Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en Europa, las deudas públicas en la zona euro aumentaron un 20% de media. La razón es simple, en lugar de establecer un impuesto al 1% más rico y a las grandes empresas, como el CADTM y otros pedíamos, los gobiernos prefirieron recurrir al endeudamiento. Eso ha creado una nueva deuda ilegítima, que se añade a lo que ya debían los países.

En cada crisis económica vemos como la brecha entre los ricos y los trabajadores se ensancha cada vez más y las deudas publicas siguen creciendo, en un proceso de acumulación de capital que no para. Es falso que la pandemia no entienda de clases sociales o afecte a todos por igual, las grandes empresas, tales como las del grupo GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) obtuvieron enormes beneficios gracias al confinamiento y también a las empresas del Big Pharma, como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevax, Merck que tuvieron unas ganancias fabulosas gracias a la pandemia, vendiendo vacunas y tratamientos a precios exorbitantes. También los grandes bancos y los fondos de inversiones obtuvieron elevados beneficios gracias a las ayudas de los Estados, del mismo modo que las grandes empresas especializadas en los combustibles fósiles como petróleo y gas.

El rechazo a imponer un impuesto Covid a multimillonarios y multinacionales no solo ha acrecentado las desigualdades, sino que ha favorecido un fuerte incremento de la deuda, buen ejemplo de ello es Europa. La deuda pública total de la zona euro alcanza los 12 billones de euros (12.000.000.000.000€). Entre el comienzo de 2021 y julio de 2021, la deuda pasó del 86% del PIB de la zona euro al 100%. Pero ese es el valor medio. Cuando aterrizamos en datos concretos país por país, vemos unos porcentajes mucho más altos. La deuda pública de Bélgica y Francia alcanza casi el 120%; la de España llega al 125%; la de Portugal, al 140%; la de Italia, al 160 %. Con respecto a la deuda pública de Grecia, alcanza el 210%, mientras que en el peor momento de la crisis de la deuda griega llegó "solo" al 180% y la Troika afirmaba que bajaría.

El BCE posee una parte importante de la deuda pública de la zona euro. En este momento el BCE posee más de 3,9 billones de euros en títulos soberanos de la zona euro, o sea, más del 30% de la deuda total. La compra los títulos soberanos de los países de la zona euro por parte del BCE se ha realizado por medio de dos programas: el primero es Pandemic emergency purchase programme (PEPP) y el segundo Public sector purchase programme (PSPP). Esto se traduce en que actualmente el BCE posee cerca de 140.000 millones de euros de la deuda de Bélgica; 730.000 millones de euros de la deuda de Francia; 360.000 millones de euros de la deuda de España; 675.000 millones de euros de la deuda de Italia. Una deuda que el BCE compró a los bancos privados, ya que no conviene olvidar que él no presta directamente a los Estados miembros de la zona euro. Aunque por el contrario, los Estados sí reembolsan al BCE los servicios de la deuda que éste posee de cada uno de ellos.

Desde el año 2020,  numerosos economistas y múltiples movimientos sociales venimos pidiendo  la anulación de las deudas en manos del BCE, especialmente en el manifiesto firmado por más de 150 economistas de Europa publicado en febrero de 2021. Por mucho que la cancelación de la deuda publica pueda ser un tabú para muchos economistas o políticos neoliberales de la UE, el BCE puede anular en su balance las acreencias que posee de los países de la zona euro. Se trata de un asiento contable que no plantea ninguna dificultad y no por ello un Banco Central caerá en quiebra  por eso.  Otra razón muy distinta, que nada tiene que ver con imposibilidades económicas o técnicas, es la falta de voluntad política para hacerlo.

En un futuro próximo, los gobiernos y las autoridades europeas cambiarán el discurso. Después de haber afirmado que los Estados podían aumentar su endeudamiento, dirán que será necesario reducir los gastos, reducir las inversiones del Estado, tomar nuevas medidas estructurales en el régimen de pensiones y en la seguridad social, retomar la regla de control del déficit, suspendida por ahora pero en ningún caso eliminada. Es decir: la vuelta de la austeridad que no podemos olvidar que esta constitucionalizada en los tratados europeos.

