El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado este jueves las diligencias previas que abrió a los 33 jueces firmantes del manifiesto a favor del derecho a decidir, tras una denuncia presentada por Manos Limpias.

En concreto, el archivo lo ha adoptado el llamado Promotor de la Acción Disciplinaria -una figura de nueva creación, obra de Alberto Ruiz-Gallardón-, que ahora se ejerce en solitario la competencia constitucional de este órgano en materia disciplinaria sobre los jueces y magistrados, en lugar de una comisión de cinco vocales del CGPJ como era hasta ahora.

El Promotor, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado este jueves la información previa que abrió el pasado mes de febrero a los 33 magistrados y jueces firmantes del llamado Manifiesto por el derecho a decidir y que ejercen en Catalunya.

El acuerdo de archivo expresa que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, en el Manifiesto, aisladamente considerado y en función de los datos en poder de Fonseca-Herrero "no puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española"

"En definitiva, dan su opinión jurídica en defensa del derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos, de decidir sobre posibles jurídicos, conducta que, como se acaba de adelantar, debe quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión", añade el texto.

Por todo ello, el Promotor concluye que no se puede incoar expediente disciplinario a estos 33 jueces firmantes y archiva la información previa.

A pesar de este archivo, Fonseca-Herrero entra después en "el plano de la deontología profesional" para calificar la actuación de los 33 jueces como de "censurable" a los que acusa de menoscabar la confianza de los ciudadanos en la judicatura, según una nota de prensa difundida por el CGPJ.

La razón de este menoscabo de la confianza de los ciudadanos en los jueces y magistrados se debe, según Fonseca-Herrero y esencialmente, porque los 33 jueces "parten de una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional cuando, en forma implícita", vienen a reconocer a Catalunya "la cualidad de sujeto jurídico y político soberano al afirmar tajantemente que: ‘Hay que partir de un hecho que -pensamos- no admite discusión: Cataluña es una nación...' ‘Este hecho -la realidad nacional de Cataluña- radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006'".

La decisión de Fonseca-Herrero ha sido notificada tanto a los 33 jueces afectados por estas diligencias que les abrieron por firmar el Manifiesto como al denunciante, Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias.