Asalto al CapitolioLa fórmula legal para destituir a Trump tras el asalto al Capitolio

"Así es como se disputan las elecciones en las repúblicas bananeras", clamó este miércoles el expresidente republicano George W. Bush en un comunicado después de que el Congreso fuera asaltado por los seguidores de Donald Trump. La deriva de la polarización trumpiana había alcanzado su paroxismo y lo hacía en el corazón mismo de la democracia americana. El senador republicano Mitt Romney y candidato a presidente en 2008 fue aún más lejos y afirmó que "lo que ha pasado en el Capitolio ha sido una insurrección incitada por el presidente de los Estados Unidos". Ante esta situación, la pregunta que emergió casi inevitablemente no fue otra que: ¿puede el país destituir a su propio presidente incluso a 13 días de terminar su mandato? La Constitución estadounidense tiene la respuesta y ésta es afirmativa.

Jamás se ha recurrido a esta opción en la historia del país

La clave reside en la enmienda 25, en concreto en su cláusula cuarta. El vicepresidente de Estados Unidos puede invocarla si estima que el presidente no está en sus capacidades para ejercer el cargo. Sin embargo, jamás se ha recurrido a esta opción en la historia del país. En el caso de que Pence se decida, el vicepresidente habría de tener primero el apoyo de la mayoría del gabinete presidencial. De ser así, informarían al Congreso y al Senado de la presunta incapacidad de Donald Trump y éste sería destituido, pasando Pence, en este caso, a asumir la presidencia, que apenas mantendría unos días, puesto que el 20 de enero, según establece la constitución, Joe Biden tiene que tomar posesión del cargo. En cualquier caso, la CNN informó de que diversos miembros del gabinete presidencial habían empezado a discutir esa opción a última hora de la noche en Washington.

Si una vez que sucede esta transferencia de poderes tras aplicarse la enmienda,  la disputa pasaría al Congreso y el Senado, que tendrían que someterlo a votación y necesitarían dos tercios de cada cámara para ratificar a Pence como presidente. De no lograr esas cotas, en este escenario supuesto, Trump volvería a la Presidencia.

Hasta ahora sólo se han usado otras cláusulas de la enmienda 25 y siempre para otros contextos muy diferentes. Esta enmienda no se usó hasta los años setenta. En esa década, se recurrió, por un lado, a la cláusula primera para proceder al nombramiento del vicepresidente Gerald Ford como presidente en 1974 tras la dimisión de Richard Nixon, y por otro, a la cláusula segunda cuando en dos ocasiones se necesitó de un mecanismo legal para ocupar sendas vacantes vicepresidenciales.

La sección tercera ha sido la más recientemente utilizada. Permite a los presidentes transferir brevemente sus poderes al vicepresidente por casos de incapacidad transitoria, como las operaciones con anestesia general. Ronald Reagan y George W. Bush recurrieron a ella por este motivo. Cuando Trump se contagió con coronavirus en octubre se especuló con la posibilidad de que invocara esta cláusula precisamente y diera temporalmente a Pence los poderes presidenciales.

Aparte de la enmienda 25, otra opción teórica para destituir a Trump sería lanzar de nuevo un proceso de revocación, el famoso impeachment, pero la legislatura termina en menos de dos semanas y no habría tiempo para ejecutar el proceso, que suele ser muy proceloso. Con todo, la congresista por Minesota, Ilhan Omar aseguró en un tuit publicado tan pronto que ya se había puesto manos a la obra. "Estoy redactando los artículos del impeachment. Donald J. Trump debería ser revocado por la Cámara de los Representantes y destituido por el Senado. No podemos permitirle permanecer en su puesto, se trata de preservar nuestra República y necesitamos cumplir con nuestro juramento", anunció.

