Ocurrió en 2015 en Irlanda del Norte. Una adolescente de 15 años pide ayuda a su madre: sufre abusos físicos y psicológicos por parte de su pareja, se ha quedado embarazada y no quiere tenerlo. La mujer no lo duda y, aunque no cuentan con ningún asesoramiento médico y sabe que lo que está haciendo es ilegal, compra una píldora abortiva por Internet para su hija. A partir de entonces el objetivo es poner fin a la relación y acuden juntas a su médico de familia para que las oriente. El tema de la píldora sale en esa conversación y poco después la madre recibe la visita de la policía. Luego llega la citación judicial. Ahora está pendiente de conocer la sentencia; se enfrenta a cinco años de prisión.

Porque aunque esta esquina de la isla de Irlanda sea parte de Reino Unido, su legislación sobre el aborto es bien distinta a la del resto del país. La normativa que legalizó la interrupción del embarazo en Reino Unido en 1967 durante las primeras 24 semanas no se aplica en este territorio.

Por eso, como apunta escandalizada a Púbico la activista y profesora de política social de la Universidad del Ulster, Goretti Horgan: “La legislación que regula el aborto en Irlanda del Norte es incluso anterior a la invención de la bombilla”. Se trata de la Ley de Ofensas Contra las Personas del año 1861 , un texto que establece que toda mujer que actúe con el fin de interrumpir su propio embarazo o cualquier persona que lo haga por ella “se mantendrá en la servidumbre penal de por vida”.

El único supuesto en el que el aborto no es ilegal es cuando la vida de la mujer está en peligro o si existe un riesgo permanente o grave para su salud física o mental. Da igual que el embarazo sea fruto de una violación, un incesto o que los médicos tengan la certeza de que el feto morirá antes, durante o después del parto. La situación es tan surrealista que, como denuncia la diputada laborista Stella Creasy: “La víctima de una violación que aborte puede enfrentarse a un pena mayor que el violador”.

Aunque hasta ahora nadie ha sido encarcelado por someterse a un aborto o practicarlo, cualquiera que resulte condenado por ello no podrá trabajar con niños o personas vulnerables ni podrá ejercer ningún puesto que requiera estar libre de antecedentes penales graves.

Naciones Unidas considera esta legislación una “grave y sistemática violación de los derechos de las mujeres” y el propio Tribunal Superior de Belfast dictaminó que infringe la Convención Europea de Derechos Humanos. Con esa misma idea y el respaldo de un estudio que dice que el 75% de los británicos cree que la ley debería modificarse, Amnistía Internacional se ha puesto al frente del movimiento #NowForNI para reclamar que el momento del cambio ha llegado.

Porque, como asegura a Publico la activista Mara Clarke: “Aunque es como comparar la muerte con la guillotina -porque en ambos casos es horrible- la ley en Irlanda del Norte es incluso peor que en Alabama dado que también criminaliza a las mujeres y no solo a los médicos”.

“Supone poner en peligro la vida y la salud física y mental de la mujer -señala Goretti Horgan- porque aquella que tenga un embarazo insostenible hará cualquier cosa, incluso arriesgando su vida, para ponerle fin”. Se refiere al hecho de que la mayoría recurre a comprar por Internet la píldora abortiva sin haber hablado antes con un médico porque “los médicos no ayudan a las mujeres”, nos cuenta. “Hay algunas que se han enterado a las 20 semanas de que sus bebés morirán al nacer a las que les han dicho: ‘no voy a arriesgarme a ir a la cárcel por ayudarte’, así que tienen que irse a Gran Bretaña para poner fin a un embarazo muy deseado pero que ha salido trágicamente mal”, añade.

“La gente piensa que un aborto es algo horrible, terrible y traumático pero no tiene por qué serlo”, nos cuenta Mara, que añade: “Lo que es absolutamente horrible es que tu país de origen te haga sentir como un criminal y te obligue a cruzar fronteras para acceder a esa atención”.

Y la denuncia del médico no es la única que amenaza a las mujeres. Pendiente de una sentencia que podría llegar a los 3 años de cárcel está también la joven a la que sus compañeras de piso denunciaron en 2016, cuando tenía 21 años, por haber tomado la píldora abortiva. El miedo se impone porque no informar de un delito, también es delito en Irlanda del Norte.

28 mujeres viajan cada semana a Inglaterra para abortar

Siguiendo los pasos de Sarah, hasta 1.053 mujeres procedentes de Irlanda del Norte llegaron a Inglaterra y Gales para someterse a un aborto el año pasado, 192 más respecto a 2017. Un incremento significativo al que habría contribuido el hecho de que, ese mismo año, el parlamento británico aprobó que la intervención estuviera cubierta por el servicio publico de sanidad (NHS) en Inglaterra -luego se sumaron Escocia y Gales. Para Goretti, “que las mujeres de Irlanda del Norte puedan someterse a abortos gratuitos en Gran Bretaña pero sean arrestadas si los tienen allí es una situación hipócrita”.

Con esa misma palabra define la situación Mara quien, además de ser activista, está al frente de la asociación Abortion Support Network, que proporciona asistencia a las mujeres que viajan para abortar: “Es todo hipocresía. Practicar un aborto contra la ley no detiene el aborto, solo evita que las mujeres pobres aborten; las mujeres embarazadas con dinero tienen opciones y las mujeres sin dinero tienen bebés”.

Porque, aunque ahora ya no tengan que hacer frente a los entre 500 y 2.500 euros que puede costar un aborto en una clínica privada -dependiendo de lo avanzado de la gestación-, “hay que pagar los vuelos, el hotel o la guardería de sus otros hijos mientras están fuera”, apunta Mara.

¿Por qué la ley es distinta al resto del país?

Irlanda del Norte tiene las competencias de sanidad transferidas pero este territorio lleva dos años y medio sin gobierno y su asamblea sin reunirse, así que no hay parlamento que puede intervenir. Aunque, como insiste Goretti: “Si hubiera asamblea, todos sabemos que nunca aprobaría una ley para legalizar el aborto; la política sectaria domina Irlanda del Norte”, añade rotunda.

La única esperanza está en que el parlamento británico y el gobierno intervengan. ¿Y por qué no ocurre? Por lo de siempre, porque hay otros intereses de por medio: el Partido Democrático Unionista (DUP), de ideología profundamente religiosa, no sólo es el más importante de la región, también el actual socio de gobierno de los conservadores en Westminster y como Theresa May los ha necesitado durante todos estos años, no ha movido un dedo para molestarlos.

De ahí el contraste en las cifras: frente a esas 1.053 mujeres norirlandesas que se sometieron a un aborto en 2018 en Inglaterra y Gales, sólo 13 lo hicieron en Irlanda del Norte bajo el único supuesto de riesgo grave para la mujer.