Este 11 de marzo, Ganemos Jerez y Córdoba en Común han organizado un foro en torno al ‘Municipalismo en la Ciudad Post Covid’ en el que nos vamos a encontrar compañeros y compañeras de organizaciones municipalistas de distintos puntos del país. Hablamos de municipalismo como canal para una nueva intervención de la ciudadanía en la vida política, como mecanismo para romper con el bipartidismo, como expresión de la democracia directa, de la democracia participativa. También como complemento de la democracia representativa; cuestionada sobre todo desde el 15-M, con una  ley electoral que no expresa el binomio de una persona/un voto.

Pero hablar de municipalismo no implica olvidarnos ni de los territorios que ocupamos ni de los poderes articulados constitucionalmente. El reparto del poder político entre Gobierno central y autonomías, si bien era un primer paso para la descentralización del heredado estado franquista, al final ha degenerado en un Estado Central escasamente parlamentario y unas autonomías convertidas en pequeños reinos de taifas del bipartidismo, donde el clientelismo político o caciquismo de nuevo cuño se ha desvelado como fuente permanente de corrupción.

Los municipios, expresión a lo largo de su historia de una cultura republicana, plebeya, anticaciquil, podían ser un peligro para una democracia de baja intensidad como la moldeada por el régimen del 78. Y, por eso, en su diseño constitucional, se convirtieron en la hermana pobre de un régimen poco ambicioso en lo democrático y demasiado pronto olvidadizo de ese lastre franquista que arrastramos y que impidió en su día toda ruptura, fiándolo todo a esa "reforma pactada" que mantenía intocables los poderes fácticos de la dictadura (en el poder judicial, la policía, las cárceles o el ejército).

Ni autofinanciación, ni equiparación del poder local al autonómico y central y, por tanto, dependencia de ambos poderes, tanto en la delimitación de sus competencias como en la financiación de las mismas. Bajo estos condicionantes, sólo desde el poder local es bien difícil  avanzar en la construcción de una cultura federal basada en la distribución del poder, en un poder compartido y, por tanto, descentralizado, que actúe de forma leal y colaborativa en ese trabajo que debería ser común a todas las administraciones; el de contribuir, cada uno desde su ámbito, a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.

De haber existido, ese poder compartido no habría dejado caer en el olvido a la gente que habitaba el medio rural, forzada en los años 60 a emigrar a las ciudades donde se concentraba esa forzosa acumulación del capital a través de las industrias allí residenciadas. Migraciones que aportaron oxígeno a la supervivencia, unos años más, del régimen de Franco, por el aumento de la entrada de divisas venidas de Europa o el incremento del consumo interno.

El régimen del 78, pergeñado a imagen y semejanza de la Monarquía borbónica, se torna irreformable por el blindaje constitucional, también en el ámbito territorial, al erigirse en expresión de esa mal entendida "unidad de la patria". Cualquier alternativa a esa Monarquía borbónica, siempre corrupta, es impensable bajo esos partidos (PSOE/PP) que fiaron su cómodo y fructífero ejercicio del poder bajo su real paraguas.

Los ideales constitucionalistas bajo los que luchamos toda una generación que vivimos muy jóvenes el antifranquismo no nos han hecho olvidar esa máxima de que la soberanía reside en el pueblo.

Nuestra experiencia bajo la bandera del municipalismo en el periodo 2015-2019 en el que gobernamos las llamadas "Ciudades del Cambio" fue la del torpedeo por las élites económicas, por las oligarquías locales, de cualquier posibilidad de Gobierno Abierto, de democracia participativa. El control en sus manos de los medios de comunicación convertidos en medios de propaganda fue clave en ese proceso. Al igual, seamos sinceros, que nuestra inexperiencia, desconocimiento en las tareas de Gobierno y un exceso de creencia en nuestras propias y a veces insuficientes fuerzas.

Democracia directa, republicanismo, municipalismo y federalismo son, hoy, conceptos plenos de una carga transformadora al formar parte de nuestro bagaje de pasado y de presente. Y a la concreción de estos conceptos a través de la experiencia vivida se suma el ecofeminismo, la percepción de que la crisis climática pone en cuestión las condiciones de vida de la especie humana en el planeta y obliga a un cambio de paradigma en nuestra forma de relacionarnos con los bienes comunes: el agua, el aire que respiramos, los alimentos. Cambio en las formas de consumir, en términos de proximidad, de soberanía alimentaria.

Cambio, también, en el ámbito de nuestras relaciones humanas. Ahí está el pálpito que nos está dejando sentir el feminismo a través de nuevas generaciones de mujeres jóvenes y aquellas no tan jóvenes, migrantes, racializadas, volcadas en tareas de cuidados o de limpieza sin las adecuadas garantías laborales, salariales, de desempleo...etc. Son estas mujeres el sujeto de cambio de una sociedad que se muere y otra que va alumbrándose. La de la recuperación de la fraternidad, de la sororidad, del espíritu de vida colectiva que nos va permitir afrontar estos grandes retos.

Estoy convencido de que desde ahí vamos a poder confrontar esos valores del individualismo, de la soledad, de la enfermedad mental a la que nos aboca tanto aislamiento comunitario como mecanismo para mantenernos sumisos e indefensos. Un feminismo que baja la política al mundo de lo real, de lo que vivimos todos los días.

Escribía en un reciente artículo sobre el encuentro en Valencia del pasado mes de noviembre sobre cómo esas mujeres valientes hablan de algo que la clase política tradicional lleva años guardando en silencio: de un proyecto de país.

Llevamos años ensayando ese proyecto. Lo hacemos cuando hablamos de la ampliación del parque público de vivienda, de las políticas de cuidados, de movilidad unida a una transición energética justa, impulsada y gestionada por la propia ciudadanía. Un proyecto de país basado en el cumplimiento efectivo de los derechos sociales para lo que se requiere estructuras públicas, una administración eficiente. Empleos dignos y de calidad, educación pública con suficiente dotación económica (también para pagar dignamente al cuerpo docente), sin segregación por sexos como la hace la privada, sin privilegios como ahora detenta la concertada; una sanidad pública con dotación de medios suficientes para seguir cumpliendo con esa prestación universal del servicio de salud para todas, impidiendo que la sanidad privada sea un factor de descapitalización de la pública.

Hablamos de una reforma fiscal progresiva, una reforma en profundidad del Poder Judicial para que sea representativo del conjunto de la sociedad y no reproductor de élites conservadoras.

Todo ello conforma, a mi entender, una forma socialista de ver la sociedad. Socialismo del siglo XXI, una suma de señas de identidad que ya van abriéndose camino, porque van germinando en vidas de las que queremos sentirnos orgullosas de ser vividas.