La presidencia del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional para legislar sobre salarios mínimos en la UE.
El acuerdo se alcanzó la madrugada de este martes y supone un paso histórico para establecer un marco que garantice salarios mínimos en todos los países miembros.
Se descarta así la posibilidad de establecer un único salario mínimo dados los diferentes mercados laborales y las diferencias entre Estados en cuanto a fijación de salarios e implantación de convenios colectivos.
Adecuación de salarios
Los países miembros deberán fijar un marco de procedimiento para la fijación y actualización de salarios
No obstante, la nueva directiva fijará un conjunto de criterios claros y comunes de obligado cumplimiento, como que las actualizaciones de los salarios mínimos legales se realizarán al menos cada dos años (o como máximo cada cuatro años para aquellos países que utilizan un mecanismo de indexación automática).
La directiva europea recoge la recomendación de que los salarios mínimos se sitúen entre el 50-60% de la media de los salarios brutos de cada país.
Tal y como ha resaltado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la norma determina que los salarios mínimos legales "deben mantener un umbral de decencia".
“Esta Directiva va a contribuir a adecuar los salarios mínimos legales y a impulsar los salarios en el conjunto de la Unión Europea", ha destacado la secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente.
Promoción de la negociación colectiva
El acuerdo también promueve la negociación colectiva sobre la fijación de salarios y mejora el acceso efectivo a la protección del salario mínimo para aquellos trabajadores que tienen derecho al mismo en virtud de la legislación nacional como es el caso de España.
“Los interlocutores sociales deberán participar en los procedimientos de fijación y actualización de los salarios mínimos legales”, señalan las instituciones comunitarias.
Consejo y Parlamento dan así un impulso a la negociación colectiva que sitúan como “una herramienta importante para garantizar que los trabajadores puedan beneficiarse de salarios mínimos adecuados”.
La directiva pretende ampliar la cobertura de los trabajadores a través de la negociación colectiva. Y para ellos, el acuerdo recoge que los países deben “promover el fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores sociales para participar en la negociación colectiva, incluida la protección de los representantes de los trabajadores”.
El acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento Europeo, en particular, prevé que cuando la tasa de cobertura de la negociación colectiva sea inferior al umbral del 80%, "los Estados miembros deben establecer un plan de acción para promover la negociación colectiva. El plan de acción debe establecer un cronograma claro y medidas concretas para aumentar progresivamente la tasa de cobertura de la negociación colectiva".
Antecedentes y próximos pasos
El acuerdo se ha alcanzando tras casi dos años de negociaciones.
En octubre de 2020, la Comisión Europea presentó su propuesta al Consejo y al Parlamento.
A partir de enero de 2021 se celebraron varias rondas de negociaciones y el debate se abrió a los interlocutores sociales.
En febrero, el Parlamento Europeo se pronunció formalmente a favor del salario mínimo.
En agosto de 2021, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), destacó en un estudio que 35 millones de trabajadores europeos no podían siquiera permitirse unas vacaciones de verano por sus salarios de miseria.
Según el eurobarómetro de abril de 2021, 9 de cada 10 europeos (88%) consideran que la Europa social, es importante para ellos en su vida personal. El 71% de los encuestados cree que la falta de derechos sociales es un problema grave.
El acuerdo alcanzado este 7 de junio deberá ser ratificado primero por el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (Coreper) y aprobado después por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Se espera que la nueva directiva pueda estar aprobada entre septiembre u octubre próximos.
Los estados miembros tienen dos años para transponer la directiva a la legislación nacional.
Promover una Europa social más fuerte
