"Sobre algunos temas, es mejor no preguntar". Eso le dijo el entonces ministro de Industria del gobierno del PSOE a Juan María Bandrés, diputado de Euzkadiko Ezkerra (EE), cuando, en los años 80 del siglo XX, cuestionaba en el Congreso sobre venta de armas españolas al Irak de Sadam y al Marruecos de Hassan II. Ante las iniciativas parlamentarias de control, el entonces gobierno del PSOE aprobó en marzo de 1987 un acuerdo en el Consejo de ministros que declaró secretas las actas de la Junta Interministerial que controla la venta de armas españolas, apoyándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

La semana pasada se produjo una situación absurda. Navantia anunció la entrega de la primera corbeta a Arabia Saudí, pero el gobierno no confirmó que había autorizado esta operación porque su decisión es secreta. A preguntas de Amnistía Internacional, el gobierno se escudó, una vez más, en este acuerdo para negarse a informar si había autorizado a Navantia a exportar, en 2022, tres de las cinco corbetas construidas en Cádiz, la primera de las cuales se entregó este jueves a Arabia Saudí. Otra muestra del secretismo es la decisión del Consejo de ministros del gobierno de Zapatero en 2010, que adoptó otro Acuerdo que autoriza la clasificación como secreta de 14 áreas completas de la política exterior española. En Amnistía llevamos varias legislaturas pidiendo una nueva ley de secretos oficiales. Cansados, ya recurrimos hasta al humor.

En 2021 el ministro de la Presidencia Bolaños prometió que en 2022 habría una nueva ley. En el Plan Anual normativo está incluida esa nueva ley. Pero, de momento, esta ley ni está ni se la espera. Es fundamental tener un nuevo texto que garantice que las restricciones del derecho de acceso a la información cumplen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, establezca un procedimiento para clasificar y desclasificar información y apure el trámite parlamentario para que la ley entre en vigor antes del final de esta legislatura.

En este artículo veremos cómo afecta este secretismo a Yemen, un conflicto ignorado más que olvidado, donde el suministro de armas es el vehículo que perpetúa los abusos y por qué estas ventas de armas españolas son ilegales según el derecho internacional. Los contendientes acaban de anunciar una tregua pocos días antes del inicio del Ramadán que podría revitalizar unas negociaciones impulsadas por la ONU para solucionar el conflicto que ha causado 377.000 muertes y provocado la mayor catástrofe humanitaria mundial.

Los datos son elocuentes: 16 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, 4 millones de personas son desplazadas internas y más de 2 millones  están abocadas a la hambruna cuando se acaban de cumplir 7 años desde que la coalición saudí-emiratí iniciase una campaña de bombardeos que ha provocado cerca de 20.000 víctimas civiles en cerca de 25.000 ataques aéreos que han incluido decenas de presuntos crímenes de guerra en ataques deliberados y arbitrarios a hospitales, mercados, escuelas, mezquitas o funerales documentados por AI, otras ONG y la ONU, en la lluvia de bombas en los más de 10 ataques aéreos diarios de media desde 2015. Según el Informe Anual de AI, en 2021 las partes en el conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad un amplio catálogo de abusos.

En 2021, las partes en conflicto en Yemen cometieron 839 incidentes de daños a civiles y objetos de carácter civil en los que murieron y resultaron heridos más de 782 civiles. Entre marzo de 2015 y marzo de 2022, hubo 822 ataques aéreos contra civiles u objetos de carácter civil como barrios residenciales, pueblos, mercados, puentes, escuelas e instalaciones comerciales y de servicios, en los que murieron 2.304 civiles y resultaron heridos 2.331 civiles.

Las víctimas civiles en la guerra aérea encabezada por Arabia Saudí se triplicaron con creces cada mes en los tres meses siguientes a la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 2021 que no renovó el mandato del Grupo de Expertos sobre Yemen. En enero de 2022, la coalición saudí lanzó incesantes ataques aéreos contra las zonas del norte de Yemen, causando cientos de víctimas civiles y destruyendo infraestructuras y servicios. El 21 de enero, la coalición saudí utilizó una bomba guiada por láser, fabricada por la empresa estadounidense Raytheon en un ataque a un centro de detención que causó la muerte de al menos 82 personas y provocó lesiones a 266. Esta escalada de violencia se produjo tras los ataques de los huzíes contra Emiratos Árabes Unidos el 17 de enero, que causó la muerte de tres civiles.