"Esto no es ley y orden, es el caos y el gobierno de la mafia"

E el escenario actual en el que Biden tomará posesión el próximo día 20, la enmienda sería la única realista. De hecho, que Pence pueda invocarla a tenor de lo acontecido en el Capitolio hace que diferentes sectores y personalidades empiecen a alzar la voz para reclamarla a las claras. Los más destacados fueron el aliado de Trump y presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes, Jay Timmons; Karl Racine, el fiscal general del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington; y los gobernadores de Vermont e Illinois, el republicano Phil Scott y el demócrata J.B. Pritzker, respectivamente. También se lo reclamaron por carta a Mike Pence la mayoría de los diputados demócratas del Comité de Justicia de la Cámara de los Representantes, según informó The Wall Street Journal.

Timmons señaló sin ambages en un comunicado que Pence debería "seriamente considerar trabajar con el gabinete presidencial para invocar la enmienda 25 para preservar la democracia". Y no se quedó ahí, sino que quiso ser especialmente duro con Trump: "Esto no es ley y orden [en alusión al tan cacareado lema del todavía presidente]. Esto es el caos. Es el Gobierno de la mafia. Es peligroso. Esto es sedición y debe ser tratado como tal. El presidente saliente incitó a la violencia en un intento de retener el poder y cualquier líder elegido que lo defienda está violando su juramento a la constitución y rechazando la democracia en favor de la anarquía".

"Le pediría al vicepresidente que por favor dé el siguiente paso"

En cuanto a Racine, el fiscal general de la capital del país fue tajante también: "Tanto si a uno le gusta o no el vicepresidente Mike Pence, lo cierto es que está más capacitado para gobernar [que Trump]. Necesitamos un comandante en jefe [cargo oficial que tiene también el presidente de Estados Unidos] que cumpla con sus responsabilidades constitucionales", declaró a la CNN Racine, quien concluyó: "Le pediría al vicepresidente que por favor dé el siguiente paso. Cumple con tu tarea. Protege a Estados Unidos, defiende la democracia e invoca la enmienda 25".

Son argumentos parecidos a los empleados por los gobernadores Scott y Pritzker. Éste aseguró: "No hago estas declaraciones a la ligera: dos semanas son mucho tiempo para que Trump siga en su puesto, donde él puede seguir incitando a la violencia. No tengo dudas de que sus esfuerzos para animar a un golpe representan una alta traición a esta democracia y a la constitución". Scott acusó a Trump de "orquestar una campaña para causar una insurrección y alterar unas elecciones legales" y sostuvo que Trump "debería dimitir o ser depuesto por su gabinete o por el Congreso".

Entretanto, politólogos de universidades estadounidenses lanzaron en internet una carta abierta reclamando también la activación de la enmienda. En apenas unas horas, había logrado más de 600 adhesiones. En la carta admiten que su profesión "busca comprender la política, no vincularse a ella, pero", añaden los firmantes, "compartimos un compromiso hacia los valores democráticos", y es por este motivo por el que llaman "al Congreso de Estados Unidos, al vicepresidente Mike Pence y a los miembros del gabinete presidencial a destituir a Donald J. Trump de su puesto a través de un impeachment o invocando la enmienda 25".

"Las acciones del presidente", aseguran los politólogos, "amenazan la democracia estadounidense. [Trump] ha rechazado hacer una transferencia pacífica de poder, ha animado a los congresistas y senadores a subvertir el resultado de las elecciones en sus respectivos estados, ha presionado al funcionario de un estado para que altere el resultado de las elecciones y ahora ha incitado una violenta revuelta para asaltar el Capitolio y tumbar el recuento de los votos del colegio electoral". La misiva concluye: "Las acciones del presidente muestran que está incapacitado o no quiere cumplir con su juramento de proteger y defender la Constitución. Debe ser destituido inmediatamente".

Un editorial publicado tras los distubrios en The Washington Post decía: "El presidente no está capacitado para ejercer su función en los próximos 14 días. Cada segundo que retiene los vastos poderes de la presidencia es una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. Trump provocó el asalto al Capitolio. Debe ser destituido".

La enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos fue aprobada por el Congreso en 1965 y ratificada por los estados en 1967. La norma se promovió tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, un acontecimiento que introdujo al gobierno de entonces en la incertidumbre de cómo suceder a un presidente si éste perdía la vida, la conciencia o sus capacidades estando en ejercicio.