Un mes después de que un informe denunciara que al menos 216.000 menores fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa en los últimos 70 años, los obispos del país iniciaron este martes una reunión clave centrada en la indemnización de esos casos y en los cambios que deben imponerse.
Su asamblea plenaria, que se celebra hasta el lunes próximo en Lourdes, dedica a la lucha contra las agresiones sexuales sobre menores el grueso de su agenda y finalizará con resoluciones de las que se esperan medidas concretas para reparar la situación y asegurarse, según se dijo hoy, de que la Iglesia sea para sus fieles un lugar seguro.
El encuentro no se anduvo con rodeos: su presidente, Éric de Moulins-Beaufort, destacó "algo que creo que está en el corazón y en la mente de todos los obispos: la gran vergüenza de ver todo ese sufrimiento e injusticia", dijo en conferencia de prensa el obispo de Versalles, Luc Crépy.
En la anterior asamblea, en marzo, la Iglesia católica francesa había anunciado la creación de un fondo específico para ayudar financieramente a víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes, compuesto de aportaciones voluntarias, y esta, marcada por el impacto del informe, prevé ir más lejos.
No en vano, un sondeo difundido el diario católico La Croix el pasado 28 de octubre apuntaba que el 85% de los católicos encuestados decía estar "en cólera" tras la publicación de la investigación de la comisión independiente CIASE y que el 76% consideró que la reacción de la jerarquía eclesiástica no había estado a la altura.
El informe que ha puesto a la Iglesia católica gala en el punto de mira fue encargado por Conferencia Episcopal pero superó las peores previsiones
"El informe amplía en cierta manera todos los campos en los que la iglesia es responsable", dijo el obispo de Versalles, según el cual la cuestión de la responsabilidad es tan importante como la de cómo responder a las recomendaciones recibidas, que incluyen revisar el secreto de confesión.
La reunión de Lourdes invitó a algunas víctimas y está previsto que facilite un trabajo entre los obispos y estos afectados, dejando claro que no hay ningún tema tabú.
"La indemnización será abordada. Hay pensar en las víctimas para quienes el delito ya ha prescrito y que por lo tanto no tendrán una condena penal. Pensar en cómo la iglesia debe trabajar para reconocer a esas personas y hacer un acto de justicia", dijo el obispo.
El informe que ha puesto a la Iglesia católica gala en el punto de mira fue encargado por Conferencia Episcopal pero superó las peores previsiones y llegó a provocar en octubre que algunas víctimas reclamaran la dimisión en bloque de todos los obispos.
Algo que se descartó este martes, no sin aceptar sin embargo que algunos representantes eclesiásticos sí podrían acabar abandonando su puesto.
El ambiente reinante, según añadió el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Hugues de Woillemont, es "serio" y consciente de las expectativas puestas sobre ellos.
"Tenemos la voluntad de que al final de esta asamblea haya decisiones importantes y gestos para seguir luchando contra toda forma de agresión o violencia en la iglesia", señaló ante la prensa, avanzando que el fondo previsto ha recaudado ya "cientos de miles de euros".
La Conferencia Episcopal dijo estar a la escucha de las víctimas y, subrayando su colaboración con la justicia civil, aseguró que "no ha excluido a nadie" y que, en el cambio previsto y necesario, todo el mundo tiene su lugar.
