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La autoproclamada presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión

Es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019

Jeanine Áñez llega a un cárcel de mujeres, en una imagen de archivo tomada el 15 de marzo de 2021 en La Paz (Bolivia)
Jeanine Áñez llega a un cárcel de mujeres, en una imagen de archivo tomada el 15 de marzo de 2021 en La Paz (Bolivia). Manuel Claure / Reuters

La autoproclamada presidenta de Bolivia Jeanine Áñez es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y que para ella es un "legado de la ignominia, el abuso y la persecución política".

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz ha dictado una sentencia a 10 de años de cárcel, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió la Presidencia transitoria en 2019.

A las 21.30 hora local (01.00 GMT), el tribunal anunció de manera virtual la condena contra Áñez y señaló que el texto completo de la resolución se dará a conocer en una audiencia el 15 de junio.

El juicio por el caso "golpe de Estado II" dirimió las acciones de Áñez cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumió en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el Gobierno de Luis Arce y el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), tras las renuncias de Evo Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año, pues según las autoridades existía "riesgo de fuga" y pese a que su defensa exigió la presencia física de la exmandataria en el tribunal en el que se desarrolló el caso.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado "un debido proceso", le acusaron de delitos "que no ha cometido", no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidenta le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

La exmandataria interina presentó varios problemas de salud a lo largo del juicio que fue instalado en abril de este año y que fue aplazado en al menos dos ocasiones debido a sus crisis de salud y algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos de la corte encargada del caso.

El "calvario" de Áñez empezó el 13 de marzo de 2021 cuando en un operativo, encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y varios funcionarios de la Fiscalía, fue arrestada en su natal Beni y luego fue llevada a La Paz en un avión militar bajo un fuerte resguardo policial.

En principio, la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un "golpe de Estado".

De ese caso se derivó el proceso "golpe de estado II", por el que ahora ha sido condenada.

El encarcelamiento de Áñez ha estado marcado por problemas en su salud como hipertensión, crisis nerviosas y depresión, con momentos en los que se provocó lesiones o la huelga de hambre que mantuvo por más de dos semanas para exigir poder defenderse en libertad.

Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de que la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión Presidencial.

Áñez era, hasta ese entonces, una política con poca relevancia que tuvo que activar el mecanismo de sucesión, sin el quórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), acción que fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.

Al parecer Áñez presentía su nuevo futuro. Al finalizar su mandato interino en 2020 dijo que no tenía intenciones de salir de Bolivia y que ante un eventual proceso en su contra estaría disponible para responder.

La abogada de profesión y oriunda de San Joaquín, una pequeña población del departamento amazónico de Beni, gobernó el país durante cerca de un año, mandato que fue extendido ante la imposibilidad de celebrar elecciones por la pandemia.

Áñez habla de venganza y la oposición, de "precedente histórico"

En su última declaración este viernes en la mañana, Áñez manifestó que "el poder político a mí lo que está haciendo es vengarse".

"Me han negado el derecho a estar presente hasta en mi propio juicio, si es que así puede llamársele a este simulacro. Me han negado todo y tratado peor que a nadie pero fui, soy y seré la Presidenta Constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde", denunció.

Dijo, además, que no tenía la "ambición" de asumir la Presidencia y que solo cumplió su deber y que, a su juicio, el "único ambicioso" fue el expresidente Evo Morales "que no respetó la Constitución" desde 2016 cuando hizo caso omiso a los resultados de un referéndum que le negaban un cuarto mandato consecutivo.

Por su parte, Carolina Ribera, hija de Áñez, dijo a la Agencia Efe que este "juicio ha sido grosero" y que al momento del anuncio de la sentencia la expresidenta interina se encontraba sin ninguno de los abogados, que al igual que todas las partes escucharon la determinación por vía virtual.

Alain de Canedo, uno de los abogados de Áñez, también señaló a la citada agencia que como el anuncio del juez fue en la noche, a "esa hora está restringida la entrada en la cárcel".

Los principales líderes de la oposición boliviana también rechazaron este viernes la condena contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y acusaron al órgano Judicial de haber actuado sin independencia.

"El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana, al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una expresidenta constitucional", escribió en Twitter el expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005).

"El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso", agregó el también líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana.

El Ministerio de Justicia destaca que "la sentencia es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado"

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) calificó en Twitter de "infame" la sentencia y denunció que a Áñez se le negó un juicio de responsabilidades y le fue vulnerado el "principio de legalidad".

El gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró en sus redes sociales que "la justicia actuó como brazo operativo del MAS" y "organizó un proceso ficticio para desconocer la lucha legítima de todo un pueblo en contra del fraude electoral de Evo Morales".

El partido opositor Unidad Nacional expresó en un comunicado su rechazo a una sentencia emitida por "jueces manipulados por el poder" y denunció que en el proceso se cometió "un abuso tras otro", empezando por procesar a una expresidenta por la vía ordinaria cuando se le debió iniciar un juicio de responsabilidades.

Por otro lado, el Gobierno de Luis Arce celebró parcialmente este viernes la condena para Jeanine Áñez al considerar que se sentó un "precedente histórico".

"Hoy se hizo historia. La señora Jeanine Añez fue sentenciada a 10 años en el caso Golpe II por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional en nuestro país el año 2019 en el Golpe de Estado", escribió en sus redes sociales el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

"Este precedente debe servir para que nunca, bajo ningún motivo, una persona se autonombre presidente del país", concluyó Del Castillo, cuyo despacho formó parte de la acusación en el caso "golpe de Estado II".

Además, el Ministerio de Justicia señaló en un comunicado que "se ha completado una fase decisiva en el proceso de recuperación de la democracia" y defendió que el órgano Judicial "en el ejercicio de su independencia dictó una sentencia" enmarcada en "los principios y garantías del debido proceso".

"La sentencia por el caso Golpe II es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado a partir de la ruptura del orden constitucional. Establece ante la historia que la vía democrática y constitucional es la única ruta para llegar al poder", indica la nota.

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