Tenemos una Constitución irreformable. Como bien explica José Luis Villacañas, en España ha habido cinco procesos constituyentes, tres en el siglo XIX y dos en el siglo XX, pero nunca ha habido una reforma constitucional, que es la verdadera prueba de fuego de una democracia. Hoy estamos más lejos que hace cinco años -pongamos- de esa reforma y no hay tampoco a la vista ninguna alternativa constituyente. Los padres de la Transición no nos trajeron un "régimen democrático"; nos trajeron la democracia, de manera que el uso mismo de la palabra "régimen" sitúa a quien lo usa fuera del marco democrático; y quienquiera que proponga una "reforma" se hace sospechoso de querer derrocar el orden constituido.

Al rechazar el rubro "régimen", negamos asimismo su parentesco etimológico con "corrección": el que se rige democráticamente se corrige por la misma vía; y, al contrario, un sistema que no se da a sí mismo los medios para autocorregirse pretende situarse en la eternidad y por eso mismo se vuelve incorregible. Eso es lo que quiere decir "constitucionalista" en nuestro país: la negativa a inscribir en el tiempo la democracia del 78, tal y como el cristianismo se ha negado siempre a inscribir en el tiempo la iglesia de san Pedro o el gobierno cubano se niega a inscribir en el tiempo la revolución del 58: "Dentro de la Revolución todo, fuera de la revolución nada". Lo que llaman "constitucionalismo" no es la defensa de la Constitución y, mucho menos, de la idea de Constitución, inseparable de la de "reforma", sino una forma totalizadora de detener el tiempo o, lo que es lo mismo, de dejar fuera de juego a todos aquellos que pretenden que en los últimos 45 años han sucedido en España toda clase de cosas y en todos los ámbitos: entre ellas, el nacimiento de millones de personas que nunca la votaron. Por eso, los sedicentes "constitucionalistas" pueden considerar "anti-constitucionalistas" a los que invocan, y exigen aplicar, el contenido social de la Constitución.

España es el único país de Europa, sí, en el que no se distingue entre "reformista" y "revolucionario" y en el que, más terrible todavía, ha hecho siempre falta acometer una "revolución" para ser modestamente "reformistas". Esa es un poco la regla de nuestras élites desde 1812: siempre han preferido una revolución a una reforma. De hecho nuestras élites siempre han estado preparadas para provocar y reprimir revueltas y, como mal menor, para gestionar, si se terciaba, nuevos procesos constituyentes, incluso a costa de convocar las fuerzas más violentas y destructivas de la historia. El límite democrático del régimen del 78 se sintetiza en esta paradoja: la democracia, puesto que es la democracia, no admite reformas. Fatalmente, una democracia que no se autocorrige es una democracia que se autodegrada. Pasó la ocasión de una reforma constitucional y la degradación es tan evidente que los "constitucionalistas" de la derecha -valga la redundancia- piensan hoy más en las Leyes del Movimiento que en la Constitución del 78.

Tenemos más cosas.

Tenemos, por ejemplo, una monarquía irrepublicanizable. Juan Carlos I, y no Franco, dejó todo atado y bien atado para que fuese imposible aquello que -según la confesión de Suárez- estuvo a punto de ocurrir en 1978: la revisión plebiscitaria de la forma de Estado. Juan Carlos, prófugo, ha sido denunciado en Inglaterra y la institución no ha estado nunca tan mustia, pero no hay ninguna alternativa republicana creíble ni estamos más cerca de la república de lo que lo estamos de una reforma constitucional. Tal y como ocurre con las democracias que no se autocorrigen -y esta es una demostración de su incapacidad para hacerlo-, una institución monárquica en picado y sin alternativa es una institución que se degrada cada día más. La monarquía puede seguir pudriéndose en solitario sin que avancemos un milímetro hacia la república. Una monarquía no republicanizable que se pudre sin alternativa es una monarquía que sólo puede ser sostenida desde fuera y por medios antidemocráticos.

