El arma quedó a escasos centímetros del rostro de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando Fernando Sabag Montiel, un hombre de 35 años de origen brasileño y residente en el país desde los 6, accionó el gatillo dos veces, sin que ninguno de los proyectiles saliera de la recámara. Argentina se salvó de un magnicidio, pero el ataque contra la figura política de mayor relevancia que tiene el país ha creado una zozobra de consecuencias imposibles de calibrar todavía.

El agresor, que exhibe tatuajes neofascistas y tenía antecedentes penales por tenencia ilícita de armas, fue reducido al momento, pero pasaron largos minutos en los que nadie pareció haber tomado dimensión del peligro en el que se encontraba la expresidenta (2007-2015). Ni ella, que continuó saludando y firmando autógrafos a los simpatizantes que se habían acercado hasta su vivienda en la ciudad de Buenos Aires, ni su custodia, que todavía permitió a su protegida encaramarse sobre un automóvil y sonreír una vez más a sus seguidores, cuando había estado a un tris de perder la vida.

A juzgar por los símbolos grabados en su cuerpo, los primeros indicios llevan a pensar en "un atentado políticamente motivado" por un "adepto a las ideas neonazis", plantea a Público el doctor en Ciencia Política Julio Burdman. Este analista descarta la premisa de que sea un loco suelto. "Aun si llevó el ataque de manera individual, esta persona forma parte de un universo de sentido que adhiere a ideas radicalizadas y esa adhesión se convirtió en un acto político político extremista", afirma. "Esto es tema de análisis político, no psicológico".

Un juicio de fondo

Dos catalizadores del atentado observa Burdman, director de la consultora de estudios políticos y sociales Observatorio Electoral y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El primero es "el discurso hiperpolarizado de la Argentina contemporánea, con discursos de radicalización muy fuertes que se cuelan dentro del debate político".

El diputado Francisco Sánchez, perteneciente al principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, reclamaba hace unos días la pena de muerte para la vicepresidenta tras conocerse que la fiscalía pide doce años de prisión en el juicio en el que está encausada por el supuesto direccionamiento de la obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz (sur) durante los años de su Gobierno y los de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

A tenor de este proceso judicial, arreciaron las amenazas de muerte contra Cristina Fernández en algunas marchas opositoras. Algunas, con megáfono en mano. Otras recurrieron a simbologías más explícitas, como la horca.

"Otro aspecto no menor es el desmanejo del operativo de seguridad en torno a la vicepresidenta", pondera Burdman. El especialista refiere que la vicepresidenta quedaba en situación de vulnerabilidad cada vez que entraba y salía a pie de su vivienda, situada en un edificio que no tiene aparcamiento propio. "Desde hace doce días, cuando comenzaron las manifestaciones a favor y en contra frente a su domicilio por la causa judicial que tiene por actos de corrupción, toda la logística fue un caos".

La discusión política sobre la seguridad de la exmandataria se enroscaba en la disyuntiva de si su seguridad dependía de la Policía Federal, bajo la esfera del Gobierno nacional, o la de Buenos Aires, manejada por la jefatura de Gobierno (alcaldía) de la capital, en manos opositoras.

Dentro del contexto latinoamericano, Argentina manifestaba muy poca violencia política, pero en los últimos tiempos se han apreciado "señales de polarización en el discurso público y una creciente disposición a tomar posiciones extremas y muy encontradas, con un profundo descreimiento de las credenciales democráticas del otro", considera el también doctor en Ciencia Política Juan Negri.

Ante el pedido de condena contra la vicepresidenta, "se vio cierta radicalización de los seguidores de cada lado", explica a este diario Negri, director de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Di Tella. "Los votantes del kirchnerismo creen que es una operación contra ella, y los votantes del macrismo creen que es completamente corrupta y que debe ser condenada".

El intento de asesinato de Cristina Fernández, que fue a su vez una tentativa de feminicidio político, la coloca en condición de víctima, por más que esta situación exaspere a quienes se han puesto a hacer cálculos políticos sobre la ventaja que puede tener la vicepresidenta en las elecciones generales del año que viene. "Esto podría traer mayor polarización, si el Gobierno no está a la altura y empieza a atacar a la oposición como antidemocrática, y si la oposición, en vez de condenar el hecho, trata de sacar rédito", observa Negri.

