Dominio público

Ensañamiento: acción de juzgar en España

Ana Pardo de Vera

La derecha patriotera española -y no me refiero solo a los partidos así considerados tradicionalmente: PP, lo que queda de Ciudadanos, Vox y, para algunas, determinados sectores del PSOE en según qué cosas, como la monarquía, el catolicismo o el independentismo- tiene un serio problema con la aplicación de los derechos humanos.

Es principalmente el Poder Judicial, tomado en su mayoría por hombres de derecha patriotera, bien por la puerta delantera o bien por la trasera, el que nos hace pasar más bochorno y frustración. Lo hace apoyado por esa derecha partidista, que lo conforma a su imagen y semejanza para que las acciones judiciales de este ámbito sean, más que justas, ejemplarizantes cuando de lo que se trata de es de preservar la unidad de una España homogénea, siendo como es todo lo contrario, o de negar los derechos humanos a quienes les están garantizados aunque creamos que no los merecen por crímenes atroces. Es lo contrario a esto, precisamente, lo que diferencia a los demócratas de los delincuentes y los asesinos.

Traigo esto a colación tras conocerse el último acercamiento de presos de ETA a Euskadi, que ha provocado taquicardias en el PP, no se sabe si de felicidad por ver abierto el cielo electoral o de amargura real por las víctimas del terrorismo, a las que llevan décadas usando a su antojo; dicho por varias familias de éstas, que encima de lidiar con su dolor, tienen que soportar al manipulador político de turno. Me inclino, pues, por la opción electoralista, y a los hechos, como es preceptivo, me remito: 803 presos etarras fueron trasladados a Euskadi durante los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Obviamente, ambos presidentes cumplieron la ley, como José Luis Rodríguez Zapatero y como Pedro Sánchez. Sobre todo, como éste, que una vez desaparecida ETA, cumple con la ley sin la excepcionalidad que le confería la existencia de la banda terrorista: la dispersión.

Derechos. Nada más y nada menos, porque el incumplimiento de sus propias leyes, va acercando peligrosamente al Estado a los delincuentes. Y bastante tenemos con los que han florecido en su seno a lo largo de la historia postfranquista, desde los GAL hasta el comisario Villarejo y sus redes parapoliciales. Los poderes del Estado que incumplen las leyes, motivados por intereses electoralistas o políticos, tarde o temprano, además, acaban siendo pasto del reproche internacional y la vergüenza de ciudadanas y ciudadanos que, además de cumplir y tragar con unas leyes no siempre justas -que se lo digan a las mujeres víctimas de violencia judicial o de la vigente ley mordaza-, deben tragarse la mala praxis de aquéllos a quienes pagan su salario.


Este miércoles concluimos el mes de las vacaciones por excelencia con el principal partido de la oposición cacareando porque se cumple la ley con los etarras y la ONU sacando los colores a PP, PSOE y Ciudadanos -Vox no existía institucionalmente entonces, y además, los derechos les importan un higo- por admitir y aplaudir una decisión judicial que creo que solo se entiende desde la perspectiva envenanada del ensañamiento de un juez, Pablo Llarena, que dejó rastros de bilis -y dicen algunos juristas que de bastante incompetencia- tratando de vengarse de los independentistas catalanes.

Ha sido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas quien ha emitido un dictamen en el que considera que España violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al retirarles su acta en el Parlament de Catalunya tras su procesamiento por rebelión en la causa del procés, un delito por el que no fueron condenados. Abrió el procesamiento, claro, el vengador Llarena, y ni siquiera hace falta ser un experto jurista para ver entonces que, sin sentencia firme, la retirada de esas actas parlamentarias era un golpe aberrante (y muy preocupante) contra los derechos políticos de los cuatro dirigentes. Pero daba igual, la unidad de España merece acciones ejemplarizantes, se apoyen o no los discrepantes en los votos ciudadanos, y hasta la violación de derechos. No es la primera vez, en todo caso, y visto lo visto, no será la última: pues menudo panorama tenemos en Ceuta con la devolución de menores sin garantías a Marruecos tras su chantaje. ¿Y lo de Alberto Rodríguez en el Congreso? Con casos así me puedo tirar la noche escribiendo, qué vergüenza...

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