Tanto los gobiernos como las empresas privadas se han embarcado en procesos de transformación digital con los que buscan obtener una mayor eficiencia, prestar mejores servicios y aprovechar ventajas competitivas. Sin embargo, la tecnología no es precisamente sinónima de inclusión, al menos no por sí misma, y pueden producirse situaciones indeseadas de desigualdad.

En gran medida, la pandemia de COVID se encargó de recordárnoslo. Alrededor de 1.600 millones de niñas y niños se vieron afectados en todo el mundo por el cierre de las escuelas y, de ellos, el 31% no puede acceder a una conexión remota para poder continuar con su aprendizaje a través de internet. En regiones, además, como el África subsahariana, esta cifra se disparó hasta rozar el 50%. La brecha de género también jugó en contra de la inclusión, propiciando que las mujeres perdieran alrededor de 800.000 millones de dólares de ingresos a nivel mundial.

Así las cosas, desde la oficina digital del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, por sus siglas en inglés) no sorprende que apuesten decididamente por adoptar urgentemente un enfoque inclusivo para la transformación digital. Desde su punto de vista, tanto las empresas como los gobiernos o las ONGs –y por supuesto el conjunto de la ciudadanía- pueden obtener grandes beneficios de este enfoque.

Con este propósito, el UNDP acaba de publicar diez buenas prácticas para alcanzar este objetivo, entre las que destaca el desarrollo e implantación de políticas y una gobernanza participativa para la transformación digital inclusiva, de manera que se realicen consultas y diálogos intersectoriales, asambleas populares y experiencias como el Congreso Virtual de Chile, convertido en una plataforma web en la que más de 130.000 personas opinan sobre proyectos de ley. En esta misma línea, el fortalecimiento de instituciones que funcionen como actores tractores de esta inclusión es clave. Para ello, diversos gobiernos ya han impulsado agencias o ministerios directamente vinculados con la transformación digital, acelerándola y atrayendo talento del sector de las Tecnologías de la Información. Todo ello, además, fortaleciendo las garantías, la legislación y los estándares digitales que eviten, por ejemplo, casos de monopolio.

Desde la óptica de la infraestructura, UNDP pone el acento en la necesidad de invertir en la recopilación y el uso responsable de los datos, obteniendo una radiografía precisa de la realidad a partir de indicadores de inclusión digital (cobertura, uso de internet, suscripciones, acceso a dispositivos móviles, alfabetización digital...). Dicha radiografía no puede ser una imagen estática, sino que es imprescindible realizar un seguimiento para identificar posibles brechas digitales.

Este completo dibujo de la realidad será la base para invertir en una conectividad universal, algo que está lejos de alcanzarse considerando que en la actualidad alrededor de 2.900 millones de personas no tienen acceso a internet en el mundo. Las zonas rurales son las más afectadas, por lo que innovar en tecnologías de conectividad que faciliten su conexión es imperativo.

Al mismo tiempo, la guía de UNDP también incide en la necesidad de invertir en las personas, en estrategias de alfabetización digital y formación de profesionales de Tecnologías de la Información (TI). El propio UNDP está ya colaborando con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otros socios para facilitar que los países encuentren y accedan a oportunidades de creación de capacidades digitales. En el caso de las personas con conocimientos avanzados, el organismo apuesta por la creación de equipos diversos e interdisciplinares que aprovechen las sinergias de todos sus miembros, dotándoles de los recursos necesarios para su desempeño.

Desde el punto de vista más empresarial, la promoción de modelos de negocio inclusivos debería ser otro de los grandes objetivos de los gobiernos. UNDP cuenta en su haber con historias de éxito como la llevada a cabo en Uganda durante la pandemia, cuando en colaboración con una empresa especializada en comercio electrónico logró paliar los efectos de los cierres de negocio. Con una brecha de género del 43%, más de la mitad de los vendedores que se beneficiaron de este proyecto fueron mujeres.

En esta misma línea, la décima recomendación se concreta en la máxima de que un buen servicio debe ser utilizable por todos los que necesitan usarlo, independientemente de sus circunstancias o habilidades. A menudo, la capacidad de alguien para usar un servicio depende menos de su identidad y más de sus recursos, tiempo y salud, que además pueden cambiar día a día. Por este motivo, es imprescindible realizar un seguimiento de cualquier iniciativa puesta en marcha; no basta con marcar la casilla de tarea cumplida y olvidarse del asunto.

Un buen ejemplo de ello es la experiencia de Ucrania: Tras crear en 2019 el Ministerio de Transformación Digital, el gobierno lanzó una aplicación móvil llamada Diia que ofrecía más de una docena de servicios electrónicos al público. Cuando en otoño de 2020 se analizaron las estadísticas de uso, se descubrió el escaso uso que la población había hecho de la app. Se realizó un estudio para conocer las causas y fue cuando se averiguó, por ejemplo, que Diia no cumplían completamente con los estándares internacionales de accesibilidad. Se revisaron todos los sitios web y a día de hoy el número de usuarios de Diia ya supera los 17 millones. Con el estallido de la guerra, esta plataforma tecnológica se ha utilizado para desplegar nuevos servicios, como la notificación de propiedades y activos dañados durante el conflicto.

PNUD subraya la necesidad de asumir un enfoque holístico de la sociedad para implantar las acciones e intervenciones necesarias para acelerar una verdadera transformación digital inclusiva. De otro modo no se podrán reducir esos casi 3.000 millones de personas desconectadas, de los cuales alrededor del 96% vive en países en vías de desarrollo.