En una columna publicada en junio del año pasado en Le Monde, Sibeth Ndiaye, política franco-senegalesa, portavoz del Gobierno francés, señalaba la necesidad de recopilar datos demográficos desglosados por etnia/raza para medir la realidad "tal como es". Ndiaye criticaba la elaboración de políticas públicas que se hacen a partir de un sujeto universal. También el año pasado, Karamba Diaby, uno de los tres diputados negros del parlamento alemán, afirmaba en un artículo de The Guardian que no contar con este tipo de estadísticas impide saber si ciertas personas están siendo discriminadas o no. Y añadía que conocer el origen migrante de la población no es suficiente, porque ello no aporta información sobre la discriminación que sufren, por ejemplo, las personas negras nacidas en Alemania.

La importancia de recopilar datos étnico-raciales en estadísticas, estudios y encuestas lleva tiempo debatiéndose en Europa. Sobre todo, es un tema en el que están incidiendo organizaciones y personas racializadas, que ven en esta vía la única posibilidad de tener información oficial sobre la exclusión y segregación que afecta a personas no blancas en ámbitos como la vivienda, la sanidad, la educación y el sistema judicial, entre otros.

En España se pueden denunciar casos de discriminación racial mediante la denuncia de un delito de odio ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, pero esta herramienta solo recoge experiencias individuales de discriminación que, además, casi siempre están centradas en hechos puntuales de violencia física y/o verbal producidas en espacios públicos. Por otro lado, la propia Agencia de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) ha afirmado en un estudio reciente que en Europa entre el 40 y el 90 por ciento de las personas que sufren delitos de odio optan por no denunciar la agresión debido a que desconfían de las instituciones o porque temen represalias de sus agresores.

Por ello, hace falta ir más allá de la denuncia de delitos de odio. Para medir el racismo estructural de un país, se necesitan estadísticas oficiales que arrojen luz sobre la discriminación sistémica que experimentan determinados colectivos en diversos ámbitos, y que se mantiene invisibilizada debido a la ausencia de cifras.

¿Cómo podemos conocer, por ejemplo, el número de personas racializadas que tienen problemas para alquilar un piso, encontrar trabajo, conseguir plaza en un centro educacional o acceder a la sanidad pública? ¿Cómo podemos saber si hay sobrerrepresentación de personas racializadas en las detenciones policiales, o cuál es la esperanza de vida de una persona racializada comparada con una persona blanca?

Las cifras en otros países

Diversos estudios elaborados en países donde se aplican censos/encuestas con preguntas sobre identificación étnico-racial -como Reino Unido, Brasil y Estados Unidos- confirman la enorme diferencia que existe en las condiciones de vida de las poblaciones, según esta variable.

En su libro Por qué no hablo con blancos sobre racismo, Reni Eddo-Lodge aporta tres ejemplos clarísimos de Reino Unido: en 2014 la Office for National Statistics de este país publicó un estudio en el que analizaba la relación entre raza y mercado de trabajo en base a los datos del censo de 2011. Entre otras cosas, el estudio concluía que, comparadas con las mujeres blancas, las mujeres negras tienen más probabilidades de acabar en el paro, que los hombres pakistaníes, negros y bangladesíes tienen más posibilidades de terminar en empleos poco cualificados y que entre los hombres negros de entre dieciséis y sesenta y cuatro años se encuentran las tasas más elevadas de desempleo del país.

En Estados Unidos, The COVID Tracking Project, una iniciativa llevada a cabo en colaboración con el Centro de Investigación Antirracista de la Universidad de Boston, y que estuvo recopilando datos raciales y étnicos sobre Covid-19 hasta marzo de este año, determinó que el coronavirus ha afectado más a las personas negras, indígenas y latinas, y que, a nivel nacional, las personas negras han muerto a una tasa 1,4 veces mayor que la de personas blancas.

Los estudios que demuestran la relación entre la discriminación racial y la salud de las personas no blancas en este país vienen de mucho antes de la aparición del coronavirus. En 2014, se publicó en la revista Social Science & Medicine el artículo Structural racism and myocardial infarction in the United States. Tomando como referencia los datos obtenidos en una encuesta epidemiológica del año anterior, los/as autoras señalaron que las personas negras que vivían en estados con altos niveles de racismo estructural eran, en general, más propensas a informar un infarto de miocardio. Por el contario, las personas blancas que vivían en estos mismos estados con altos niveles de racismo estructural, experimentaron probabilidades nulas o más bajas de infarto al miocardio.