Tenemos una bandera irresignificable. Quizás pudo serlo hace unos años, como pudo haber un plebiscito sobre la monarquía y una reforma constitucional; quizás el gol de Iniesta permitió rehabilitar por unos días una bandera que para un amplio sector de la población no tenía resonancias ideológicas y que la izquierda estaba dispuesta a aceptar si representaba a una España que metía goles (que vencía en algún terreno de juego). Hace cinco años aún era posible. Hoy ha sido completamente secuestrada por los "constitucionalistas" de derechas -valga la redundancia-, que la utilizan, como la propia Constitución, para excluir a más de la mitad de la población. Ahora bien, como ocurre con la Carta Magna del 78 y con la monarquía, tampoco tenemos ninguna alternativa a esa bandera in-común. En España las banderas interpelan emocionalmente a grupos idiosincrásicos por debajo de la "nación" compartida: la rojigualda, la tricolor republicana, la del Real Madrid, la del movimiento LGTBI, la de algunas comunidades y naciones del Estado. Ni reforma constitucional, pues, ni alternativa republicana ni bandera nacional. Por desgracia no vivimos en el vacío, que podríamos llenar con imaginación, sino en una democracia degradada, una monarquía ideologizada y una bandera secuestrada.

Pero tenemos más cosas.

Tenemos un himno que nos deja a todos -incluso a los más patriotas- sin palabras: porque -literalmente- no se puede cantar. Y para el que tampoco tenemos ninguna alternativa. Nada de lo que cantamos -en la cuna, en la ducha, en las manifestaciones o en el estadio- alcanza más allá de nuestras gargantas.

Tenemos también una Policía que, al contrario que el resto de los trabajadores normalmente alienados, no defiende a quien le paga. Están más alienados aún: porque defienden a los que no les pagan e incluso a quienes les roban: no a los ciudadanos, de cuyos impuestos viven, sino a los evasores de capitales y a los defraudadores fiscales. No se habrá visto nunca morder con tanta saña la mano del que les da de comer; y lamer con tanta ansia la del que se lleva sus sueldos a Panamá. Las denuncias del puñado de policías democráticos de nuestro país (a los que hago llegar todo mi angustiado apoyo desde aquí) demuestran que también se ha perdido esa partida o que se está perdiendo muy deprisa. Como decía en un artículo reciente, un Estado que no controla a su Policía es un Estado sin Policía; y un Estado sin Policía es un Estado no-democrático en el que no puede distinguirse a un garante del orden público de un defensor del desorden particular. Las únicas alternativas armadas a la Policía, recordémoslo, han sido siempre el nazismo y la mafia.

Tenemos además una alta judicatura que se escuda en la democracia -uno de cuyos pilares es la ficción de independencia- para independizarse de la ley. Que la ficción de independencia sea uno de los pilares materiales de la democracia quiere decir que el político que denuncia esa ficción hace tanto daño a la democracia como el juez que prevarica. El prevaricador puede prevaricar impunemente, dañando la democracia, porque sabe que la denuncia acelera esa degradación democrática. Lo digo con todo el respeto y admiración hacia los miles de jueces juiciosos y convencidos, de los que conozco personalmente a unos cuantos. Son quizás la mayoría no decisiva. Lo digo con cuidado y pidiendo a los dirigentes políticos que no reproduzcan mis palabras: pero tengo la impresión -digo- de que la politización de los tribunales -y su otra cara, la judicialización de la política- busca a propósito la denuncia pública, a sabiendas de que la crítica a la falta de independencia judicial, por muy fundada que esté, no frena sino que colabora en la des-democratización del Estado de Derecho. La verdad en democracia puede ser tan dañina como la mentira. La única alternativa a la independencia judicial es, en todo caso, la ley de la selva: que es, como sabemos, la ley del más fuerte.

Tenemos otras cosas. Tenemos unos medios de comunicación -una vez más, los decisivos- sectariamente politizados y cuyas alternativas decentes son incapaces de generar hegemonía discursiva. Tenemos una derecha que nunca ha creído en la democracia y que ahora se atreve a romper abiertamente con el liberalismo. Tenemos un PSOE incapaz de tomarse en serio la social-democracia. Tenemos una izquierda a la que le sigue encantando clamar en el desierto y que contagia desierto a su alrededor. Tenemos unas redes sociales, concebidas como urinarios públicos, en las que no cabe un razonamiento o en las que los razonamientos devienen inaudibles. E così via.

Tenemos verbigracia, esa cosa irreformable, irrepublicanizable e irresignificable que llamamos España -poblada de españoles heridos que buscan a ciegas, con riesgo de equivocarse, un cobijo.

¿Qué más tenemos? Tenemos el conocimiento paralizador -e incluso acelerador- de todos estos desmoronamientos internos sin alternativas.

Y tenemos ganas, pese a todo, de que llegue de una vez la Navidad.