según un estudio publicado por la Universitat Autónoma de Barcelona, haciendo las estimaciones comparadas estaríamos hablando de la creación de 100.000 empleos y de unos ingresos vía impuestos de alrededor 3.312 millones de euros al año, a lo que habría que sumar el ahorro en el coste policial y judicial. Pero el impacto económico va más allá de la venta directa, dado que su efecto puede abarcar toda una serie de externalidades positivas que van desde la creación de grados universitarios, investigación, formación profesional, ferias, turismo rural, tratamientos e incluso una posible futura exportación a otros países. Necesitamos una regulación pensada para proteger mejor la salud y la seguridad de los usuarios adultos, alejar el cannabis de los menores y mantener los beneficios fuera del mercado negro reforzando nuestro tejido productivo e incrementando los ingresos públicos.