El escenario del Congreso de los Diputados el día 30 de marzo de 2022 mereció ser filmado y visualizado por todos los españoles/as. Un escenario verdaderamente insólito. El presidente del Gobierno español se quedó solo en el debate sobre la negativa del Gobierno a considerar al pueblo saharaui con derecho a su autodeterminación, es decir, a su independencia como pueblo. Ninguna formación política del hemiciclo le apoyó, ni siquiera su socio de Gobierno, Podemos. Y dentro de su partido era para ver las caras de circunstancias de buena parte de los diputados del PSOE. Se ha producido un giro absoluto de la política del Gobierno con los saharauis y del sentido de las palabras del presidente. A partir de la nueva declaración del presidente Sánchez el pueblo saharaui tiene derecho a ser un territorio autónomo de Marruecos, es decir, hablando con propiedad, una región marroquí bajo el mandato del poder marroquí dotado de cierta e inconcreta autonomía, pero no tiene derecho a la independencia como pueblo, como siempre ha reconocido el PSOE, su secretario general y presidente del Gobierno.

Los profesores de Filosofía del Derecho explicamos en primer curso las tres facetas o dimensiones de la realidad del derecho: normativa, axiológica y sociológica. Ponemos ejemplos de estas dimensiones acudiendo a los ejemplos que nos deparan los acontecimientos y los comportamientos humanos. Lo que no imaginé es que una decisión de mi presidente del Gobierno fuera un ejemplo paradigmático de atropello de esas tres facetas. Me refiero a su decisión de abandonar la defensa del principio de autodeterminación del pueblo saharaui y promover su autonomía -autonomía, se entiende, como una región integrada en Marruecos, a las órdenes del soberano-divino (representante de Alá en la tierra) y las instituciones de este Estado.

En la faceta normativa del Derecho el presidente del Gobierno ha asestado un duro golpe a los principios de seguridad jurídica y jerarquía normativa del ordenamiento jurídico. Los tratados internacionales asumidos por España forman parte del ordenamiento jurídico interno de España, como expresa el ar. 96.1 de la CE. Pues bien, una de las resoluciones de Naciones Unidas desde hace mucho tiempo proclama el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, en lo que Naciones Unidas ha seguido sus resoluciones anteriores de conceder la autodeterminación a las naciones insertas en el proceso de descolonización de los antiguos imperios coloniales. El presidente del Gobierno ha atentado directamente contra esta resolución de Naciones Unidas. Se ha puesto de espalda al derecho internacional y a una institución, Naciones Unidas, de la que España es miembro de pleno derecho.

En la faceta axiológica hay tres generaciones sucesivas de valores jurídicos: la libertad conquistada en las declaraciones de derechos liberales, eje fundamental del Estado liberal de Derecho, que comienza a configurarse en la segunda mitad del siglo XVIII, la igualdad promovida en las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial, fundamento del Estado social de Derecho, y la solidaridad, el valor aún inerme, en gestación, obra más de las organizaciones sociales que de los Estados, mero esbozo aún en la esfera internacional, que necesita el apoyo de las democracias avanzadas. La decisión del presidente del Gobierno ha roto el proceso de conquista de la libertad del pueblo saharaui como nación dueña de su destino, de su igualdad como nación miembro de la comunidad internacional y de la solidaridad que necesita, sobre todo de España, bajo cuyo protectorado permaneció largos años y que la convierte en especialmente responsable de su suerte y futuro. No sé si el lector advierte el hundimiento provocado por el presidente del Gobierno en la consideración internacional del pueblo saharaui, que ha pasado en lo que se refiere a la igualdad desde el estatus de miembro de la comunidad internacional al estatus de una región del Estado que histórica y sistemáticamente se ha dedicado a masacrarle, de lo que dan cuenta informes de  instituciones internacionales reconocidas como Amnistía Internacional e incluso observadores nombrados por el secretario de Naciones Unidas.  En un solo acto, de una tacada, el presidente del Gobierno ha convertido al pueblo saharaui en un pueblo-paria, que carece de libertad como sujeto activo de su destino, de igualdad en las relaciones con otros pueblos y de la solidaridad de quien más está obligado a apoyarle.

En la faceta sociológica, las sociedades se mueven en gran medida por imitación en función del valor normativo de los hechos. Cuando un mismo hecho se repite, el observador va encontrando en la repetición cierta fuerza obligatoria. Lo que es se convierte en deber ser. Lo sociológico en normativo. ¿Qué pueden pensar los Estados cuando ven que el Estado español abandona a los saharauis a su suerte, siendo así que es España quien tiene una mayor responsabilidad con ellos? La decisión del presidente del Gobierno es un zarpazo enorme en el tejido de las ayudas presentes y futuras esperables de las organizaciones sociales y de los Estados.

El presidente del Gobierno ha tomado una decisión inesperada, escapista (durante su gira por Europa), a contracorriente (de su partido y de sí mismo). Sus explicaciones han sido insuficientes, cuando no erróneas e inasumibles. Ha puesto al pueblo saharaui a los pies del Señor que lo esclaviza. Y ha vulnerado los principios más elementales del Derecho.