El Gobierno confiaba en poder llegar a 160 pymes industriales, pero finalmente sólo 41 empresas se han lanzado a probar la jornada de cuatro días aprovechando el plan de ayudas confeccionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con ayudas de hasta 200.000 euros para el primer año de piloto, la iniciativa busca demostrar cómo es posible trabajar menos horas sin mengua de sueldo, pero tampoco de productividad. Bravo por esas 41 empresas valientes que abren paso a una mejora.
Catalunya será la Comunidad Autónoma referente, pues hasta once empresas se han sumado a este programa piloto. La buena noticia es que no son las únicas, porque otras seis lo han hecho en Andalucía; cuatro tanto en Galicia como en Euskadi; tres en Asturias, Navarra y Canarias y una tan sólo en regiones como Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura e Illes Balears. Resulta especialmente llamativo cómo en una Comunidad como Madrid, que por su centralidad y en parte el dumping fiscal que ejecuta concentra a un gran número de empresas, tan sólo dos empresas se han acogido al plan.
Esta iniciativa del Gobierno no es pionera, pues País Valencià ya puso en marcha el año pasado ayudas a empresas para reducir su jornada laboral un 20%. Más País tuvo el coraje de plantear el asunto en el Congreso y desde entonces se ha iniciado una carrera de fondo que se topa con diferentes obstáculos. El primero, claro está, es esa mentalidad conservadora del empresariado español, de desconfianza hacia sus trabajadores y trabajadoras y, por su puesto, de avaricia.
La filosofía que hay detrás de esta propuesta de cuatro días es cuidar al trabajador, fomentar su bienestar para, de este modo, que sea más productivo. En esencia, producir más en menos tiempo, algo que en la cabeza de muchos empresarios chirría. El mejor ejemplo lo encontramos en la todopoderosa Telefónica, que quiso apuntarse un tanto reduciendo un 20% la jornada laboral, pero también recortando proporcionalmente el sueldo, y se estrelló. Apenas un 1% de su plantilla optó por la medida que, básicamente, era una reducción de jornada de toda la vida. En Desigual la medida tuvo mayor calado, pese a reducir el sueldo un 6,5%. Mercadona, por su parte, es otra con el músculo necesario que ha descartado la medida.
Buena parte de quienes llevan las riendas de las empresas en España creen que si en cuatro días su plantilla es capaz de producir lo mismo que en cinco es que todavía tienen margen para apretar más a sus trabajadores. No alcanzan a comprender que un trabajador más descansado, más relajado y que se siente cuidado por sus jefes, produce más, arrima el hombro. No lo entienden con la jornada de cuatro horas como tampoco con el teletrabajo.
Durante la pandemia, el trabajo remoto salvó de la quiebra a muchas empresas. Los empleados y empleadas no sólo estuvieron a la altura, si no que numerosos estudios demuestran que realizaron más horas extras sin remunerar de las que venían haciendo antes de la pandemia. Esta prueba de fuego para dejar fuera de dudas que por teletrabajar la productividad, no sólo no se reduce, sino que aumenta, no ha bastado al empresariado español. Nuestro país vuelve a caer a cifras de teletrabajo prepandemia, muy por detrás de la media europea.
Aunque ocho de cada diez trabajadores quieren teletrabajar, lo cierto es que comenzamos a recuperar los niveles anteriores a 2020, cuando únicamente un 7,3% teletrabajaba a diario y un 5,3% varias veces a la semana. Adiós a las posibilidades de conciliar, de reducir el tiempo en transporte hasta el lugar de trabajo y, con ello, las emisiones de CO2...
Por otro lado, no podemos obviar tampoco la desconfianza, incluso del empresariado más progresista, hacia las ayudas del Estado. Esta es otra de las razones por la que de los 3.000 trabajadores a los que el Gobierno confiaba en favorecer con su programa piloto de jornada de cuatro días, únicamente alcanzará a 503. De hecho, de las 165 empresas que llegaron a solicitar información, finalmente, ni siquiera el 25% ha solicitado las ayudas.
Existe demasiada burocracia y, sobre todo, los plazos para el cobro de las ayudas se dilatan tanto en el tiempo que, a la postre, la empresa tiene que subsistir a pulmón, sin esa respiración asistida durante mucho tiempo. Dotar a un plan, como es el caso, de más de 9,6 millones de euros es más de lo que venía haciendo la derecha, muy dada a anunciar planes sin dotación presupuestaria. Es un primer paso nada despreciable; el siguiente es ejecutarlo realmente en tiempo y forma.
Las empresas acostumbradas a trabajar con la Administración Pública -de cualquier nivel- saben perfectamente que no hay peor pagador que ésta, incumpliendo incluso la ley con periodos medios de pago a proveedores superiores a los 60 días. La reflexión que realizan es tan lógica como inmediata: si la Administración se demora en pagar por lo que se ha trabajado, ¿cuánto tardará en abonar por lo que ni siquiera ha obtenido contraprestación?
Reducir esa burocracia y, muy especialmente, los plazos de ejecución de las ayudas es esencial para ir limando resistencias empresariales a programas como éste en cuestión. Por este motivo es tan importante aplaudir y valorar a esas 41 empresas que sí han tenido el coraje de solicitar las ayudas, porque son ellas, junto con las otras que al margen de este programa ya se han embarcado en la jornada de cuatro horas, las que nos abrirán camino hacia un entorno laboral más amable y, con ello, a una mejor sociedad que no desfallece en asomar cuando pueda por las grietas del capitalismo salvaje.