Ya es oficial. Dos meses después de haber anunciado su intención de trasladar su sede social a los Países Bajos, la junta de accionistas de la empresa otrora española Ferrovial ha aprobado este jueves 13 de abril dicha operación. Y todo ello a pesar de las valoraciones negativas por parte del Gobierno, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de buena parte de la población española, que ven dicho movimiento como una especie de traición a España después de todo lo que le ha dado a esta empresa. Y es que la multinacional no sería lo que es si no llega a ser por todos los recursos que ha recibido del Estado y de la sociedad española durante varias décadas.

Recordemos que Ferrovial nació durante la dictadura franquista y que en sus orígenes se dedicaba casi exclusivamente a obra pública. Durante esa época las licitaciones públicas no las ganaba la empresa que estuviese mejor preparada para realizar la obra pública, sino la que tuviese mejores vínculos con los burócratas. Por eso, Ferrovial, que en su momento no tenía mucha relevancia empresarial ni económica, erigió su imperio al calor de estos vínculos políticos opacos y antidemocráticos. Es decir, no estamos hablando de la típica empresa que -según el mantra capitalista- habría nacido y crecido en un garaje y por mérito propio de su creador; estamos hablando de una empresa que triunfó básicamente por acercase al poder dictatorial español.

Y no sólo al dictatorial, también al democrático surgido de la mediocre transición realizada en los años 70 y 80 del siglo pasado. Para que nos hagamos una idea, desde el año 1991 Ferrovial ha facturado más de 9.000 millones de euros simplemente en contratos con el Estado español (este dato no incluye a las administraciones públicas autonómicas y locales, donde la empresa tiene otros miles de contratos). Y no es que lo haya hecho de una forma regular y transparente precisamente: según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, Ferrovial ha estado 32 años (que se dice pronto) llegando a acuerdos con empresas de su sector para repartirse las licitaciones públicas a precios más elevados de los que arrojaría un proceso competitivo entre ellas. Es decir, que ha vulnerado sistemáticamente la legislación sobre competencia para ganar más dinero, encareciendo por el camino la factura pública que recae sobre todos los contribuyentes españoles. Y, ojo, que esto es sólo lo que conocemos; a saber qué más hay por ahí. Porque resulta que mientras se producían todas estas alteraciones de contratos públicos, la fundación de la familia propietaria de Ferrovial -la Fundación Rafael Delpino-, iba contratando a excargos del organismo que se encargaba de velar por la competencia. Las puertas giratorias de siempre: si tú acabas contratando a alguien que estaba vigilando tu actividad, lo evidente es sospechar que le estás devolviendo un favor.

Pero las prácticas irregulares y corruptas que enriquecieron a Ferrovial a costa de los recursos públicos españoles no quedan ahí. Durante el gobierno de José María Aznar la multinacional recibió ayudas fiscales que fueron declaradas ilegales por la Unión Europea y que todavía a día de hoy sigue estudiando la justicia. Además, esta empresa es habitualmente puesta de ejemplo paradigmático en los cursos de formación sobre evasión fiscal. De hecho, en los últimos tres años esta empresa no ha pagado ni un solo euro en impuesto de sociedades, el tributo que grava los beneficios empresariales. Y de los últimos diez años, sólo ha pagado este impuesto en tres ocasiones. Y no es porque no haya obtenido beneficios durante esos años, sino porque, por un lado, se acoge a acuerdos internacionales de doble imposición que reducen notablemente su factura tributaria ya que supuestamente pagan impuestos en otros países (en los que, por cierto, pagan muchos menos de lo que pagarían aquí) y, por otro lado, porque activan los créditos fiscales que les otorga el Estado español los años en los que registra pérdidas (otra ayuda pública sin la que no podrían haber llegado a donde han llegado).

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Ahora Ferrovial dice que traslada su sede social a los Países Bajos por motivos económicos, pero eso es clara y absolutamente falso. Si, como dicen, le interesara cotizar en los Estados Unidos, lo podrían hacer sin modificar su sede social, ya fuese a través de los ADR como hacen medio centenar de valores desde 1997 (como, por ejemplo, BBVA, el Banco Santander o Iberdrola) o a través de un nuevo procedimiento acordado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si, como dicen, le interesara un país que tuviese una calificación crediticia máxima, hubiesen elegido Alemania, la economía mejora valorada por los mercados financieros, no los Países Bajos. Si, como dicen, trasladan su sede social porque ya tienen poca actividad en España, se trasladarían a cualquier país donde tienen importantes negocios y plantillas como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Polonia, donde tiene más de 6.000 empleados; no a los Países Bajos donde sólo tiene, ojo, seis empleados.

Entonces, ¿por qué se van a los Países Bajos en realidad? Pues, como todo el mundo sabe, porque allí van a pagar menos impuestos. Una de las pruebas que demuestra eso es que Ferrovial, antes de decidirse por los Países Bajos, pensó en mudar su sede social a Luxemburgo o Irlanda, dos paraísos (o guaridas) fiscales así reconocidos por las asociaciones internacionales dedicadas a la justicia fiscal pero también por el Parlamento Europeo. Otra prueba evidente es que los Países Bajos ofrecen muchas ventajas fiscales: menor pago de cotizaciones sociales, menor pago por dividendos, el aplazamiento del IVA a la importación, menor pago por los intereses de préstamos entre filiales, mayor número de tratados bilaterales internacionales de protección de inversiones (15 más que España), etc. No por casualidad las organizaciones que luchan por la justicia fiscal sitúan a este país como uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo.

Ferrovial se va a los Paraísos Fiscales Bajos para pagar menos impuestos, pero no lo pueden reconocer. ¿Por qué? Porque si lo hicieran no se podrían acoger al beneficioso régimen tributario especial de fusiones y adquisiciones con el que se ahorrarían un voluminoso pago de impuestos, ya que sólo está pensado para transacciones motivadas por motivos económicos, no tributarios. Y la cuestión no es baladí: estamos hablando de una diferencia estimada de 3.300 millones de euros en pago de impuestos. Por supuesto, Hacienda hará todo lo posible por analizar el caso y descubrir si hay truco en esta operación, pero ya sabemos que Ferrovial tiene un ejército de abogados especializados que tratarán por todos los medios de probar que la mudanza no se realiza para eludir impuestos. Y tal y como demuestra la historia, desgraciadamente suelen salirse con la suya.

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Aquí tenemos el enésimo caso de una gran empresa que se aprovecha todo lo que puede de la sociedad y de los recursos públicos de un país, incluso a través de prácticas corruptas, y que lejos de disimular y guardar las apariencias, se ríe en toda la cara de los españoles mudándose a otro país.