Los países de América Latina no escapan a esta realidad. Bastante conocido es el caso de Brasil y la sistemática discriminación que sufre su población negra y afrodescendiente. En 2020 el Instituto brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicó el informe Síntese de Indicadores Sociais, en el que señalaba que siete de cada diez brasileños que viven en hogares con algún tipo de precariedad son negros o mestizos. Y pese a que en la actualidad quienes se autoidentifican como afrodescendientes son mayoría (más del 50% de la población), este grupo sigue siendo el que tiene peores trabajos, sueldos peor remunerados, escaso acceso a la vivienda, peor calidad de vida, etc.

¿Pero qué pasa en España? ¿Existe una relación entre desigualdad social y racialización? La respuesta a esta pregunta ya la tenemos quienes la experimentamos en primera persona y también quienes trabajamos con población migrante y racializada. Sin embargo, es un argumento que siempre se desacredita debido a la ausencia de cifras "oficiales" que lo respalden.

Romper el mito de la Europa blanca

La importancia de los datos desglosados por etnia-raza no solo son necesarios para demostrar la existencia del racismo estructural y exigir que se tomen medidas al respecto. También se necesitan para visibilizar la composición étnico-racial de la sociedad.

Una de las narrativas más extendidas desde el pensamiento nacionalista eurocéntrico es el mito de la Europa blanca. Algo bastante absurdo si consideramos la presencia histórica en el continente de hunos, fenicios, árabes, judíos, turcos, gitanos, y posteriormente, la presencia de personas negras esclavizadas que dio origen a una diáspora de millones de seres humanos. Todo ello, sin contar con los flujos migratorios llegados desde diversos puntos del planeta.

En este sentido, no tener datos étnico-raciales de la población sirve para negar la existencia de las personas racializadas, borrarlas de la sociedad, y seguir alimentando ese mito interesado que busca mantener el privilegio de unos pocos a costa de muchos.

Sin embargo, pese a que hay bastante conceso dentro de las poblaciones racializadas sobre la conveniencia de recoger este tipo de información, el tema causa controversia. Uno de los principales argumentos que se esgrimen para oponerse a esta idea es el fantasma del uso discriminatorio que se le dio en el pasado, algo comprensible si recordamos, por ejemplo, el intento de extermino del pueblo gitano en 1749 -conocido como La Gran Redada- por orden de Fernando VI. La información en la que se basaron para llevar adelante las detenciones fue el padrón que se había confeccionado con motivo de la pragmática de 1745.

Este mal uso de los datos étnico-raciales ha sido esgrimido por varios países de la UE, quienes normalmente citan lo ocurrido al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, para oponerse a esta iniciativa.

El debate está sobre la mesa. En España, colectivos de personas gitanas como Kale Amenge se han manifestado públicamente a favor de recoger estos datos, porque consideran que saber cuántos gitanos viven en el estado español es una herramienta política potente. Pero advierten que en la elaboración de los criterios se tiene que contar con las organizaciones de personas racializadas, y que la respuesta sobre la autoidentificación étnico-racial tiene que ser voluntaria y anónima.

Rita Bosaho, directora general para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, ha afirmado en varias ocasiones que en España se necesitan estos datos para combatir la discriminación estructural. De hecho, durante la Semana Antirracista que organizó su dirección en marzo pasado, una de las mesas de debate abordó justamente esta temática.

Yeison García López, politólogo, activista antirracista y coordinador de Conciencia Afro, es una de las personas que más ha incidido en la necesidad de contar con este tipo de información. En un debate realizado en noviembre por el Centro de Recursos en Derechos Humanos de Barcelona, afirmaba que tener estas cifras permite contar y nombrar, conocer los problemas específicos que atañen a ciertos colectivos de personas y "contrarrestar la extranjerización constante de lo no blanco, para transformar el imaginario colectivo sobre lo que hemos sido, somos y seremos".