Desde esta espacio siempre he sido especialmente duro contra las grandes superficies y resto de intermediarios que someten a los productores a una presión de precios asfixiante, llevando dos años violando impunemente la Ley de la Cadena Alimentaria y pagando por debajo de los costes de producción. Del mismo modo que exigimos al frente de la distribución, hemos de hacer lo mismo con los productores; la información que revela Santiago F. Reviejo nos dice que es imprescindible para dignificar el trabajo en el campo.
Con una producción anual de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas, Almería pasa por ser la huerta de España. Sin embargo, los datos nos dicen que el campo almeriense no sólo es fértil para estos deliciosos alimentos, también para el fraude empresarial que termina por explotar al trabajador y trabajadora. Desde la llegada del Gobierno de coalición, las inspecciones labores en el campo se han intensificado y han dado sus frutos; así, en los últimos cinco años se han impuesto sanciones a los empresarios del campo almeriense por valor de 14,5 millones de euros. En total, 11.043 trabajadores y trabajadoras afectadas por incumplimientos de la normativa laboral y de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El dato es escalofriante y nos dibuja una realidad en la que el empresario se aprovecha de la vulnerabilidad de quienes acuden al campo para ganarse la vida, especialmente de la población migrante, que según datos de CCOO supone el 98% de la mano de obra en los invernaderos de Almería. Más de 1.600 personas trabajando sin ningún tipo de contrato ni cotización social ilustran el modus operandi de una parte de los empresarios del sector primario en esta región.
La hipocresía es otro elemento que ha encontrado en Almería un campo fértil para crecer, porque se da la circunstancia de que Vox y sus mensajes xenófobos y racistas se han hecho fuertes en esta Comunidad y, sin embargo, al mismo tiempo que la región da su apoyo electoral a la extrema derecha también se explota a las personas migrantes que desprecian en público con el fin de lucrarse. Es un cinismo de manual, que condena a quienes trabajan nuestros campos al chabolismo.
Se mire desde la perspectiva que se mire, la realidad almeriense es negativa para todo el mundo, comenzando por el propio sector, pues los productores legales que cumplen con sus obligaciones encuentran una competencia desleal en un mercado que ya tiene per se unas condiciones complicadas. Del mismo modo, precariza aun más la vida en el campo, desincentivando que haya personas que quieran trabajarlo y fomentando la miseria de la población migrante a la que se somete a un régimen de semiesclavitud.
El fraude millonario nos afecta a todas y todos, pues con estas malas prácticas la Hacienda pública y la Seguridad Social pierden ingresos de varias decenas de millones de euros. En pleno debate del impuesto a los más ricos y de la reforma de las pensiones, detener hemorragias económicas de esta índole es imperativo. Presentar como detonante de estos fraudes la presión de las cadenas distribuidoras no es una justificación admisible. Dicho lo cual, la connivencia del ministerio de Agricultura con estas grandes cadenas, a las que recientemente impuso una sanción de calderilla por haber incumplido la Ley de la Cadena Alimentaria, es igualmente inadmisible. El campo, los productores en su conjunto -incluida la pesca- son una de nuestras mayores riquezas y seguir dándoles la espalda solo puede hacer germinar pobreza.