El juez Roberto Andrés Gallardo instó al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, a que en el plazo de dos días explique cómo se utilizaron los datos biométricos de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y otras decenas de personas que fueron trasladados desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia administraciones que dependen de su cartera.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo 2 de la Ciudad de Buenos Aires instó al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta "para que en el plazo de dos días, explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el ministerio a su cargo".

En su resolución, el juez enumeró los 62 casos sobre los cuales pidió explicación a D'Alessandro, entre los que se destacan los casos del Presidente, la vicepresidenta, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la titular del PRO, Patricia Bullrich; la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros. El listado incluye también a empresarios, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes gremiales, políticos, periodistas y legisladores.

El juez Gallardo instó a D'Alessandro a explicar cómo se usaron los datos biométricos luego de que el ministro porteño saliera a cuestionar las medidas dispuestas por el magistrado tras disponer la suspensión del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires por supuestas irregularidades en su manejo.

En su resolución, el juez citó las declaraciones del ministro el pasado martes, mientras se desarrollaban allanamientos, cuando dijo que el magistrado hizo "una gran ensalada como si hubiera hecho una gran investigación". El ministro también declaró que se puede "decir la IP y la persona que hizo cada consulta" en cada caso.

Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

El sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del ReNaPer siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que actualmente serían unas 40 mil personas. Entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial.