Panamá está en ebullición. Tras varias semanas de huelgas y marchas de varios sectores sociales contra las políticas neoliberales del presidente José Raúl Mulino, el país centroamericano se encuentra en una encrucijada de difícil salida, la mayor crisis social que se recuerda en los últimos 30 años. La reforma de las pensiones que abre la puerta a la privatización del sistema ha sido el detonante de unas protestas alimentadas también por el memorándum de entendimiento firmado con la Administración de Donald Trump y la reapertura irregular de una gigantesca mina de cobre.

Mulino ha respondido a las protestas con mano de hierro. La Policía se ha ensañado salvajemente con los manifestantes en las calles mientras en los despachos se diseñaba la persecución judicial contra los dirigentes sindicales. Es un hecho inaudito en una democracia que un representante de los trabajadores se vea obligado a pedir protección en una embajada. Saúl Méndez, secretario general de Suntracs (el sindicato de la construcción), pidió asilo hace unas semanas en la legación diplomática de Bolivia en Ciudad de Panamá. Jaime Caballero, otro dirigente sindical, se encuentra preso en la cárcel de La Joya, un penal que alberga a delincuentes peligrosos. Genaro López, también del Suntracs, tiene orden de prisión domiciliaria y, como si se tratara de un forajido del Lejano Oeste, a Erasmo Cerrud el Gobierno ultraderechista de Mulino le ha puesto precio a su cabeza: 10.000 dólares de recompensa a quien aporte información sobre su paradero. La persecución del sindicalismo no se queda ahí. El Gobierno ha bloqueado las cuentas bancarias de Suntracs para asfixiar las finanzas del gremio. La cúpula sindical ha movilizado a sus abogados, pero la justicia en Panamá no es independiente. Mulino ha colocado a su antiguo abogado, Luis Carlos Gómez Rudy, al frente de la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación. Todo queda en casa.

El estallido social se ha extendido por todo el país. La región noroccidental de Bocas del Toro ha estado bloqueada por las protestas de los trabajadores de la empresa Chiquita Brands -filial de una multinacional estadounidense- contra la reforma de las pensiones. La compañía, que acapara el 90% de la producción bananera del país, ha despedido a 5.000 empleados de una tacada y se ha declarado en suspensión temporal de actividades. La Iglesia ha aceptado mediar para tratar de destrabar el conflicto. Por su parte, los docentes mantienen una huelga desde hace más de un mes, y varias comunidades indígenas han protagonizado marchas contra los planes del Gobierno que afectan al desarrollo de sus economías locales, como la ampliación de embalses para el Canal de Panamá que seca sus ríos. Varios caciques (autoridades indígenas) han sido detenidos y represaliados por la Policía de Mulino, que ha irrumpido en los asentamientos de los pueblos originarios a sangre y fuego. Así sucedió, con un saldo de varios heridos, en la localidad de Arimae, en la provincia de Darién, habitada por indígenas de la etnia Emberá-Wounaan.

La reforma jubilatoria, origen de la crisis

El Gobierno ultraderechista de Mulino aprobó en marzo la ley que reforma la Caja del Seguro Social (CSS), una norma que entierra el modelo de solidaridad intergeneracional y abre la puerta a la privatización del sistema. "La ley se aprobó sin consultar a nadie. Los que están detrás de todo esto son los grupos de la oligarquía financiera. Se trata de hacer negocios con las pensiones de los trabajadores, que van a ver reducidos sus ingresos mientras el sector privado se hace con más de 11.000 millones de dólares, una cifra que se multiplicará conforme pasen los años", se lamenta Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical Independiente (CONUSI), la asociación que aglutina a la mayoría de los gremios panameños. Andrade atiende a Público desde Ginebra, donde se encuentra para participar en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las denuncias presentadas ante este organismo han fructificado. Panamá ha sido incluido en la lista de los 24 países que más violan la libertad sindical.

Al mismo tiempo, y presionado por las élites económicas panameñas, Mulino ha incumplido una sentencia de la Corte Suprema que establecía la clausura de una mina de cobre a cielo abierto (Cobre Panamá, la mayor de Centroamérica, ubicada a 120 kilómetros al oeste de la capital) explotada por la empresa canadiense First Quantum Minerals. La Justicia determinó en 2023 que el contrato firmado por el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la compañía canadiense era inconstitucional. La reapertura de la mina supone una clara apuesta por el retorno de la economía extractivista que tanto añoran esas élites.

Sumisión a Trump

Otro de los frentes abiertos por el Gobierno es el memorándum de entendimiento firmado en abril entre Panamá y Estados Unidos, un pacto que demuestra, según los movimientos sociales, una subordinación total de Mulino ante Trump. El acuerdo establece un marco de "cooperación" entre ambos países mediante el que Washington se arroga el derecho de utilizar instalaciones militares en Panamá y desplegar sus tropas con fines de "entrenamiento". En la práctica, supone la reapertura de tres bases militares estadounidenses en territorio panameño.

Nada más llegar al poder, Trump fanfarroneó con la idea de recuperar la administración del Canal de Panamá (que Estados Unidos cedió a finales de 1999). Mulino declaró en un principio que la soberanía del país estaba por encima de todo, pero eran sólo vanas palabras. Washington ha vuelto a poner una pica en el anhelado paso interoceánico. Paralelamente, el mandatario ultraderechista rompía, bajo presión de la Casa Blanca, el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. Esta renovada sumisión de Panamá a los intereses de la Casa Blanca ha reactivado en el país el recuerdo de la sangrienta invasión estadounidense de 1989, que derrocó al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico.

Para Enoch Adames, sociólogo e investigador de la Universidad de Panamá, la protesta social es la última expresión de una crisis sistémica que se remonta a lo que denomina el "régimen post-invasión". "Hay una restauración conservadora mediante la cual la oligarquía logra en estos momentos una importante articulación política y económica. Lo que vemos ahora es una profundización de ese proceso de neoliberalismo agresivo, un modelo político excluyente que reduce la participación ciudadana a un mero acto electoral", explica Adames a Público desde Ciudad de Panamá. La reforma de las pensiones, el memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reapertura de la mina de cobre se enmarcarían así dentro de esa estrategia de exclusión de amplios sectores sociales en favor de una élite empresarial "rentista y especulativa". "El memorándum altera la neutralidad del país y es abiertamente anticonstitucional -sostiene Adames-. Mulino no quiso establecer alianzas multilaterales y prefirió plegarse a Trump, es decir, una sumisión hacia fuera y una agresión constante hacia dentro".

El “macartismo” de Mulino

José Rául Mulino, un abogado empresarial de 65 años que ocupó varios ministerios durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014), llegó al poder en julio de 2024 tras ganar las elecciones por un exiguo 34% de los votos. Su victoria fue claramente dependiente del electorado de Martinelli, hoy exiliado en Colombia y condenado en Panamá por corrupción. Con menos de un año de mandato, la popularidad de Mulino se ha desplomado, pero su permanencia en el poder se sustenta en los sólidos apoyos que recibe de las élites empresariales y en la militarización del país para apagar el descontento social. Lejos de buscar consensos para zanjar la crisis, ha optado por reprimir a los manifestantes, ocupar zonas de comunidades indígenas y perseguir a toda voz disidente. Mulino ha tildado de "mafiosos" a los sindicalistas y no parece dispuesto a negociar ninguna de sus reivindicaciones.

La salida al conflicto político y social que sacude Panamá se antoja, por tanto, complicada. "La crisis está trancada, en parte por la naturaleza del bloque de poder, económico y político. Si la crisis toca fondo, no hay actividad económica y cae el consumo, la estabilidad del Gobierno podría tambalearse. Pero no hay que olvidar que Mulino tiene una visión maniquea de la realidad. Le mueve la confrontación. Para él, todos aquellos que no le apoyan son comunistas, terroristas o agentes chinos. Estamos inmersos en una etapa de macartismo inaceptable. El presidente es incapaz de tender puentes, sólo pretende radicalizar las políticas neoliberales", señala Adames, quien se confiesa pesimista ante la situación que atraviesa su país.

Andrade, por su parte, lo fía todo a la presión popular. Hay varios sectores sociales implicados en la crisis: obreros, campesinos, docentes, ambientalistas, estudiantes, comunidades indígenas... Juntos conforman la alianza Pueblo Unido por la Vida. El dirigente sindical confía en que entre todos puedan doblegar al Gobierno: "Hemos planteado un juicio político contra Mulino en la Asamblea Legislativa por traición a la patria. Las acciones de nuestro movimiento van en aumento pese a la represión. Habrá más marchas y más bloqueos. El pueblo ha decidido luchar".