Punto de inflexión

Para el politólogo Javier Cachés, consultor y docente de la UBA, en la noche del jueves "se cruzó una línea que no se había cruzado nunca desde el regreso de la democracia, al poner la violencia en el centro de la agenda como vehículo para dirimir cuestiones políticas".

Desde la capitulación de la dictadura (1976-1983), "los partidos políticos y la sociedad civil ingresaron en la democracia construyendo un gran consenso que invalidaba y deslegitimaba la violencia política como un medio parar resolver cuestiones de poder", recuerda.

Cachés observa los primeros focos de radicalización a partir de 2008, cuando Cristina Fernández mantuvo un pulso con patronales y productores agropecuarios para aumentar las retenciones a los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de captaciones móviles de acuerdo con su precio internacional, lo que casi le costó la presidencia. "A partir de entonces, Argentina vive una dinámica de polarización política común generalizable a otras democracias modernas", sostiene este analista. "Pero como se ve en otros países, esa división política en dos bandos cada vez más enfrentados y separados tiene una dinámica asimétrica, en el que un bando, el bloque de poder que va del centro a la derecha, se ha radicalizado más que su antagonista, en este caso el peronismo".

Este movimiento, con Cristina Fernández a la cabeza, "ha sido objeto de campañas permanentes de estigmatización y deslegitimación, con discursos de odio cada vez más frecuentes", asevera Cachés. Consignas violentas o bolsas mortuorias en marchas convocadas por la oposición son la imagen gráfica de ese caldo de cultivo con el que se crispa el ambiente político y se contribuye a un estado de exasperación.

"Hay toda una dinámica en algunos referentes de Juntos por el Cambio –alianza que bajo otro nombre llevó a la presidencia a Mauricio Macri (2015-2019)–, más la emergencia de referentes de extrema derecha, que ha dado rienda suelta a una especie de fascismo social en una parte de la sociedad", alega. "Este episodio implica un punto de inflexión en la democracia argentina, un llamado de atención que nos recuerda que la democracia no es una conquista garantizada, sino que hay que revalidarla y construirla permanentemente".

El politólogo Facundo Cruz, en tanto, evalúa el intento de magnicidio como el último de nivel de polarización política al que ha llegado Argentina. "Esto pone en riesgo décadas y décadas de justicia, de memoria, de un sistema democrático que se consolidó y estabilizó luego de décadas de mucha violencia política", asume.

Necesaria conciliación

La senadora Edith Terenzi, perteneciente a la coalición que desalojó del Ejecutivo al kirchnerismo tras doce años en el poder, reconoce el shock en el que se encuentra la sociedad argentina. "Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con un acto tan cobarde y cargado con la peor pulsión que puede tener el ser humano, que es el desaprecio por la vida", afirma a Público.

La legisladora, perteneciente a la Unión Cívica Radical que integra Juntos por el Cambio, reconoce "jornadas muy tensas, con muchas movilizaciones sociales y mucha violencia gestual y discursiva desde el inicio del juicio contra la vicepresidenta".

Es precisamente la justicia la que debe intervenir para esclarecer lo sucedido "sin grietas e interferencias, con libertad y garantías", a fin de que sirva de contención y no se propague más la violencia. "El atentado contra la vicepresidenta es una bisagra en la vida política y social de la República Argentina", sentencia Terenzi. "No hablamos solo de la vida de una persona, nada más y nada menos que la de la vicepresidenta, sino de la vida del sistema institucional argentino".

La senadora reclama una mayor conciencia entre la dirigencia empresarial, social, mediática y gremial para "bajar la escalada de violencia y tener un mensaje diferente de cohesión y unión nacional". Especial mención hace a sus compañeros en política, que le deben al país una reflexión sobre lo que ha sucedido para que se pueda "convivir de manera democrática y en respeto".

El diputado nacional Leonardo Grosso, por su parte, indica que fue un milagro que la bala no saliera del arma dirigida contra Cristina Fernández. El dirigente del Movimiento Evita, una organización social peronista afín al Gobierno, considera que el ataque fija "un límite que se ha traspasado en la democracia argentina". Su conclusión es una sola: construir "una unidad lo más grande posible entre todo el arco político, social, económico, y dirigencial en Argentina para poner un ‘nunca más’ en este tipo de violencia".