A diferencia de lo que ocurre en España, en Argentina las amnistías no protegen de los delitos de lesa humanidad. Así lo confirmó esta semana la Corte Suprema de Justicia en el fallo que decreta la inconstitucionalidad de los indultos que el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) concedió a tres figuras emblemáticas de la dictadura argentina (1976-1983): el ex dictador Rafael Videla, responsable además del golpe de Estado de 1976; el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de la Hoz, cerebro de la estrategia económica que impulsó el régimen de represión durante aquellos años, y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

En la resolución emitida el pasado miércoles, la Corte hizo alusión a otro proceso, el caso Mazzeo, para recordar que "los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional". Por eso, los estados están "obligados" a "esclarecer [los delitos] y a identificar a sus culpables", de acuerdo a los tratados internacionales.

El máximo tribunal del país también recordó su pronunciamiento en otros dos casos en los que declaraba "la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de las leyes conocidas como de obediencia debida y de punto final [las leyes de la impunidad decretadas por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989)]".

Poco margen de maniobra pueden tener ahora Videla, Martínez de la Hoz y Harguindeguy que, gracias a la amnistía presidencial, durante 20 años estuvieron al resguardo de un proceso judicial en el que los tres habían sido imputados. Fue conocido como el caso Gutheim, y en él se investigaba el secuestro en 1976 de dos empresarios algodoneros (padre e hijo), que fueron forzados a negociar un contrato de exportación favorable al régimen que reprimió a los argentinos durante siete años.

Aquel juicio fue paralizado con los indultos de Menem. En 2006 dos organizaciones de derechos humanos solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos que amnistiaban a Martínez de la Hoz y a Harguindeguy, sumándose al recurso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pidió que también se anulara el indulto a Videla.

Consciente de que puede ser procesado por delitos de lesa humanidad en cualquier momento, Martínez de la Hoz publicó ayer un anuncio en dos de los principales diarios de Argentina definiéndose como víctima de una "persecución interminable". "A partir de que el ex presidente Kirchner pidió públicamente mi encarcelamiento el 24 de marzo del 2006, diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo", añadía. "En Argentina el Estado de derecho está reducido a una mera apariencia", se atrevía a decir.