Lucila Rodríguez-Alarcón (@lularoal)

De todos los mensajes xenófobos que la ultraderecha ha ido lanzando en estos últimos años, el que mejor ha calado es el de la criminalización de los jóvenes migrantes, los mal llamados 'MENA'. Así lo expresaba un reciente estudio sobre percepción en España realizado por la organización More in Common y al que la Fundación porCausa ha tenido acceso.  Debido al discurso de Vox, que ha convertido el tema en noticia en varias ocasiones, ahora en nuestro país tenemos miedo de estos jóvenes, sobre todo de los que vienen de Marruecos. 

El relato que asocia a la juventud con violencia no es nuevo. De hecho, las sociedades envejecidas –como las occidentales desde hace ya bastante tiempo- tienen bastante mal considerada a la juventud. La juventud es un motor de cambio, y las personas mayores no quieren sobresaltos. Así surgen los términos como 'NINIs' que marcaron la definición de toda una generación en la última década. Si al parámetro 'juventud' le añadimos migración, y lo aderezamos con un toque de racismo, pues ya está aquí la fórmula mágica que ha servido a Vox para ser líder del debate público varias veces. 

Las personas jóvenes extranjeras solas, sobre todo las que vienen del Sur, se han convertido en las más maltratadas de nuestro sistema

Las personas jóvenes extranjeras solas, sobre todo las que vienen del Sur, se han convertido de este modo en las más maltratadas de nuestro sistema, porque después de la narrativa del rechazo, viene rápidamente el abuso por parte del entorno. Solo hace falta creer que estas personitas son malas para tratarlas como criminales por defecto y no sentir ningún cargo de conciencia al hacerlo. 

En las últimas semanas ha aflorado que el sistema de acogida para jóvenes tutelados por la Administración Pública en nuestro país es un desastre. En el caso de la infancia hay que recordar que esa tutela está transferida y corresponde a las comunidad autónomas. Este es quizás uno de los puntos que más complican la aplicación de la legislación internacional que estipula la prevalencia del bienestar superior del menor. El gobierno central se desentiende en general –prueba de ello es la reciente salida de la directora general de Infancia, Violeta Assiego, que estaba empezando a meterle mano al asunto como nadie había conseguido hacerlo antes–. Por su lado, las comunidades autónomas que lo hacen mal no suelen asumir sus responsabilidades porque la opinión pública, que no tiene un master en gestión pública, no sabe muy bien de quién son las competencias. El reciente escándalo de la Comunidad de Madrid, que incluye la prostitución de niñas que estaban bajo su tutela en centros de acogida de la región, evidencia el maltrato institucional sistemático al que está sometida la infancia y la juventud tutelada en nuestro país. Y de nuevo, dentro de esa juventud, el peldaño que todo el mundo pisa más fuerte es el de la migrante. 

Desde que empezó el ataque de Rusia a Ucrania, los profesionales de las migraciones oscilamos entre estar maravillados y horrorizados a partes iguales. Es impresionante el esfuerzo que se está haciendo en Europa para acoger a los desplazados que huyen de Ucrania. La forma en la que los gobiernos y las sociedades han reaccionado estas últimas semanas demuestra que es posible la generación de una narrativa migratoria humanista y generosa y de un sistema de acogida potente, solvente, público-privado y ágil. Sin embargo, esta situación evidencia la falta de interés, por parte sobre todo de las administraciones públicas y de los gobiernos, por aplicar la ley y mejorar las políticas de acogida y de movilidad humana. Sabíamos de la existencia de un racismo institucional poderosísimo, pero esto es como el chiste del marqués al que no le dejan entrar en la piscina porque hace pis dentro. "Todo el mundo se hace pis en la piscina", argumenta el marqués, a lo que le responden "sí, señor marqués, pero usted es el único que lo hace desde el trampolín". Lo que sucede ahora es maravilloso pero al mismo tiempo espantosamente insultante.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba hace unos días a bombo y platillo que está preparando un plan especial para recibir a los niñas y las niñas que vienen de Ucrania. Menores "que están bastante tristes", afirmó Díaz Ayuso. Resulta muy conveniente ahora asumir esta tarea, a la par que tapa debajo de este plan –y de varias declaraciones sin sentido– la responsabilidad directa que tiene su gobierno en la situación indecente de los centros de menores y en la narrativa espantosa que impera sobre ellos. Se supone que los menores ucranianos son blancos tipo nórdico. Parecerse a nosotras, las personas ibéricas, no tanto. Seamos claras en esto. Nosotras mayoritariamente tenemos fenotipos mediterráneos y, por mucho que nos pese, predominan en nuestro país las pieles oliva, los ojos marrones y el pelo oscuro y fosco, como las de las personas del norte de África. 

Así recibimos con los brazos abiertos, y está bien y es necesario, a todos estos nuevos MENA nórdicos a los que, por el momento, vamos a intentar cuidar lo mejor posible, mientras evitamos enfrentarnos con la realidad del resto de los jóvenes tutelados y extutelados que hay en nuestro país. Se habla en ciertos foros de devoluciones de menores y jóvenes como si eso fuera la solución a un problema social que nos vulnerabiliza y potencialmente puede destruir nuestra humanidad y nuestras opciones de futuro desarrollo. Pero los problemas hay que arreglarlos. La gestión de la infancia y la juventud sin familia en nuestro país hay que arreglarla. Solo nos queda esperar que el sistema no colapse del todo con la llegada de estos nuevos MENA y que no acaben ellos también resistiendo solos y sin recursos al rechazo del sistema. De la caridad al odio hay una línea extremadamente fina.