La huelga del metal en la Bahía de Cádiz huele a humo y a neumático quemado, suena a gritos y barricadas. Las imágenes que nos trasladan los medios de comunicación muestra el ímpetu de los piquetes, vigilados con drones, sofocados por la policía con material antidisturbio. Inconscientemente y aunque sea por unos minutos, porque lamentablemente no es un tema que quite el sueño, el grueso de la opinión pública toma partido, sintiendo rechazo por esa violencia pero, ¿dónde hay más violencia, en unos neumáticos quemados y unas barras bloqueando una vía o en lo que no se nos muestra, en unas familias que no llegan a fin de mes, que han de elegir entre renovar la ropa de sus hijos que se queda pequeña o afrontar la vuelta al cole?
La huelga de los cerca de 30.000 trabajadores y trabajadoras gaditanas de Navantia nos retrotrae a una época en la que algo parecido habría supuesto un shock en el país; era una época en la que España no se podía permitir un parón en su industria, en donde el mayor poder de los sindicatos se situaba en la representatividad de estos sectores.
Eso es agua pasada; España es tierra de sol y playa, aderezada por placeres gastronómicos tirados de precio al cambio. Durante décadas, el peso de la industria ha menguado tanto que ya es residual y, la poca que nos queda, no se cuida como antaño, ni siquiera ahora, cuando con la crisis del transporte y las cadenas de suministro se ha evidenciado que la globalización es una trampa mortal.
No se trata de defender los actos violentos, nada más lejos; pero sería ingenuo o, peor aún, hipócrita, no admitir la realidad: que la Junta de Andalucía medie en el conflicto no ha sucedido hasta que el humo y los cortes de vías de acceso han hecho acto de presencia. Eso es un hecho y, en el momento de escribir este artículo, las partes se han levantado de la mesa sin acuerdo tras más de doces horas de negociación mientras que, antes incluso de amanecer, el número de antidisturbios se ha multiplicado en el astillero de Navantia e identifican a todo el que anda por allí.
Los hombres y mujeres que se manifiestan en Cádiz no persiguen privilegios, ni siquiera subidas de sueldo en la misma medida que se lo suben los gerifaltes de la patronal. Sus demandas tan sólo reclaman que su salario suba lo que lo hace el coste de vida -seguramente menos de lo que sube el precio de los productos que fabrican-, que a iguales horarios y desempeño, trabajadores indefinidos y temporales cobren lo mismo, que no se les incremente el número de horas trabajadas al tiempo que se les congela o, incluso, se les reduce el sueldo... En definitiva, que no se recorten sus derechos laborales involucionando diez o quince años.
En una época como la que vivimos de exhibición, en la que ya no basta con una imagen para reemplazar a mil palabras, sino que se requieren fotos al kilo, un buen álbum de piquetes levantados parece bastar para generar rechazo por su causa, sin acudir a la letra pequeña, sin ver esas otras fototecas mucho más violentas de familias en el umbral de la pobreza, de una clase obrera que se deja la piel en su puesto de trabajo mientras los de arriba regatean las pocas monedas que les pagan. Esa imagen de una región asolada por la avaricia del capitalismo depredador, con índices de desempleo asfixiantes y miseria entre quienes tienen empleo, mientras los directivos de Navantia se embolsan entre 170.000 y 190.000 euros al año, con episodios, como sucedió en 2017, con el cobro de más de 78.000 euros por tres meses de presidencia.
No aplaudan las barricadas y los neumáticos quemados, pero tampoco obvien la violencia silenciosa que ejerce la patronal, esa que detona el conflicto y no se exhibe, la misma que ha de unir a la clase obrera, no sólo del sector de metal, para decirles que basta, que como se probó este pasado verano en sectores como la hostelería o ahora en la construcción, sin mano de obra cualificada, sus bolsillos se vacían. Tengan un mínimo de decencia, pues.