Hasta los opositores le reconocen un apoyo popular tan elevado como insólito para un presidente de Argentina. Es cierto que hace solo seis meses que asumió en reemplazo de Mauricio Macri (2015-2019), pero es evidente que Alberto Fernández se mueve con fluidez en las aguas de una gestión sin grandes sobresaltos desde que asumió al frente del Gobierno el 10 de diciembre de 2019.

La percepción positiva se ha visto fortalecida por la rápida reacción del mandatario para decretar una cuarentena que entró en vigor apenas cuatro días después de que España declaró su propio estado de alarma. En Argentina se llamó "aislamiento social, preventivo y obligatorio", y todavía rige en la ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, donde en total vive el 40 % de los habitantes, y en otras regiones puntuales del país.

El éxito se traduce en los pocos fallecimientos (785) y contagios (28.764) que ha causado el coronavirus frente a la situación descontrolada que presentan otros países de la región, como Brasil o Chile. La inmensa mayoría de la población, el 85%, ha pasado a otra fase denominada "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", así que la presión por flexibilizar una cuarentena que al menos se extenderá hasta el 28 de junio se concentra en ciertos sectores de la zona metropolitana más habitada del territorio. Ese apremio no llega de sus gobernantes locales. La capital está comandada por un opositor, referente de la fuerza que llevó a Macri al poder y que tiene sus propias aspiraciones presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta. Pero Alberto se cuida de que comparezca a su lado cada vez que ha realizado un anuncio de relevancia, y el alcalde de la ciudad no parece estar incómodo.

El único malestar que se inmiscuyó en esta relación tan idílica surgió justo esta semana, cuando Larreta permitió a los vecinos de la ciudad a que salieran a correr desde el lunes entre las 20h y las 8h. Sucedió algo similar en España cuando a finales de abril los niños fueron autorizados a salir a la calle en el primer día de desescalada: portadas al día siguiente en varios medios de comunicación con imágenes del aluvión de personas apelotonadas sin respetar la distancia de seguridad. El Gobierno restringió desde entonces el tráfico en los alrededores de los principales parques de la ciudad.

A nivel nacional han surgido algunos conatos de rebelión ante las sucesivas extensiones de la cuarentena anunciadas por el presidente. Unas 300 personalidades del ámbito académico, cultural y científico firmaron una carta que llevaba por título "La democracia está en peligro" y que advertía de una "infectadura", pero más controversia generó el empleo de este término que el contenido de la misiva en sí.

En todo el territorio siguen prohibidas en todo el país las clases presenciales de cualquier tipo, así como el transporte interurbano o interprovincial. Permanecen clausurados centros comerciales, cines, teatros, bibliotecas y en general, cualquier espacio público o privado que implique una concurrencia de personas. No está claro si los vuelos internacionales se retomarán a mediados de agosto o ya en septiembre.

Deuda

Hay otro asunto que también explica la benevolencia con la que se evalúa la administración actual, y es la reestructuración de la deuda externa. Argentina extendió hasta el 19 de junio la oferta de canje que caducaba este viernes, y acumula así tres prórrogas para intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores.

La nación sudamericana pisa fuerte en este terreno. Tiene el apoyo de Naciones Unidas e incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya advirtió que el país tiene poco margen para mejorar su proposición y que le da la razón al Gobierno al señalar que de otra manera la deuda argentina se vuelve insostenible.

En este afán, Argentina espera canjear 66.238 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera. La propuesta inicial sugería tres años de gracia, planteaba una quita de 62 por ciento en los intereses y un alivio de 5,4 por ciento en el capital, lo que en total representa un alivio de 41.500 millones de dólares. Pero las conversaciones actuales con los acreedores, en ese tira y afloja de sus respectivas posiciones, se mantienen en secreto. El FMI es a su vez prestatario de 48.000 millones de dólares que adquirió Macri en los últimos dos años de su Gobierno, pero esta deuda no será abordada de momento.

Nacionalización

El asunto más espinoso que afronta el Gobierno ha sido provocado por el propio Ejecutivo. No había trascendido ni siquiera en los meandros sinuosos que tiene todo ámbito político, así que fue una sorpresa cuando Alberto Fernández anunció el pasado lunes la intervención y el proyecto de estatizar uno de los consorcios cerealeros más relevantes del país: el Grupo Vicentín.

El propio jefe de Estado previó el estruendo que iba a generar su decisión cuando anticipó que la oposición ya tendría "oportunidad de compararnos con Venezuela, con el infierno y con todas las otras cosas" por el intento de expropiar esta compañía, fundada hace 90 años en la provincia de Santa Fe (centro-este).

La magnitud de esta empresa agroindustrial hace que tenga a su cargo más de 7.000 empleados y posea intereses en una veintena de firmas en negocios tan dispares como la producción de lácteos, zumo, vino, ganado o el procesamiento de algodón. Es la principal compañía de molienda de oleaginosas por capacidad, la mayor productora de biodiésel y una de las principales agroexportadoras del país, dentro de un sector dominado por multinacionales.

A finales del año pasado, sin embargo, Vicentín cayó en cesación de pagos y tres meses después pidió la apertura del concurso de acreedores. La compañía arrastra un pasivo de 1.350 millones de dólares. El 80 % de la deuda que mantiene con el sistema financiero la contrajo con el Banco público Nación, que le otorgó 288 millones de dólares. El 40 % de ese monto fue concedido en noviembre, un mes antes de que la empresa declarase su "estrés financiero".

La justicia investiga en la actualidad las irregularidades de esta empresa que en 2019 facturó 4.200 millones de dólares y que curiosamente fue la principal aportante de la fuerza con la que Mauricio Macri salió derrotado ante Alberto Fernández en las elecciones primarias de agosto de ese año. En la causa están imputados los responsables de la firma y el último presidente del Banco Nación durante la gestión del expresidente, Javier González Fraga.

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo autónomo que investiga los delitos financieros, sospecha que Vicentín fugó sus ganancias al exterior y pidió este viernes que se impute también a Mauricio Macri por lavado de activos. Mordaces comentarios de varios representantes de la oposición atribuyeron la idea de expropiar Vicentín a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), impulsora de las nacionalizaciones de Aerolíneas Argentinas, en 2008, y de la petrolera YPF, en 2012. Lo desmintió el propio jefe de Estado, pero entre los adversarios políticos se cuestiona la capacidad de mando de un presidente que no tenía capital político propio hasta que lo puso en carrera la que hoy es la número 2 del Ejecutivo.

El Gobierno encara ahora el que será uno de sus desafíos más delicados en un sector tan sensible como el campo, que aporta 4 de cada 10 dólares que ingresan al país a través de las exportaciones, y que a punto estuvo de provocar la renuncia de Cristina Fernández cuando intentó subir los impuestos a las exportaciones en 2008.