La Cañada Real es una herida abierta en el mapa del suroeste de Madrid. Una franja de trece kilómetros de largo y algún centenar de metros de ancho en el que malviven unas siete mil personas. Constituye el mayor asentamiento ilegal de Europa y se encuentra a escasos quince kilómetros del centro de la capital. Desde algunos cerros que la circundan, que en su día fueron vertederos, se observa con nitidez el skyline de una de las principales capitales europeas. Como corresponde a cualquier sitio ilegal, hay chabolas, tiendas de campaña, barracas y algunas casas edificadas con intención de ser dignas. No hay red de alcantarillado, no hay farolas, no hay un dispensario médico, no hay colegios... pero allí viven cerca de siete mil personas. No hablamos de 1870 ni de 1940. Hablamos de 2022. Del siglo XXI.

El origen de ese lugar es imaginable. Marginados españoles y extranjeros fueron ocupando parcelas rústicas y alzando esas edificaciones. Ilegalmente, claro. Y eso no sucedió de la noche a la mañana, sino a lo largo de cincuenta años. Cinco décadas en las que ni Ayuntamientos ni la Comunidad han atajado ni resuelto el problema. Las razones son varias, y la lentitud y la burocracia de la Administración juegan un papel notable. Pero hay otra más importante aún: se trata de población discriminada, pobre, sospechosa, extranjera en muchos casos, que conviene mantener en un gueto, escondida, apartada de las rutilantes luces y las limpias calles de una ciudad europea y moderna.

Durante un tiempo, ese lugar fue adquiriendo ciertos servicios, pues no conviene que siete mil personas mueran de inanición ante nuestros ojos. Tampoco interesa expulsarlos de golpe, de modo que acaben dispersándose por calles y plazas de los pueblos aledaños y de la capital. Una línea de autobuses llega hasta su entrada. Recientemente se instaló una precaria red de agua potable. Hay un servicio de correos, mínimo, donde en algunos sectores los carteros depositan sus cartas en un chamizo, a veces con notificaciones de citas médicas que se pierden. Y hubo electricidad...

Electricidad a través de enganches ilegales, claro. No sería posible legalizarlos dado que los solares son rústicos, las casas no tienen nada parecido a una cédula de habitabilidad ni las compañías eléctricas pueden certificar una instalación precaria. Pero durante un tiempo, esa electricidad permitió que hubiera luz en las casas y por las calles, una mínima calefacción en invierno y la posibilidad de alimentar una cocina, un frigorífico, una lavadora o un televisor. Una vida cercana a la del siglo XXI con un urbanismo propio del XIX.

Pero un día, la electricidad se cortó. ¿La razón oficial? Había plantaciones ilegales de droga que producían sobrecargas en la red. Esta decisión se tomó en octubre de 2020, y estamos en febrero de 2022, ahora se cumplen quinientos días. En el supuesto de que aquel pretexto fuera válido (no dudo que hubiera tales plantaciones, como se han descubierto otras en Almería o en Huesca, pongamos por caso), ¿sigue siendo válida la excusa? Es evidente que no.

Puede que hubiera plantaciones ilegales que dependieran del suministro de corriente eléctrica. Puede. Pero ahora, dieciséis meses después, la razón no se sostiene. Si esas plantaciones siguen vivas y medrando con la misma alegría, es que no dependían del suministro eléctrico sino de la luz natural, por lo que no tiene sentido el corte a estas alturas. Eso, a menos que los cultivadores de droga de La Cañada hayan descubierto alguna tecnología misteriosa para que esas plantas puedan realizar la fotosíntesis por la noche con lámparas apagadas, por lo que habría que proponerles para el Nobel de Química. En este caso, la electricidad les traería al pairo.

Pero el Comisionado para la Cañada Real sigue afirmando que hay plantaciones ilícitas, con enganches ilegales que producen sobrecarga en la red. Afirma en una carta pública que él da instrucciones para que Naturgy restablezca el servicio dos veces al día, pero que la sobretensión hace inviable ese propósito. Según él, con electricidad o sin ella, las plantas siguen medrando. ¿Entonces...? ¿No será que hay una derivación u otra razón técnica que podrían arreglar los técnicos de las compañías eléctricas? El caso es que miles de personas siguen sin luz.

Los argumentos del Comisionado (que supongo son refrendados por la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de las localidades implicadas) dejan en muy mal lugar a la fiscalía y a las fuerzas de seguridad del Estado. Si sigue habiendo plantaciones ilegales y se supone que se está cometiendo un delito, ¿por qué la policía o la fiscalía no intervienen, como sí se hace en lugares como Almería o Huesca, sigamos con el ejemplo, desmantelando esas instalaciones? Habrá razones que se me escapan. Pero el caso es que miles de personas siguen sin electricidad. ¿Y cómo se justifica moralmente que haya un castigo a toda una población para impedir una presunta actividad delictiva o disuadir a delincuentes?

