El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Santa María de Cayón a tramitar y resolver “de forma expresa en plazo” la nulidad del nombramiento del jefe de Obras del Consistorio, que fue realizado por el equipo de Gobierno del PP, y que actualmente ya está cesado. La sentencia, contra la que cabe interponer recurso y a la que ha tenido acceso eldiariocantabria.es, señala también que se tendrá que remitir el expediente al Consejo de Estado y que “la falta de tramitación en plazo permitiendo la caducidad supondrá un incumplimiento del fallo que permitirá el inicio de actuaciones de ejecución forzosa con medidas coercitivas contra las autoridades responsables”.
De este modo, el juzgado avisa al actual equipo de Gobierno, liderado por la ex ‘popular’ Pilar del Río, que de no tomar iniciativa y dejar que el procedimiento ‘muera’ por silencio administrativo, se enfrenta a una multa.
El proceso judicial fue iniciado por la titular de la plaza de arquitecto del Ayuntamiento, que denunció la desestimación del Consistorio por silencio administrativo de sus solicitudes de revisión sobre el nombramiento de este jefe de Obras. Como recoge la sentencia, el titular de este cargo, ya cesado, fue nombrado arquitecto interino en sustitución de la funcionaria, que “pasó a la situación de comisión de servicios especiales con reserva de puesto” entre 2016 y 2020. Cuando se reincorporó a su plaza se produjo el cese del funcionario interino, pero el gobierno municipal del PP decidió mantener a este funcionario y nombrarlo “en el puesto de encargado de obras y cometidos múltiples”, una decisión que se produjo “sin proceso selectivo alguno” y desde la bolsa de empleo del arquitecto municipal.
No solo eso, sino que el Ayuntamiento “procedió a la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) para transformar” esta plaza en una “jefatura de servicio con complemento de destino 29”. La sentencia recoge también que, posteriormente, el equipo de Gobierno local “volvió a nombrar” a este funcionario “por segunda vez y sin proceso selectivo alguno como jefe de obras y servicios interinos”.
Dos decisiones que la propia Secretaría municipal ya señaló, en un informe de mayo de 2020, que eran “nulas de pleno derecho”. Por ello, el Ayuntamiento “inició procedimiento de revisión de oficio por nulidad radical”, aunque solo de la modificación de la RPT. Sin embargo, “este procedimiento caducó sin ser resuelto expresamente”, lo que dio lugar a la reclamación y posterior denuncia de la arquitecta municipal.
Para el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón se limitó a “no dar trámite”, lo que “materialmente equivale a una inadmisión, ya que ni siquiera existe dictamen preceptivo del Consejo de Estado”. Sin embargo, el juez considera que “todos los informes indicios apuntan a la existencia de esas causas de nulidad radical”, y aunque afirma no poder anular el nombramiento del jefe de Obras, sí ordena esa “retroacción de las actuaciones” e insta al Ayuntamiento de Cayón, con la amenaza de una multa, a tramitar esa nulidad de forma expresa, pues “la denegación por silencio es contraria a derecho”.
INJERENCIAS
Este medio se hizo eco a principios de 2022 de los dos escritos remitidos por la arquitecta municipal al Ayuntamiento durante el año anterior en relación con el jefe de Obras, “cubierto de urgencia” por el alcalde en 2018, Gastón Gómez, quien fue condenado e inhabilitado por prevaricación. En ellos, la titular de la plaza denunciaba que el entonces jefe de Obras firmaba trabajos e informes como arquitecto municipal “en una clara falta de competencia material y formal”, exigiendo su cese por la “continua intervención e injerencia”. El segundo de estos escritos fue dirigido a un equipo de Gobierno que ya encabezaba la actual regidora, Pilar del Río, aunque en aquel momento bajo las siglas del PP. En ambos casos, el silencio fue la única respuesta.
Lo cierto es que lo ocurrido con este puesto ya fue tema de debate en un Pleno municipal en el que PRC y PSOE, entonces en la oposición, llegaron a solicitar un escrito sobre la legalidad del procedimiento, ya que el trabajador encargado de obras no era funcionario. En aquel momento, el entonces alcalde defendió todo el procedimiento argumentando la necesidad de “no perder” a un empleado con el que “estamos muy contentos”.
