Durante las dos últimas décadas venimos asistiendo a escenas similares que, lamentablemente, se repiten cada cierto tiempo. Ante la falta de vías legales y seguras para llegar a territorio español a través de Ceuta y Melilla, se suceden los intentos saltando las vallas o a nado, con la respuesta habitual de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes que acaban con devoluciones en caliente, muertes y heridos. A continuación, ya es costumbre presenciar con estupefacción la falta de investigación y la ausencia de rendición de cuentas, dejando un clima de impunidad y dando rienda suelta a que se puedan repetir tragedias similares. Siempre con un claro tono de indiferencia y racismo institucional frente a las personas negras de origen subsahariano.

Tenemos recientes las imágenes estremecedoras de la masacre en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla del 24 de junio del año pasado. Ese día, la forma de actuar de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes contribuyeron a que más de 100 personas fallecieran o desaparecieran. Se realizaron al menos 470 devoluciones en caliente, según datos del Defensor del Pueblo. Se trata de la más reciente y a la vez la mayor tragedia en la frontera española con Marruecos en lo que llevamos de siglo XXI, y por el momento se pretende cerrar en falso con el archivo de la investigación por parte de la fiscalía, ninguna persona rindiendo cuentas por lo sucedido y ninguna medida para que no se vuelva a repetir. Pero lamentablemente no se trata de un hecho puntual.

Hoy es 6 de febrero y recordamos, porque no olvidamos, lo que sucedió en Tarajal en el año 2014. En aquella ocasión fueron 15 personas las que perdieron la vida cuando intentaban alcanzar a nado las playas de Ceuta, y otras 23 personas fueron devueltas de forma colectiva y sumaria a Marruecos. Curiosidades dramáticas de la vida hicieron que en el mismo mes de junio del año pasado en el que tuvo lugar la tragedia de Melilla, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no admitió los recursos de casación contra el sobreseimiento del caso de Tarajal y sus muertos, que, de momento, ha quedado sin verdad oficial ni justicia ni  reparación para las víctimas y sus familiares.

Pero si proyectamos nuestra memoria algo más atrás, a principios de este siglo, ya en 2005 fueron halladas muertas en la frontera 13 personas. Muchas más resultaron heridas, algunas mientras cruzaban las vallas fronterizas, otras a consecuencia de malos tratos a manos de miembros de la Guardia Civil española, quienes golpearon brutalmente a decenas de personas en territorio español y luego llevaron a cabo devoluciones sumarias a través de la valla que separa Ceuta y Melilla de Marruecos. Víctimas de aquellos hechos afirmaron que en lugar de recibir asistencia médica se les había expulsado al lado marroquí de la valla a través de las puertas de servicio, coincidiendo el relato, casi milimétricamente, con las casi 8 horas que pasaron las víctimas heridas de Melilla del año pasado sin recibir asistencia médica. omitiéndose  el deber de socorro.

En aquel año 2005, tan lejano y tan presente, denunciamos la falta de investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre cualquier incidente de muerte o lesiones causadas por el uso de la fuerza o de armas de fuego por parte de funcionarios  y la necesidad de poner fin a las expulsiones ilegales y sin observar los estándares internacionales de derechos humanos. Peticiones muy similares a las que tenemos sobre Tarajal en 2014 y Melilla en 2022, lo que denota un patrón común en todo este tiempo; la impunidad. Tampoco son los únicos momentos en los que se muestra cómo Ceuta y Melilla se han convertido en una especie de limbo sin derechos para las personas migrantes y refugiadas.

En los últimos cinco años se amontonan las violaciones de derechos, una de las más graves sin duda es la devolución a Marruecos de menores que llegaron a Ceuta y Melilla sin respetar el principio internacional del "interés superior del menor". Pero la lista es larga: alrededor de 5.000 devoluciones en caliente de Ceuta a Marruecos (año 2021), hacinamiento de más de 1.700 personas migrantes y refugiadas en el CETI de Melilla durante el confinamiento por la pandemia (2020), múltiples expulsiones ilegales a Marruecos como las 116 personas del África subsahariana devueltas en caliente desde Ceuta (2018), o las decenas de personas heridas en un intento de entrada en España de más de 400 personas recibidas a patadas y porrazos, de nuevo en el paso fronterizo de El Tarajal (2017).

Durante las dos décadas de este siglo se viene denunciando el imposible acceso a los puestos fronterizos, en particular para las personas de origen subsahariano o de países como Siria o Yemen, que deseen solicitar protección internacional, siendo la única opción viable la entrada de manera irregular: bien intentando saltar la valla, escondidas en vehículos, o a través del mar en peligrosas e inseguras embarcaciones, o incluso a nado, como vino a señalar la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa tras su visita a España el pasado mes de noviembre.

En especial, constatamos que el trato más cruel, inhumano y degradante se ha dirigido hacia personas negras. Expertos de las Naciones Unidas llevan también años expresando su preocupación por el trato discriminatorio que se dispensa a las personas subsaharianas en la frontera de Ceuta y Melilla. El 1 de noviembre de 2022, la Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia afirmó que la violencia de Melilla "revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, es decir, discriminación racial y violencia mortífera para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio, y de otras poblaciones no blancas".

Ante la peor tragedia en la frontera del pasado junio -que sucedió a la de Tarajal cuyo noveno aniversario se cumple hoy, sin que se haya hecho justicia- ha sido patente la preocupación de algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, de organismos internacionales y de la sociedad civil reclamando una investigación independiente y urgente, uniéndose también la voz de eurodiputados del Parlamento Europeo, igualmente el pasado mes de noviembre.

Tras el archivo de la fiscalía anunciado el pasado 23 de diciembre, el año ha comenzado con una Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos marcada por la ausencia de compromisos ni medidas concretas que permitan lograr alguna mejora en clave de derechos humanos, anclados en su apuesta por mantener la excepcionalidad de Ceuta y Melilla como fronteras sin ley.

Tras la cumbre, ambos gobiernos  han anunciado su pacto de silencio para "evitar lo que ofende a la otra parte", en un macabro ejercicio de complicidad que puede ayudar a  tapar de malas maneras las graves violaciones de derechos humanos de las que son corresponsables. Si los gobiernos español y marroquí siguen este camino, será necesaria una investigación internacional a cargo de Naciones Unidas. Desde la sociedad civil no pararemos hasta que haya justicia para las víctimas de estas dos décadas, y seguiremos trabajando para que las fronteras de Ceuta y Melilla dejen de ser un limbo jurídico donde campa a sus anchas la impunidad y la excepcionalidad.