Ante este recrudecimiento del conflicto, Amnistía se dirigió, una vez más, en diciembre pasado y enero de este año, a la Junta Interministerial que regula el comercio de armas español para pedirle que condicionase la autorización de exportación de las corbetas de Navantia a Arabia Saudí a: i) garantías verificables de que las corbetas no se usen para cometer crímenes de derecho internacional; ii) el cese de los ataques arbitrarios y deliberados de la coalición contra civiles y bienes de carácter civil, el fin del bloqueo y de la impunidad, y iii) la creación de un grupo de trabajo sobre conversión de la industria de defensa para mitigar el impacto económico de la suspensión de la venta de armas a la coalición saudí-emiratí reclamada por Amnistía.

Ya en 2016 enviamos una carta abierta al gobierno oponiéndonos a la venta de estos barcos de guerra ante las negociaciones entre Navantia y Arabia Saudí. En diversos informes explicamos nuestra postura. En el Congreso hubo preguntas parlamentarias y proposiciones no de ley. En junio de 2021, en su comparecencia parlamentaria anual sobre la venta de armas españolas, la secretaria de Estado de Comercio, a preguntas del PP, ERC y EH-Bildu, manifestó que el gobierno aún no había decidido si autorizar la exportación de las corbetas de Navantia.

El bloqueo ilegal de Yemen

Desde 2015, la coalición internacional ha impuesto un bloqueo naval y aéreo, supuestamente para aplicar el embargo de armas impuesto a los huzíes por el Consejo de Seguridad de la ONU. Con fragatas de Arabia Saudí, Egipto, EAU y Francia, la coalición impidió, retrasó de forma arbitraria u obstaculizó el acceso de barcos civiles y comerciales a puertos yemeníes. En 2015 se creó la Misión de la ONU de Verificación e Inspección (UNVIM) para autorizar el paso de los barcos comerciales con destino a los puertos yemeníes, pero la coalición provocó retrasos con inspecciones de barcos autorizados por la UNVIM a llegar a puerto.

En marzo de 2018, los barcos con rumbo a los puertos yemeníes del mar Rojo tenían que esperar 120 horas por término medio para recibir la autorización de la coalición, y en abril, 74 horas. El Consejo de Seguridad de la ONU reclamó más diligencia, pero la coalición ha seguido impidiendo el envío de bienes esenciales y ayuda humanitaria. Estos retrasos han exacerbado una falta paralizante de combustible, que ha reducido el acceso a alimentos, agua limpia y saneamiento y facilitado la propagación de enfermedades prevenibles. El bloqueo ilegal ha tenido un impacto catastrófico en el combustible, los alimentos y el acceso a las medicinas para millones de personas.

En 2018, Amnistía advirtió que millones de vidas corrían peligro en Yemen debido a las restricciones impuestas por la coalición dirigida por Arabia Saudí a la entrada de bienes esenciales como alimentos, combustible y material médico. El bloqueo ha sido definido como "una operación militar ofensiva que mata a civiles", en el que unas 47.000 personas pueden vivir condiciones similares a la hambruna y 16 millones, más de la mitad de la población de Yemen, en condiciones de seguridad alimentaria de "crisis" o "emergencia". El rápido deterioro de la situación es resultado, sobre todo, de los recortes de financiación que han afectado a las actividades de organismos como el Programa Mundial de Alimentos, agravado por la creciente crisis de combustible.

Según la CNN, los buques de guerra saudíes no permitían que ningún petrolero atracase en el puerto yemení de Hodeida desde principios de 2021. Más de una docena de barcos con 350.000 toneladas métricas de combustible comercial no pudieron entrar en Yemen durante más de dos meses.

