Llegamos a Almería el viernes. Hemos visto los dos mares, el de agua y el de plástico. Ambos impresionantes, brillantes y vivos. Uno azul y otro blanco. 

El primer invernadero se montó en Almería en 1963 como parte de un experimento para mejorar los rendimientos agrícolas. Los promovió el llamado Instituto Nacional de Colonización que posteriormente se convertiría en el Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA). Eran apenas 100 m2. Desde entonces la superficie bajo plásticos no ha dejado de crecer y en la actualidad Almería tiene 33.000 hectáreas de invernaderos, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía en 2021. La mayoría de ellos se encuentran en El Ejido, seguido de Níjar y Almería capital. 

Todos estos invernaderos producen cantidades ingentes de frutas y verduras que se exportan o se pueden consumir en nuestro país, todo a precios muy competitivos. Estas producciones generan mucho trabajo a lo largo del año, lo que requiere una enorme cantidad de mano de obra. 

Miles de personas vienen de fuera de España a trabajar en los invernaderos. La gran mayoría vienen de África –casi la mitad de Marruecos y la otra mitad del África subsahariana–. El trabajo actualmente se paga a unos 7,5 euros la hora si tienes papeles, y a 5 euros o menos si no los tienes.

Muchos de estos trabajadores están en movimiento pero varios miles de ellos se quedan anclados en las zonas de mayor producción, encadenando trabajos estacionales o esperando algunas semanas cuando no hay trabajo. Como resultado de esto se han desarrollado una infinidad de espacios extremadamente precarios en los que las personas viven en condiciones casi infrahumanas. Los más afortunados tienen una infravivienda propia en alguno de los asentamientos informales que existen. Con suerte serán cubículos hechos con ladrillos de hormigón y suelo de azulejo. En general serán más básicos y estarán compuestos por maderas y plásticos. El enorme riesgo en estos casos son los incendios, que son recurrentes, y muchos, provocados, y los desmantelamientos por parte de los ayuntamientos que de vez en cuando tienen lugar. El último fue el 30 de enero en Níjar, donde el ayuntamiento dejó sin hogar a más de 400 personas de la noche a la mañana. Muchas de ellas han encontrado refugio en otros asentamientos de la zona pero existe mucho miedo de que el éxito de este desmantelamiento dé lugar a más. Las personas que viven en estos espacios de chabolas lo hacen con el miedo permanente a quedarse sin nada de repente. Pero en los asentamientos por lo menos lo que tienen les pertenece. Fuera existen también cubículos en alquiler, incluso contenedores insalubres que ciertos propietarios ceden a los chavales a cambio de trabajo, en un ratio inhumano de inversión retorno. 

¿Por qué se quedan si sus condiciones de vida son tan espantosas? La gran mayoría lo hacen porque no tienen papeles y los quieren conseguir. Existe la mafia de los empadronamientos, de los contratos y en definitiva de los papeles. Personas que llevan años en situación irregular malviviendo presas de los escasos recursos que consiguen trabajando de sol a sol y de sus sueños de conseguir en algún momento el preciado carnet temporal. 

Acabamos nuestro viaje hoy con la amarga sensación de que algunas de nuestras frutas y verduras están manchadas de explotación en un país en el que toda la fuerza democrática parece que se diluye cuando se trata de hablar de personas migrantes.