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Aborto Cruzar la frontera hacia España para abortar: la realidad de muchas mujeres en Gibraltar

La legislación del Peñón penaliza el aborto con prisión de por vida para la mujer por lo que muchas gibraltareñas se ven obligadas a cruzar la frontera para acudir a clínicas españolas. Su Parlamento planea debatir un proyecto de ley que amplíe los supuestos en los que está permitido aunque los movimientos pro-vida están dando el resto para impedirlo.

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Foto de archivo. El Peñón de Gibraltar. EFE

No importa el tiempo que pase, Rosalina Olivera siempre recordará aquel día de hace 11 años en el que descubrió que estaba embarazada. Se le cayó el mundo encima. Entonces ya tenia dos hijos con un hombre que la maltrataba y con el que no quería seguir. Estaba decidida a abortar.

Rosalina es ciudadana británica y reside en territorio británico pero, aunque en Reino Unido el aborto es libre dentro de las 24 primeras semanas de gestación, ella vive a 2.372 kilómetros de Londres, en Gibraltar, y El Peñón tiene su propio Gobierno electo y su propio parlamento que dicta sus propias leyes. Y allí el aborto es ilegal. Fiona de Londras, activista y profesora de estudios jurídicos de la Universidad de Birmingham, asegura rotunda a Público: “La criminalización del aborto es uno de los legados más antiguos y generalizados del Imperio británico”; y todavía hoy sigue vigente incluso dentro de sus fronteras.

La legislación contra el aborto de Gibraltar es una de las más restrictivas del mundo; más incluso que la de Irlanda del Norte, explica a Público Mara Clarke, miembro de la asociación Abortion Support Network : “En Gibraltar la ley es solo un poco más draconiana, ya que el único supuesto en el que se permite el aborto es para salvar la vida de la mujer”.

De ahí que en sus 6,8 kilómetros cuadrados no haya ninguna clínica que lo practique y que el Servicio de Asesoramiento británico sobre el Embarazo (BPSA) tampoco tenga oficina en este territorio. Como nos confirma uno de sus portavoces: “No tiene sentido ya que la ley, tal y como está redactada, exige que todos los abortos se realicen en el hospital”. Se refiere a la Ley de Actos Criminales de 2011 de la legislación gibraltareña, que establece que la mujer que se someta a un aborto puede ser condenada a una pena de prisión de por vida; el médico que lo practique, a cadena perpetua; y quien suministre cualquier sustancia o instrumento sabiendo que va a ser utilizado con ese fin, a hasta 5 años de cárcel.

Mara Clarke: "El único supuesto en el que se permite el aborto es para salvar la vida de la mujer"

Bajo esa amenaza, las opciones de Rosalina se limitaban a dos: comprar la píldora abortiva por Internet de manera ilegal y tomársela en su casa sin ninguna supervisión médica o viajar fuera de Gibraltar para someterse a una intervención. Como muchas otras mujeres hicieron antes y muchas siguen haciendo hoy, optó por acudir a España y abortar en una clínica privada.

Nicole Banda, miembro de la plataforma No More Shame (No más Vergüenza), asegura: “Se sabe que la mayoría de mujeres de Gibraltar accede al servicio en España pero se hace la vista gorda” porque, añade: “No tener una legislación que prohiba el aborto no detiene el aborto, solo hace que se produzca en circunstancias peligrosas o en otros lugares”.

Eva Rodriguez es la directora médica de Ginesur, la única clínica privada que practica el aborto legalmente en La Línea de la Concepción, y nos confirma que entre sus pacientes hay mujeres procedentes de Gibraltar y que la criminalización a la que se ven sometidas puede llegar a afectar a su salud: “En el caso de la interrupción farmacológica, por ejemplo, deberían volver a una segunda consulta a los quince días de haberse tomado la píldora para confirmar que todo ha ido bien, pero no siempre vuelven”. Y por miedo a ser delatadas, ya de vuelta en Gibraltar, tampoco van al hospital cuando creen que no; que algo no ha ido bien.

Manifestación del movimiento No More Shame. / NO MORE SHAME

¿Esperanzas de cambio?

Podría ser, aunque en esta tierra algunas cosas van despacio. Como explica Nicole Banda, Gibraltar, al igual que Irlanda del Norte, “son pequeñas comunidades religiosas conservadoras y eso hace que el progreso social se demore un poco más”.

Por increíble que parezca, hasta hace sólo dos años en Gibraltar era imposible incluso comprar la píldora del día después en la farmacia sin la receta de un médico; el matrimonio homosexual sólo es legal desde diciembre de 2016 y hasta 2012 la edad de consentimiento para mantener relaciones homosexuales era 18 años, dos años más que que en el caso de las heterosexuales.

Aún así, parece que el Gobierno se ha puesto las pilas. Aunque sólo sea después del toque de atención dado por la Corte Suprema de Reino Unido al gobierno de Irlanda del Norte diciendo que leyes como la suya son “incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos”.

Hace dos años era imposible incluso comprar la píldora del día después en la farmacia sin receta

A raíz de eso, el ejecutivo ha presentado una propuesta de ley que plantea varios supuestos en los que el aborto sería legal, como en caso de violación. A favor del cambio estaría el 77% de los gibraltareños, según una encuesta  realizada en 2018 por Gibraltar Broadcasting Corporation, el servicio público de radiodifusión del Peñón. Ahora, la propuesta del gobierno todavía está esperando para ser debatida en el parlamento donde, por cierto, solo dos de sus 17 diputados son mujeres.

Ante el temor de un cambio, las voces en contra están más activas que nunca. El obispo de Gibraltar, el reverendo Carmelo Zammit, ha asegurado a BBC que: “Si la ley permite el aborto, entonces la gente va a empezar a pensar que no hay nada malo en el aborto”. Y el pasado jueves el movimiento pro-vida de Gibraltar celebró una concentración en la que recogió firmas para intentar paralizar el debate con argumentos como que “leyes similares introducidas en otros países han dado como resultado el fin de la vida de uno de cada cinco bebés en el útero”. Dicen que no van a detenerse hasta que consigan parar la reforma.

En realidad el texto no convence del todo a nadie. Para los grupos que reclaman el fin de la prohibición “si bien no es perfecto, es una mejora de la ley existente“, sostiene Nicole, aunque como aclara Fiona: “El aborto seguirá siendo un delito".

Y eso hace temer aún más otra amenaza: el brexit. Como explica Fiona de Londras, cruzar a España no solo acarrea para las mujeres “una situación de vulnerabilidad”, también “puede suponer problemas financieros y retrasos”. Esto último todavía es controlable porque, al tratarse de dos territorios miembros de la Unión Europea, a día de hoy el único problema para cruzar de un lado a otro de la verja suele ser el tiempo de espera en los controles policiales. Pero con todos aún pendientes de ver en qué términos se produce el brexit, el temor es que tras la salida del Reino Unido de la UE, eso también acaben pagándolo las mujeres.