Parece mentira, pero además de la guerra en Ucrania, la visceralidad de los discursos en relación con la misma y otros temas más locales, lo cierto es que en el marco de la Unión Europea siguen aconteciendo movimientos que no nos deberían ser ajenos. Si hace unas semanas comentábamos en este mismo espacio como el hasta ahora eje central del proceso de integración europeo, el París-Berlín, parecía que hacía aguas y que producía movimientos tectónicos en el marco de la geopolítica interna de la UE, en estos momentos también merece la pena recordar lo que acontece en torno a un tema que es central de cara al cómo y hacia dónde se quiere continuar (o no) construyendo el proyecto europeo, la cuestión del Estado de Derecho.

Justo antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, el 16 de febrero de 2022 el Tribunal de Justicia de la UE desestimaba las quejas de Hungría y Polonia sobre la posibilidad de que estos pudieran ver congelados los fondos europeos por no cumplir con los estándares democráticos, un mecanismo de Estado de Derecho que condiciona la recepción de los fondos al cumplimiento de unos criterios que, como decía la sentencia "definen la identidad misma de la Unión Europea como un orden jurídico".

Hacía tiempo que Hungría y Polonia venían arrastrando enormes carencias en este sentido, algo que queda reflejado, en los índices de calidad de la democracia como Freedom House que apunta que Hungría es un "país parcialmente libre". De hecho, en septiembre de este año el Parlamento Europeo declaró que Hungría ya no era una democracia plena, sino un "régimen híbrido de autocracia electoral" donde se celebran elecciones regularmente, pero sin respetar las normas democráticas básicas, incluidas la vulneración de derechos fundamentales, la protección de minorías, el pluralismo de los medios, la libertad académica, la independencia del poder judicial, y así un largo etcétera.

A renglón seguido fue la Comisión Europea la que lanzó el primer aviso sobre la posibilidad de suspender los fondos de cohesión a Hungría si no se detectaban mejoras en este marco. Es importante recordar que el recorte o suspensión de estos fondos está permitido cuando las infracciones al Estado de Derecho puedan afectar a los intereses financieros de la UE, esto es que no se pierdan entre las redes de corrupción y nepotismo operantes en el territorio afectado. Pues bien, a pesar del escepticismo de muchos, lo cierto es que finalmente la Comisión ha decidido a primeros de diciembre que se le congelarían los activos a Hungría, unos 7.500 millones de euros.

Esta ha sido una decisión que ha costado mucho tomar por varios motivos que tienen unas implicaciones derivadas muy sustantivas. El primero de ellos, porque supone admitir que uno de los Estados Miembros de la UE no puede ser considerado una democracia al uso, esto es, admitir que el principio de condicionalidad por el que accedió a la UE fue fallido en el caso de Hungría y que las amenazas y resoluciones políticas no han tenido la eficacia deseada en términos de calidad democrática.

El segundo, porque se trata también de un reconocimiento de las complicidades que han sido necesarias para llegar a este punto. A nadie se le escapa la tibieza con la que Angela Merkel negoció durante su mandato tanto con Budapest, como como Varsovia. Del mismo modo, que Von der Leyen nunca habría sido elegida como Presidenta de la Comisión sin el apoyo de los eurodiputados húngaros y polacos. Estas razones han llevado durante los últimos años que la Comisión haya tratado de evitar por todos los medios llegar a este punto, lo que provocó incluso la demanda del Parlamento Europeo contra la Comisión en 2021 por inacción ante las violaciones del Estado de Derecho en Hungría y Polonia. Con estas medidas se pretende aislar a Hungría aún mas en el marco europeo.

Durante las próximas semanas veremos cuál será la reacción de Budapest. Probablemente intente lanzar, como ha hecho anteriormente, algún tipo de reclamación al respecto, y quizás intente bloquear alguna decisión en relación con cuestiones vinculadas a la guerra de Ucrania. Hungría depende y mucho de los fondos europeos, y Orbán es el que más, puesto que gracias a la recepción de estos ha conseguido tejer una serie de redes clientelares que le han permitido continuar en el poder desde 2010. A esto habría que añadir que la posición de Orbán en el contexto europeo se ha ido debilitando de manera progresiva desde su salida del Partido Popular Europeo, pero, sobre todo, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, que ha roto su estrecha colaboración con Polonia.

Tras este último movimiento de la Comisión el panorama geopolítico de la UE profundiza en la ruptura de las alianzas tradicionales. Así el eje Varsovia-Budapest-Roma que ya estaba dañado como consecuencia de la guerra y sus posiciones divergentes con Rusia, se rompe definitivamente. El golpe en la mesa es también un aviso a navegantes, Meloni y Morawiecki deberían darse por aludidos, sino al corto, al medio plazo una vez termine el conflicto. Pero también sigue dañando su posición Alemania, tras la errática política llevada a cabo por Merkel, que mirando hacia otro lado reforzó las posiciones de líderes con tendencias autoritarias.

Ahora hay que sumar las dudas mostradas por Scholz en torno a cómo afrontar las relaciones con Rusia y la involucración de Alemania en la guerra. Y, por último, Polonia, convertida en la gran beneficiada al haberse transformado en el país con más peso político en el Consejo como consecuencia de la guerra. Así las cosas, todo apunta una nueva vertical de poder en el marco de la UE que no debería dejar de preocupar: la que conforman aquellos más atlantistas que europeístas que apuestan todo mas a la militarización y a la otanización que al refuerzo del Estado de Derecho.

Y en este contexto la posición de España y otros países medianos va a ser determinante para establecer los equilibrios internos en el seno de la UE y ver si habrá capacidad para evitar el tsunami que viene desde el Este en forma de pinza euroatlántica y profundamente intolerante.