Hasta 27.000 personas sin permiso de residencia y solicitantes de asilo habrían sido dados de baja en el último mes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de la Comunidad de Madrid.
Así lo han denunciado varios colectivos que este jueves se concentraron a las puertas del Centro de Salud de El Paseo Imperial de Madrid para denunciar las políticas de “segregación” y “expulsión” de extranjeros puestas en marcha por el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso.
Miles de migrantes víctimas de un “borrado masivo” de altas sanitarias que no pueden acceder ni a atención sanitaria ni a tratamientos.
Los denunciantes reconocen que entre estas bajas puede haber personas que ya no estén en situación irregular o que ya no residan en la Comunidad, pero lo cierto es que miles de inmigrantes sin papeles se están encontrando con muchas dificultades a la hora de tener acceso a los servicios sanitarios.
POLÍTICA DE EXCLUSIÓN SANITARIA Y SEGREGACIÓN EN MADRID
Para el proceso masivo de bajas de la cartera sanitaria, la Consejería de Sanidad se estaría valiendo de “trabas y barreras burocráticas” y “vulneración flagrante de la ley”, denuncia el colectivo ‘Yo Sí Sanidad Universal’.
El RDL 7/2018 aprobado por el Gobierno de coalición para garantizar el acceso universal al sistema sanitario, no ha resuelto un problema que se viene arrastrando desde 2012 a raíz de la ley de exclusión sanitaria aprobada bajo el Gobierno de Rajoy. La Comunidad de Madrid ha tardado tres años en regular la aplicación de dicho decreto “eligiendo siempre la interpretación más restrictiva”.
Algunas personas tienen que desplazarse más de 100 kilómetros para solicitar su tarjeta sanitaria
Para ello, ha creado siete Unidades de Tramitación para Extranjeros (UT), que vienen funcionando desde octubre, y que se ocupan de los trámites administrativos que antes gestionaban los 262 centros de salud de la región. “Eso ha creado un cuello de botella, una barrera burocrática que supone una vulneración del derecho de asistencia”, afirman.
Algunas personas tienen que desplazarse más de 100 kilómetros para acudir a su UT de referencia. Extranjeros viviendo en los pueblos de Guadarrama o Cercedilla, deben ir al Centro de Salud del Paseo Imperial, en el distrito centro de Madrid; o residentes en La Hiruela o Rascafría obligados a acudir al Centro de Salud de Castroviejo, en Moncloa.
Además, han de hacerlo con cita previa: a día de hoy las listas de espera se prolongan en algunos casos hasta marzo de 2022. Una vez allí, se les exige un empadronamiento de al menos tres meses, una obligación que no se recoge en el real decreto de 2018, con lo que muchos extranjeros se quedan sin asistencia sanitaria por meses.
Los colectivos denuncian que se ha dado de baja a personas cuya situación administrativa no había variado, y a otras, sin información previa, sin solicitar información complementaria y sin ofrecer un plazo para reacreditar el derecho.
Sin haber sido avisados con antelación, muchos inmigrantes han visto suspendidos sus tratamientos o canceladas sus citas médicas. Los colectivos denuncian que al menos se han producido 13 interrupciones de tratamiento retroviral a enfermos de VIH, 11 en el Hospital Jiménez Díaz, 1 en el Hospital de Torrejón, y 1 en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
A un menor se le ha facturado tras una atención hospitalaria
Según contó el abogado Juan Rubiño, de la red jurídica de ‘Yo Sí Sanidad Universal’, se ha dejado sin asistencia a una mujer en tratamiento por enfermedad reumática degenerativa a la que se ha dado de baja y también a su bebé de 8 meses. A un paciente con cirugía programada preferente en el Hospital Ramón y Cajal que lleva tres años residiendo en España, se le ha cancelado su operación. A una mujer con 4 costillas rotas se le ha negado la atención por no acreditar el padrón de tres meses. Se ha dado incluso el caso de un menor al que se le ha facturado tras una atención hospitalaria.
Y esto sucede. Si una persona sin permiso de residencia se ve obligada a acudir a urgencias o a ser atendida en un centro hospitalario, se le pasa el cargo para el pago de dicha asistencia en caso de no tener tarjeta sanitaria.
El real decreto de 2018 garantiza desde el minuto cero la asistencia sanitaria a solicitantes de asilo y a personas con enfermedades graves o infecciosas sin permiso de residencia que necesitan atención preferente o personas vulnerables como embarazadas o menores. Esta puerta también ha sido cerrada. La Comunidad de Madrid no hace excepciones. “Las recomendaciones del Ministerio no están siendo cumplidas: la exclusión sanitaria sistemática de cualquier menor, embarazada, persona con necesidad de atención urgente o proceso de salud grave para cuya atención no sea demorable, esto no se está cumpliendo”, subrayan los colectivos.
LA JOVEN HONDUREÑA QUE MURIÓ DE LEUCEMIA
Algunos de estos casos han acabado en un desenlace fatal. Según explicó Juan Rubiño, esta misma semana, un juzgado de Madrid ha condenado al SERMAS por denegar la asistencia sanitaria a una mujer hondureña solicitante de protección internacional, un derecho amparado por tratados internacionales.
La joven de 20 años padecía leucemia y se le denegó tratamiento e intervención quirúrgica. Dos años después la justicia le ha dado la razón, pero ella ya había fallecido con tan solo 22 años.
“Esto es ilegal, podemos ir a juicio y ganarlo, pero lo ganaremos meses después, cuando el daño ya está cometido”, afirma el abogado, quien también denuncia la “dinámica perversa” del Ministerio de Sanidad por emitir unas recomendaciones que ni siquiera recoge el decreto de 2018 y que suponen una vulneración del mismo, recomendaciones a las que ahora recurre la Comunidad de Madrid para aplicar estos derechos de la manera más restrictiva posible.
EL TESTIMONIO DE CARLOS
Los colectivos denunciantes acompañaron este jueves a tres personas con necesidad de atención sanitaria para intentar darles de alta en el Centro de Salud de El Paseo Imperial. No tenían cita previa y ninguno de ellos consiguió su tarjeta sanitaria.
En la rueda de prensa, uno de ellos, Carlos, extranjero con derecho de asilo y por tanto no obligado a presentar ninguna justificación, tuvo que escuchar que su caso no era urgente: “Nos dicen que “yo no me estoy muriendo”; no sé en qué estado de salud tengo que llegar para que ellos consideren una emergencia el darme de alta”, lamentó.
Por todo ello, estos colectivos exigen el alta inmediata a las miles de personas dadas de baja; el cierre de las UT y la recuperación de la gestión de los trámites en los centros de salud; que se cumpla el real decreto de 2018 en todo su articulado y se regule la vía del Informe Social para personas que llevan menos de tres meses, y se dé solución a personas con dificultad de empadronamiento. También se exige que no se generen procesos de facturación a personas que no disponen de medios.
Colectivos de la denuncia: Yo Sí Sanidad Universal. Red solidaria de Acogida, Asociación Apoyo, Valiente Bangla, RSP Latina Carabanchel, Territorio Doméstico, Red Interlavapiés, Acción Triángulo, Coordinadora de Barrios, Invisibles de Tetuán, La Cabecera, SERCADE, Kifkif.
