En este artículo me gustaría dar una visión completa de la Taxonomía Europea y la propuesta de inclusión del gas fósil y la energía nuclear. En las últimas semanas se ha oído hablar mucho del tema, pero raramente se han hecho las reflexiones o análisis detallados que su complejidad requiere. Como una película de Woody Allen, es posible que guste a unos y aburra a otros. Esperando que sea lo primero, pónganse cómodos, que empieza:

En diciembre de 2019, la Unión Europea presentó un ambicioso Pacto Verde con el objetivo claro de ser la primera gran región en alcanzar la neutralidad climática en 2050. Cuando se confirmó esta hoja de ruta un año después, se acordó un objetivo de reducción de emisiones para 2030 (respecto de 1990) del 55%, superando el 40% establecido hasta el momento.

Para lograr estas metas tan ambiciosas es necesario pasar de objetivos climáticos a inversiones en proyectos y actividades sostenibles, con cuidado de evitar las que contaminan disfrazadas de verde (greenwashing). Para dar respuesta a esta necesidad se creó la Taxonomía Europea o "Taxonomía verde", un instrumento financiero clave para lograr los objetivos de descarbonización del Pacto Verde. La Taxonomía establece una lista de actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental basándose en seis objetivos: mitigación del cambio climático, adaptación al mismo, uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención de la contaminación y, finalmente, protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Para que una actividad económica pueda incluirse en la Taxonomía debe contribuir a un determinado objetivo medioambiental sin perjudicar a otros. Por ello, la Taxonomía obliga a cumplir unos principios mínimos de "no agresión" o Do Not Significant Harm (DNSH) sobre los restantes objetivos medioambientales. Por ejemplo, un coche eléctrico no debe suponer una fuente de contaminación por plomo.

En función de la calidad de las actividades económicas, se agrupan en dos clasificaciones diferentes de la Taxonomía. En primer lugar están las mejores tecnologías, las que contribuyen significativamente a mitigar el cambio climático. En materia de energía solo figuran las energías renovables. En la segunda clasificación, están las actividades denominadas "de transición", no tan limpias como las anteriores, pero incluidas cuando no hay posibilidad tecno-económica de optar por las mejores. Las actividades de esta segunda clasificación deben cumplir dos condiciones: no dificultar el desarrollo de las tecnologías renovables y no conducir a activos que se vayan a quedar obsoletos o desfasados por el avance esperado en renovables. Poniendo un ejemplo cotidiano de transporte público, los autobuses eléctricos estarían en la primera clasificación, mientras que los autobuses diésel nuevos y "poco" contaminantes (norma Euro VI) serían considerados como actividad de transición. Los autobuses más contaminantes quedan fuera de la Taxonomía.

La Taxonomía se ha concebido además como un instrumento vivo que se actualice periódicamente mediante los llamados actos delegados. Tras aprobar el pasado abril una primera remesa de actividades sostenibles y de transición, la Comisión Europea dejó pendiente tratar el gas y la nuclear en una adición posterior, tras un intenso debate con los Estados miembros.

En el caso de la energía nuclear, la Comisión Europea pidió al Joint Research Centre (JCR) que emitiera un informe evaluando sus impactos según el principio DNSH. En sus conclusiones, se comparan los efectos de la energía nuclear con tecnologías ya incluidas en la Taxonomía, encontrando efectos iguales o menores para la energía nuclear frente a tecnologías renovables elegidas de manera arbitraria para cada uno de los seis objetivos. Según el informe del JCR, parece posible incluir la energía nuclear en la Taxonomía. Eso sí, no en la mejor clasificación, sino únicamente como tecnología de transición.

En aras de la transparencia, la propia Comisión solicitó una revisión del informe a dos organizaciones externas, el Grupo de Expertos en Protección Radiológica y Gestión de Residuos, creado por el Tratado Euratom, y el Comité Científico sobre Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes (SCHEER). Mientras que el documento del primer organismo solo señala algunas observaciones y mejoras, el informe del SCHEER es especialmente crítico, afirmando tajantemente que la evaluación presentada por el JCR es "incompleta y necesita más pruebas". En relación con el impacto de la radiación en el medio ambiente, el SCHEER acusa al JCR de hacer afirmaciones simplistas sin estimar los riesgos potenciales. Tampoco está de acuerdo con el criterio de "dilución infinita" que usa el JCR para desestimar los impactos de la energía nuclear en sus vertidos al mar. Finalmente, el SCHEER concluye que el criterio de no hacer daño significativo (DNSH) se debe evaluar de manera independiente y no es suficiente con encontrar una tecnología renovable que causa más efecto que la nuclear en cada categoría, como hace el informe del JCR.

