Parece que la Casa Real y el Gobierno han emprendido una campaña para destacar la honestidad de Felipe VI. Se trata de demostrar que el monarca actual no está involucrado en el mismo tipo de operaciones financieras delictivas que su padre. Para ello el propio rey ha hecho pública una declaración de cuáles son sus bienes. Es millonario pero ha declarado una cantidad razonable que incluso podría proceder de los ingresos que ha recibido públicamente si hubiera ahorrado durante años el noventa por ciento de su sueldo. Al mismo tiempo, el gobierno ha aprobado un decreto llamado a reorganizar la Casa Real e incrementar su transparencia.

El decreto prevé que la página web de la Casa Real publicará su presupuesto y las retribuciones de Los Altos cargos, que también deberán declarar sus bienes. También se publicarán en la web las normas de contratación y el Tribunal de Cuentas fiscalizará las cuentas, entregando un informe sobre ellas al propio monarca.

Evidentemente, todo esto es una mejora respecto a la situación actual en términos de transparencia, sin embargo toda esta iniciativa está sirviendo sobre todo para traer a la luz pública la irregular situación administrativa de la Casa Real.

Efectivamente, el art. 65 de la Constitución dice que el rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa, que distribuye libremente. Este artículo se ha interpretado en el sentido de que los fondos de la Casa Real no deben someterse a ninguna norma ni control. Así, la palabra "libremente" se viene entendiendo prácticamente como un reenvío al sistema del Antiguo Régimen. La Casa Real se ha convertido en un pozo negro en el que se hunde el dinero público sin posibilidad alguna de regulación. A la hora de contratar, no rigen las disposiciones de la ley de contratos del sector público, sino las normas que dicta el propio monarca. Ni siquiera parece que sean de aplicación las leyes que regulan el procedimiento administrativo general o el régimen jurídico del sector público. En esencia, se acepta que la Casa Real no se someta a la ley y constituya básicamente un agujero donde no llega el Estado de Derecho.

Si se parte de esa idea, el decreto, claro está, es un progreso. Pero es que esa interpretación tan poco democrática supone en sí misma una aberración. Cuando la Constitución dice que el rey distribuye libremente los fondos que recibe lo que se quiere decir es que en ese punto sus actos no están sometidos al refrendo del Gobierno. Son actos libres que suponen la única excepción a lo dispuesto en el art. 56.3 de la constitución, que establece que todos los demás actos el rey carecen de validez si no cuentan con esa autorización. Ahora bien, que no necesiten de autorización gubernamental no significa que no puedan estar sometidos a la ley. Nada impide entender que el rey es libre de repartir los fondos que recibe a la manera del resto de instituciones con autonomía presupuestaria. Es decir, mediante la aprobación de un presupuesto público y con pleno sometimiento a las normas que regulan el funcionamiento de la administración pública.

La Casa Real forma parte de lo que ahora se llama el sector público. Es una aberración con tintes medievales entender que el rey puede contratar a quien quiera sin un concurso público ni otras medidas de fiscalización. Ciertamente, el rey puede repartir las asignaciones que desee a su familia, pero no puede hacerlo dándoles mensualmente un sobre con billetes, sino que debería aprobar un presupuesto que establezca esas asignaciones por las que cada uno de los beneficiarios debe declarar a hacienda.

En fin, que el decreto aprobado tiene numerosas carencias, como la transparencia de los bienes del resto de beneficiarios de asignaciones, pero por encima de todo incurre en un defecto de base: asumir que la Casa Real es el único reducto de la administración pública que vive en la Edad Media y donde las únicas normas que se aplican son las que diga el rey.

Mientras eso siga así, evidentemente, al rey no se le puede se le puede exigir responsabilidad, sino solo ejemplaridad. Mientras sigamos interpretando la Constitución de tal manera que el rey no es responsable de sus actos privados (y esa es la idea sobre la que pivota toda esta norma) ninguna página web nos podrá garantizar que el rey actual no esté robando con la misma impunidad con la que lo hizo su padre.