A Natalia Manso le cuesta seguir el hilo de las denuncias idénticas que le ha interpuesto su exmarido en la laberíntica justicia de Perú, donde su caso ejemplifica el acoso judicial, otro tipo de violencia machista practicada de manera silenciosa pero sistemática en este país.

Esta española residente en Lima desde 2011 ha pasado los dos últimos años entre comisarías, fiscalías y juzgados, una agotadora batalla legal frente a los 11 procesos judiciales que le abrió su expareja, de los que se ha tenido que defender con otras siete querellas.

"Es una campaña sistemática de desgaste. A él no le importa que archiven las denuncias. El objetivo del acosador judicial no es ganar juicios, es anularte como persona al causarte estrés, ansiedad y nervios", cuenta Manso, asturiana de Oviedo y madre de dos hijas de 12 y 9 años.

En Perú puede presentarse la misma querella en diversas instancias (comisarías, jugados, fiscalías) y cada una sigue un curso paralelo, lo que obliga a hacer las mismas declaraciones y diligencias tantas veces como la denuncia esté repetida.

"Ellos acosan, hostigan y desquician a la persona que cuida a sus hijos, por lo que también es una forma de violencia indirecta contra los niños", advierte Manso, empresaria y profesora universitaria.

"Es más grave si eres extranjera con hijos menores de edad que no tienen otra familia en el país. Las denuncias son misiles contra la estructura familiar, un rizo del rizo de la violencia", agrega.

Todo comenzó cuando su exmarido incumplió aspectos del convenio de divorcio, entre ellos permitir que sus hijas viajasen una vez al año a España. Ella lo denunció por violencia psicológica y fue entonces cuando le llovieron las demandas por la vía penal.

"Una cree que, cuando se corta la relación, se acaba el maltrato, pero no", reflexiona Manso.

Un informe inédito

Tras pedir sin éxito ayuda al consulado de España, donde le dijeron que no podían intervenir al estar enjuiciada, Manso acudió como último recurso a la Defensoría del Pueblo. Para su sorpresa, ésta emitió un contundente informe.

"Al verlo lloré. Por primera vez alguien se había tomado el tiempo de escuchar la historia completa y había entendido este patrón sistemático de abuso", recuerda al borde de las lágrimas.

La Defensoría del Pueblo cree que la solución pasaría por un sistema integrado para identificar y agrupar en un mismo proceso las denuncias

El inédito documento reconoce que Manso es hostilizada judicialmente por su exmarido, que hace "un mal uso del sistema, saturándolo aún más".

Como solución pide un sistema integrado para identificar y agrupar en un mismo proceso las denuncias, y reclama al Ministerio de la Mujer registrar todas las querellas que reciben las mujeres denunciantes de violencia.

"Hemos descubierto una violencia judicial con un ejercicio abusivo del derecho contra las víctimas que tiene que parar. Esto genera más carga de violencia no solo del agresor sino del sistema, que no está funcionando como debería ser", lamenta la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría, Eliana Revollar.

"Miedo" a las represalias

"Tengo miedo", confiesa Manso tras publicarse el informe, porque "a nosotras es muy fácil tildarnos de locas y de querer protagonismo. Pero tengo dos hijas y no quiero que cuando crezcan tengan un novio maltratador y piensen que eso es amor".

También está "abrumada e impresionada" porque le han escrito "muchísimas mujeres, bastantes extranjeras, no solo españolas sino también colombianas, venezolanas y mexicanas que han sido igualmente 'empapeladas' por sus exparejas" en Perú.

Una es Carolina Nogal, otra española que vivió un calvario judicial después de denunciar a su marido por violencia física y de separarse de él tras un violento episodio.

La respuesta fueron cuatro denuncias: estafa, sustracción de menor y violencia física y psicológica, unidas a un intento para cancelar su residencia legal para separarla de su hija.

"Había empezado una guerra todavía más cruel", recuerda Nogal, que llevaba una agenda para no olvidarse de todas las audiencias, pericias y declaraciones que se le acumulaban, y hasta en ocasiones hacía ella misma los escritos al juez porque no podía pagar a un abogado.

Sistema violento y corrupto

"Piensas que puedes encontrar protección en el sistema, pero la realidad es muy diferente", afirma Nogal, que hace dos años volvió a Ávila con su hija y aún tiene abiertos en Lima varios de los 17 procesos donde se vio envuelta.

Cuando pidió garantías de protección, cuenta que las autoridades le dijeron que sería "por las puras" (en balde), pues "eres bonita y tu marido siempre te va a celar".

Otro día, la persona que le tomaba una declaración la amedrentaba diciendo que acabaría en la cárcel para terminar sugiriendo que si no tenía dinero lo podían "arreglar de otra forma". Esta fue una de las varias propuestas sexuales que recibió de funcionarios de justicia durante su calvario.

"Empecé a querer desaparecer del mundo, porque ya no es un agresor, es que hay montones de agresores que aprovechan tu situación de vulnerabilidad para intentar sacar ventaja de ti", denunció.

Para Nogal, esta situación "horrorosa" se da porque "hay una mente psicópata que no quiere dejar de tener poder sobre ti y es ayudada por un sistema que lo ve y no hace absolutamente nada. Ese perfil, el de alguien con dinero y con la idea de hacerte daño, es el ideal de los abogados corruptos", concluye.