Tras un intenso debate interno en la Comisión Europea que obligó a posponer su decisión en varias ocasiones, finalmente se envió a los Estados miembros un borrador que propone la inclusión del gas fósil y la energía nuclear dentro de las tecnologías de transición. En ambas tecnologías se incluyen especificaciones concretas que limitan su aplicación. Por ejemplo, en el caso del gas solo se consideran instalaciones que emitan hasta 270 g CO₂eq/kWh y que reemplacen centrales de carbón o derivados del petróleo. Además, solo se podrá reemplazar un 15% de la potencia más contaminante eliminada (es decir, se podría instalar una central de gas por cada 6-7 centrales de carbón cerradas) y solo en caso de justificar la imposibilidad de generar esa electricidad con energías renovables. Los criterios para la consideración de centrales nucleares son menos estrictos, hasta el punto de que se exige al país disponer de instalaciones para el almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, pero no para residuos de alta actividad. En este caso, tan solo se pide que el país tenga un plan detallado para disponer de instalaciones apropiadas para su almacenamiento en 2050.

Se ha hablado mucho de las implicaciones geopolíticas y las presiones de diferentes Estados miembros, con la presión -a menudo bastante evidente- de las industrias nuclear y gasística de cada país. Francia ha sido uno de los más fervientes defensores de la inclusión de la nuclear en la Taxonomía. Es un secreto a voces que no podrán renovar su flota de reactores porque su plan de construcción nuclear con tecnología propia EPR ha sido un fracaso al menos hasta el momento. Sin embargo, sí podrán financiar las inversiones necesarias para alargar la vida útil de sus 56 reactores, lo cual es muy beneficioso para Francia. Aunque sus reactores tienen una antigüedad media de 37 años, Francia no tiene ninguna alternativa real para generar electricidad a corto o medio plazo aparte de seguir alargando su uso. Otros países como Polonia también han mostrado un gran interés por la energía nuclear, aunque su programa de construcción lleve un retraso de al menos 13 años desde la propuesta inicial.

El caso del gas es más curioso. Además de la flagrante contradicción de incluir un combustible fósil en una Taxonomía verde, las condiciones con las que ha sido incluido (descritas previamente) le dan poco recorrido y muchos países no podrían incluirlo. A modo de ejemplo, España no podría construir un ciclo combinado de gas (aunque por otra parte tampoco quiere ni lo necesita). De manera habitual se mira a la Alemania como uno de los valedores de la inclusión del gas fósil, en concreto al anterior gobierno presidido por Angela Merkel. Sin embargo, el nuevo ejecutivo de coalición con la presencia de Los Verdes ya ha indicado su rechazo a la inclusión de la nuclear y el gas fósil en la Taxonomía Europea. De hecho, recientemente ha mostrado un ambicioso plan para alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2035.

En cuanto al futuro de este acto delegado, es poco esperanzador para sus defensores. En caso de que la Comisión Europea finalmente lo proponga de manera formal, debe pasar un trámite parlamentario complejo. En primer lugar, debe ser aprobado por el Parlamento Europeo con mayoría simple y posteriormente por Consejo Europeo con mayoría cualificada (20 países de 27 con un 65% población votando expresamente a favor). Teniendo en cuenta que ya se han posicionado en contra varios países (Austria, Alemania, Dinamarca, España, Portugal y Luxemburgo) que representan el 34,8% de la población de la UE, es muy probable que no salga adelante.

En mi opinión, la Unión Europea debe plantearse seriamente si quiere dotarse de una Taxonomía con vocación de ser un referente climático mundial o prefiere contentar a todos los intereses nacionales y empresariales, diluyendo las ambiciones legislativas con la inclusión de tecnologías como el gas fósil o la energía nuclear.