El Pacto Regional de 2018, firmado por unanimidad por el gobierno central, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos implicados, todas las fuerzas políticas y las asociaciones vecinales, trató de dar una solución definitiva y en tiempos razonables a la situación de La Cañada. En líneas generales, tal pacto establecía convenios y plazos de realojo, comprometiéndose a que la mayor parte de los alojados lo fueran en el territorio próximo y, entretanto, mejorar las condiciones de vida de los habitantes: instalar un red de suministro de agua potable con contadores, asfaltado de calles, acometidas eléctricas también con contadores...

Al menos una parte importante del Pacto salta por los aires cuando se decide privar de luz al sector más poblado de La Cañada Real. Los niños y niñas de La Cañada van a la escuela en las localidades vecinas; deben hacer sus deberes ateridos y a la luz de las velas. Sus viviendas deben ser calentadas con bidones en los que queman leña donada por algunas entidades y restos de madera extraídos de las basuras, con los consiguientes riesgos de intoxicación. Las cocinas funcionan con astillas o con botellas de butano en aparatos e instalaciones que tampoco reúnen las suficientes garantías. No hay lavadoras, no hay agua caliente para limpiar la ropa ni asear a un anciano o a un recién nacido. Cuando cae la noche, la oscuridad es absoluta y podría haber accidentes o caídas. ¿A qué estamos esperando? ¿A que haya un incendio o un derrumbe que causen decenas de víctimas? Entonces sí, claro. El Comisionado y las autoridades competentes pondrán en marcha los mecanismos de caridad establecidos. Y saldrán en las fotos.

No hay que olvidar que el Pacto Regional de 2018 se firmó entre grupos políticos que son distintos a los actuales. Si entonces había cierta intención de paliar las consecuencias de la marginalidad, parece que ahora se produce un giro en el guion. Privar en el siglo XXI de un recurso tan básico como la electricidad es como hacerlo en el siglo XIV con el agua. A una ciudad sitiada se la rendía por la sed y el hambre, y no utilizando catapultas ni torres de asedio. Era cuestión de tiempo y de paciencia, y después de cincuenta años sin resolver el problema, en el caso de La Cañada Real piensan que se puede esperar dos, tres o cinco años más. En esas condiciones, sin electricidad, los residentes acabarán por rendirse poco a poco, a cuentagotas, sin hacer mucho ruido. Eso piensan.

La carta remitida por el Comisionado a las entidades que solicitaron el restablecimiento de la electricidad en La Cañada no tiene desperdicio, pero voy a referirme solo a una frase. Afirma en relación con el sector VI: "Por lo tanto, la solución urgente (la reactivación del servicio) así lo será en función del comportamiento de los vecinos en dicho sector en sus hábitos de consumo eléctrico". ¡Acabáramos! Es "el comportamiento de los vecinos". No es una cuestión de derechos humanos, ni de seguridad en las instalaciones, ni de prevención de accidentes, ni de mejora de la calidad de vida. No. Es "el comportamiento". Recurso de una mentalidad del siglo XIV a los problemas del XXI: "mientras haya un solo soldado en las calles, mientras no os comportéis bien, no habrá suministro de agua". La solución del Comisionado en su última reunión entretanto se resuelven los lentísimos procesos de realojo: leña y mantas.

Sobre los terrenos en los que se asienta La Cañada Real hay planes urbanísticos redactados por los Ayuntamientos afectados que contemplan la edificación de entre 80000 y 120000 viviendas. Ya hay máquinas trabajando en aquellos páramos plagados de basura y plantas ralas. Es obvio que unos terrenos situados tan cerca del centro de la capital son muy golosos para los intereses de las constructoras y fácil imaginar las razones poderosas para lograr el desmantelamiento de esas infraviviendas. Y mejor aún si lo hacen de una forma voluntaria, como resultado de una rendición, sin costosos realojos, sin inversiones, sin atenciones. Por asedio.

Hace no mucho tuve la oportunidad de realizar encuentros literarios con niños y niñas de La Cañada Real que, como he dicho, van a la escuela. Salvando el paréntesis de la pandemia, vengo realizándolos desde hace varios años. Esas actividades, como otras similares, son promovidas por ONG’s e instituciones solidarias. Puedo asegurar que los ojos, los oídos, las manos, las cabezas, los brazos y los pies de esos niños son idénticos a los de niños de barrios pudientes. Su atención, su interés y sus preguntas tampoco son diferentes de los de otros lugares. Leen, escuchan, cuentan anécdotas, ríen y se emocionan. Tienen familias. Tienen un rostro que les diferencia. Tienen una biografía que les hace singulares. Tienen aspiraciones, tienen deseos.

Es conmovedor cuando dicen que hacen sus deberes a la luz de las velas. Es penoso cuando hablan de que pasan frío. Es aterrador cuando confiesan que por las noches sueñan con ratas. Es una perversión que sigan sin electricidad. Es indignante. Es inhumano. Es un delito.