La decisión de la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, de excluir de la reforma del artículo 49 de la Constitución el reconocimiento del Derecho Civil Valenciano ha generado un sentimiento de agravio en la sociedad valenciana cuyo efecto electoral es todavía ignorado por las encuestas, y previsiblemente será un nuevo elemento contrario a los populares.

El valencianismo político siempre se ha encontrado ninguneado por los grandes partidos políticos de ámbito estatal que lo han utilizado en función de sus intereses electorales, y ha sido el más agraviado del actual Estado de las Autonomías. Fruto de un pacto entre los principales partidos políticos de la transición, el Estatuto Valenciano se aprobó por la vía lenta del artículo 143 en 1983, y el reconocimiento de la Comunitat Valenciana como ‘nacionalidad histórica’ tuvo que esperar hasta la reforma estatutaria del año 2006, a pesar de haber sido el  reino medieval más dinámico de la antigua Corona de Aragón. Lo sucedido con el reconocimiento del Derecho Civil Valenciano se ha convertido en un nuevo agravio de las administraciones del Estado hacia la historia del pueblo valenciano, un agravio que se trató de recuperar en 2006 con la citada reforma del Estatuto de Autonomía.

No obstante, a raíz de las reformas se aprobaron tres leyes civiles (separación de bienes, custodia compartida y uniones de hecho). Las tres fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, pese a que el ahora eurodiputado, y vicesecretario general de Relaciones Institucionales, y competente en la materia de reforma constitucional, y valenciano, Esteban González Pons, se comprometió en 2008 a reactivarlo, y retirar los recursos del gobierno central. Quince años después continúa sin ser recuperado el Derecho Civil Valenciano, y las citadas leyes, y González Pons continua incumpliendo su promesa electoral.

El Derecho Civil Valenciano casi 316 años después de la Batalla de Almansa, sigue pendiente de su efectiva recuperación, pese a las previsiones del Estatuto desde 1982, con el agravante de que tras la reforma del Estatuto del año 2006, las normas civiles valencianas estuvieron vigentes entre los años 2008 al 2016 con las leyes de uniones de hecho, régimen económico matrimonial, o custodia compartida, normas que resultan aplicables todavía a casi 300.000 valencianos, al no tener efectos retroactivos las sentencias que anularon esas leyes en el año 2016. Esta situación genera una división entre valencianos, que se les aplica la normativa foral y aquellos que, pese a reclamarlo Les Corts Valencianes y 541 ayuntamientos por amplias mayorías casi unánimes, lleva paralizado más de tres años en el Congreso de los Diputados.

Y este bloqueo es más sorprendente si se tiene en cuenta que las principales fuerzas políticas estatales en la Comunitat Valenciana, con Carlos Mazón y Ximo Puig, a la cabeza, se han pronunciado a favor de la reforma, pero al coger el tren de Alta Velocidad Español (AVE) ese apoyo se va oscureciendo, especialmente en el área popular, donde Carlos Mazón, su número dos, y aspirante a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, y el gran referente valenciano popular, Esteban González Pons, se callan ante los designios de la dirección nacional popular, y las contradicciones de su presidente, Alberto Nuñez Feijoó, que en Galicia sí defiende su derecho civil propio, incluso con recursos de inconstitucionalidad, y en el caso valenciano, se pliega a los caprichos de Génova, y de las fuerzas vivas populares del madrileño barrio de Salamanca.

En el caso socialista, Ximo Puig sí que es partidario de una reforma constitucional, y según fuentes consultadas por este diario, sí que tiene el respaldo del PSOE para aceptar esta reforma, como enmienda al artículo 49 para eliminar el término disminuido de la Carta Magna. Así, la reforma únicamente está condicionada por el PP, con la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, a la cabeza, tras el sí del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la reforma.

De igual manera, el tercer partido de la Comunitat Valenciana, como es Compromís,  con su nuevo líder, Joan Baldoví se ha posicionado a favor, y está encontrando una nueva herramienta política para recuperarse tras la caída de Mónica Oltra, incluso arrancando una parte del voto valencianista tradicionalmente identificado con el PP-CV desde 1995.

Un historia de agravios

La negativa popular al reconocimiento en la Constitución del Derecho Civil Valenciano, tras las decisiones de los gobiernos Rodríguez Zapatero y Rajoy, es un nuevo agravio a la carencia de infraestructuras, el trasvase del Tajo-Segura, la deuda histórica, que la supera los 52.000 millones de euros derivados de la mala financiación autonómica, donde la Comunitat Valenciana es la nacionalidad histórica peor financiada, especialmente la provincia de Alicante.

De esta manera, la no reforma del Derecho Civil Valenciano, que requerirá el voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados, puede convertirse en un elemento decisivo para el resultado electoral en las elecciones valencianas del próximo 28 de mayo, a pesar de que no es cuestión que salga en las encuestas, pues, es ignorada desde Madrid.

Sin embargo, como se percibió en la concentración del pasado 26 de febrero en Valencia todos los representantes de la sociedad civil dijeron basta al ninguneo de la agenda valenciana. Desde el presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro, al líder de la UGT-PV, Ismael Sáez, además del presidente de los 100.000 falleros de la ciudad de Valencia, Guillermo Serrano, el presidente de la Asociación Cultura, Lo Rat Penat, Enric Esteve, tradicionalmente vinculada al PP, y el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, que claramente se postuló a favor de la reforma, pidiendo que no se vote a quien traicione a los valencianos.

Con estas incorporaciones a la defensa del Derecho Civil Valenciano, el PP-CV tiene un nuevo obstáculo en su intento de recuperar la mayoría electoral, que necesariamente exigiría el acuerdo con Vox, contrario a la descentralización autonómica. Por el contrario, Compromís se posiciona ante la sociedad como el defensor de los intereses valencianistas, y el PSPV-PSOE continúa posicionándose con el discurso de Ximo Puig como el mejor representante para acoger al voto moderado de Ciudadanos  con sus últimas decisiones políticas y económicas.