El derecho internacional y la postura del gobierno español

El Artículo 1 común de los Convenios de Ginebra establece la obligación de "respetar y hacer respetar en todas las circunstancias" las disposiciones del derecho internacional humanitario (DIH) en los conflictos armados. Según el Comentario a dicho artículo, cuando los Estados suministradores puedan prever una violación del DIH, no deberán contribuir a ella suministrando armas al país o grupo armado en cuestión. También exige a los Estados que hagan todo lo razonable para prevenir y poner fin a las violaciones del DIH, ejerciendo su influencia para que cesen esas violaciones y, si el Estado que recibe las armas no aplica medidas para garantizar el cumplimiento del DIH, obliga a condicionar, limitar o denegar las transferencias de armas, lo que no hace España a diferencia de otros países.

Además, el Artículo 14 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra prohíbe hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. Utilizar deliberadamente la hambruna de la población civil como método de guerra, privándoles de los bienes indispensables para su supervivencia o impidiendo la ayuda humanitaria es un crimen de guerra.

La respuesta del gobierno a numerosas preguntas parlamentarias sobre la venta de armas a la coalición saudí-emiratí se limita a decir que los países de la Liga Árabe integrantes de la coalición que interviene en Yemen "no están sometidos a embargo", las operaciones se analizan de acuerdo con la normativa internacional y "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido" podría suspender o revocar las autorizaciones concedidas.

Este es el quid de la cuestión. Indica una aplicación inadecuada del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), un tratado preventivo que pretende regular las condiciones estructurales que posibilitan la comisión de atrocidades al vincular la legalidad de las transferencias de armas a las normas del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y del DIH. Para las transferencias no prohibidas, exige una evaluación del riesgo de que las armas puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del DIH y el DIDH. Y es ahí donde AI advierte una mala praxis por parte de España en el caso de las corbetas y otras exportaciones de armas a la coalición.

El TCA exige que se haga una evaluación antes de cualquier transferencia de armas y su artículo 6 prohíbe la transferencia de armas convencionales, municiones, partes y componentes "si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas...podrían utilizarse para cometer...infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra...".

El gobierno español está aplicando incorrectamente dos aspectos clave del artículo 6 del TCA. El primero es el conocimiento, que se refiere a cuando las circunstancias son notorias o ampliamente conocidas. Los innumerables informes de fuentes creíbles como la ONU y ONG independientes demuestran un historial de violaciones persistentes y graves del derecho internacional por la coalición saudí-emiratí. Con esa información, es razonable suponer que sus fuerzas armadas que operan en Yemen utilizarán con casi total seguridad cualquier suministro de armas para cometer ataques ilegales indiscriminados o desproporcionados y causar graves daños a civiles y bienes de carácter civil, y para facilitar graves violaciones de los derechos humanos.

Este es el umbral que debería hacer que el gobierno aplique la prohibición del Artículo 6 del TCA. El Congreso de los Diputados respaldó este enfoque en noviembre de 2021 cuando en su dictamen sobre las exportaciones de armas españolas en 2020 instó al Gobierno a suspender las transferencias que puedan utilizarse en Yemen para cometer crímenes de guerra.

El segundo aspecto que el gobierno español está aplicando erróneamente es la frase "podrían utilizarse", que sitúa un nivel de probabilidad de las violaciones señaladas en el artículo 6 del TCA similar a una base razonable o motivos fundados cuando hay suficiente información para creer que las armas podrían utilizarse para las actividades prohibidas.

Con el número de informes públicos al respecto, el gobierno español no puede pretender no ser consciente de que en Yemen se están perpetrando graves violaciones del DIH. No puede escudarse en la ignorancia cuando la información creíble y extensa está amplia y fácilmente disponible en una gran variedad de fuentes.

Se puede aplicar otra política con respecto a Yemen, condicionando la entrega de las corbetas a que no usen para atacar civiles o matarlos de hambre; suspendiendo la venta de armas a la coalición saudí-emiratí hasta que cesen los ataques arbitrarios y deliberados a civiles y se ponga fin a la impunidad, tomando medidas para paliar el efecto económico de esa suspensión, apoyando la aprobación en la Asamblea General de la ONU de una resolución que cree un mecanismo de investigación que reúna y custodie los indicios de los graves abusos contra los derechos humanos y las violaciones de las leyes de la guerra en Yemen, e incrementando sustancialmente la ayuda humanitaria a Yemen.

No adoptar estas medidas es dar luz verde a nuevos crímenes de guerra y ser cómplices en la comisión de más atrocidades. ¿La clave? voluntad política para cumplir la ley.