Una de las cosas que más me han sorprendido a lo largo de mi etapa política ha sido la gran opacidad existente en algunos procesos políticos que se negocian en ciertos despachos. En Alemania, por ejemplo, durante la reforma del Reichstag diseñada por Norman Foster, su cúpula de vidrio intentaba representar la transparencia y la apertura de las instituciones hacia la ciudadanía, como símbolo inequívoco de que los representantes públicos y la toma de decisiones estaban sometidos a una rendición de cuentas permanente con los ciudadanos alemanes.

En nuestro país, desgraciadamente, la cultura de la transparencia y de la apertura política es aún muy ineficiente. Incluso para algunos partidos políticos importantes en el tablero político actual, como es el caso de Unidas Podemos, no se nos ha permitido acceder a algunos de estos procesos, por miedo, seguramente, a que destapemos algunas de las prácticas históricamente normalizadas por el bipartidismo.

Con el inevitable paso de los años, las nuevas demandas sociales requieren reformas estructurales mucho más profundas, que podrían ser posibles gracias a fuerzas transformadoras como Unidas Podemos, pero los viejos partidos bloquean los grandes avances por su tendencia bipartidista ya obsoleta.

Su pacto no escrito ha sabido muy bien en qué momentos debía cerrar filas para esconder malas prácticas cronificadas durante años de alternancia en el gobierno y, sobre todo, para preservar y proteger los privilegios de los suyos. Así pues, el pacto bipartidista ha seguido contemplando las desigualdades sociales como hechos naturales e irreparables, negándose a actuar con medidas que afecten a la raíz de las diferentes problemáticas. Por ello, se han aliado en múltiples ocasiones para mantener su propia seguridad.

Una de las alianzas más dolorosas ha sido la modificación del artículo 135 de la Constitución Española para priorizar el pago de la deuda, relegando la preservación y el sostenimiento de los servicios sociales a última fila de su lista de prioridades. Pero no ha sido la única.

Si hay un caso que de verdad siempre los ha unido es la sumisión incuestionable a la monarquía. Ambos votaron en contra de una comisión de investigación relacionada con el rey Juan Carlos y los gastos de la Casa Real. En esa misma consonancia bipartidista, vetaron una investigación en el Congreso sobre las cloacas del Estado y las tramas organizadas desde el Ministerio del Interior para atacar a rivales políticos.

Así pues, son incontables las veces que se han dado la mano, pero esta última ha sido una de las más sorprendentes. PP y PSOE han acordado tumbar a puerta cerrada las enmiendas sobre vivienda presentadas por Unidas Podemos en los Presupuestos Generales del Estado, enmiendas que pretendían poner el foco en la limitación de los precios de los alquileres, prohibir desahucios y ponerle más difícil a los fondos buitre que sigan especulando con el derecho constitucional a una vivienda digna. Si ante una urgencia nacional de tal magnitud como es el acceso a la vivienda no van a estar del lado de las grandes mayorías, ¿cuándo van a estarlo?

Está claro que Podemos no asume el marco de la reforma porque no cambia las cosas sino que las parchea. Todos saben que nuestra fuerza en el gobierno es muy inferior a la del PSOE, pero aún en esas circunstancias objetivas e irremediables, que nadie crea que se ha sumido una posición de sacrificada subalternidad.

Si las carteras de vivienda siguen en manos del PSOE vamos a avanzar lento. Ya ha pactado con los neoliberales que nada de limitar el alquiler ni nada de poner en jaque a los grandes especuladores inmobiliarios. La falta de acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de este siglo en España y podría solucionarse con voluntad política hacia el bien común; pero a veces, dentro de las paredes blindadas de un salón, PP y PSOE siguen bailando el vals del bipartidismo.