A lo largo de estos meses de pandemia hemos visto cómo se han suspendido derechos y libertades públicas supuestamente en pro de la salud pública. La anulación de la deuda pública en manos del BCE tiene que ser una medida de urgencia en pro de la salud colectiva. Esta medida podría aumentar los gastos en sanidad, incrementar las ayudas sociales y a la dependencia y aumentar los gastos orientados al combate contra la crisis ecológica y el cambio climático. Es fundamental que de una vez por todas prevalezca los intereses colectivos de los pueblos de Europa y no la tiranía de los mercados.

Otra ventaja (para las poblaciones) de la anulación de las deudas que posee el BCE consistiría en que éste perdería un instrumento de chantaje a los Estados para imponer su agenda neoliberal. Efectivamente, mientras el BCE mantenga  en su poder las acreencias de los Estados de la zona euro, puede, en cualquier momento amenazar a aquellos, que no son dóciles con respecto a la doxa neoliberal, de no adquirirles deudas o de rechazarlos como garantía, lo que aumentaría el coste de sus nuevos préstamos. No podemos olvidar que es justamente esto lo que hizo el BCE con Grecia en 2015, y lo que había comenzado a hacer con el gobierno italiano en la primavera de 2019. Retirarles  ese medio de chantaje a los halcones del BCE constituiría una victoria.

Sin embargo, en caso de que la lucha para anular las deudas en posesión del BCE no llegue a buen puerto, un gobierno popular puede decidir unilateralmente suspender el reembolso de la deuda al BCE, cuestión que obligará al Banco a negociar y a ofrecer concesiones. Lo que abriría un marco de oportunidades para que otros gobiernos pudieran hacer lo mismo. Para ello la implicación de la ciudadanía es fundamental, seguir apoyando y construyendo el movimiento popular por la auditoría de todas las deudas como un elemento clave para determinar la parte ilegítima, ilegal, odiosa y/o insostenible, para su anulación; sigue siendo a día de hoy, un elemento estratégico.

A aquellos y aquellas que dicen que, si hubiera una anulación, los mercados financieros y los diferentes prestamistas privados exigirían un tipo de interés más elevado para continuar la financiación de los Estados, hay que contestarles que su afirmación no tiene ningún fundamento. Los Estados que tuvieron una reducción significativa de su deuda, pudieron tener acceso a préstamos menos onerosos que los que de antes de la anulación. Los prestamistas frente a un país cuya deuda tuvo una fuerte reducción, piensan que dicho país es mucho más solvente y tienden a otorgarle crédito con más facilidad.

Por supuesto, una anulación de deuda no es por si solo una panacea, son necesarias también otras medidas: una imposición mucho más importante al 1% más rico y a las grandes empresas, un buen comienzo sería aplicar la tasa covid que ya se presento a principios de la pandemia; la lucha contra el fraude fiscal con la retención de las multas para los defraudadores, la suspensión de la licencia bancaria para los bancos que actúen como intermediarios de la evasión, la eliminación de las guaridas fiscales europeas, la socialización pública de los sectores clave de la economía... Pero el aumento de los impuestos para los ricos debe ir acompañado de una reducción de impuestos y de tasas que pesan sobre la mayoría de la población. Es necesario reducir radicalmente el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se paga con la compra de productos básicos y servicios esenciales, mientras que el IVA sobre los productos de lujo debería de aumentarse.

Porque enfrentar la pandemia social que vivimos pasa ineludiblemente por el combate de la desigualdad, de todas las desigualdades crecientes, plurales e interconectadas, interviniendo en las realidades que son fuente y reflejo de esa desigualdad, como la fiscalidad, la precariedad, la austeridad o el poder corporativo. En definitiva, volver a poner en el centro del debate la redistribución de la riqueza y de los recursos como eje central de un programa ecosocialista. Porque nuestras vidas valen más que sus beneficios, acabemos con la camisa de fuerza de la deuda.