Tras superar la barrera de los 33 millones de parados y alcanzar una tasa de desempleo del 14.7%, la destrucción de empleo histórica que atraviesa EEUU se va consolidando a un ritmo vertiginoso en plena pandemia. Pero ahora, además, millones de estadounidenses tienen una preocupación adicional: evitar que las entidades financieras o los cobradores de deudas se apropien de las ayudas económicas aprobadas por el gobierno norteamericano con el fin de mitigar las necesidades más urgentes y básicas de la población.

"En el periodo actual en el que nos encontramos, los cobradores de deudas están siendo cada vez más agresivos", explica a Público el letrado Abbas Kazerounian, miembro de la organización de Abogados de Consumo de California (CAOC). "Y lo que es importante es que el consumidor entienda que tiene muchos derechos a nivel federal y estatal".

Como parte del paquete de estímulo económico aprobado a nivel federal (CARES Act) hace un mes, se garantizó una inyección de dinero en el bolsillo de los estadounidenses que, en función del nivel de ingresos anuales, puede ascender hasta 1.200 dólares para un adulto y hasta los 2.400 para un matrimonio –y 500 adicionales dólares por cada hijo menor de 17 años–. Pero antes de que el dinero llegue al contribuyente puede caer en manos de los cobradores de deudas debido a un "vacío legal".

"Como los cheques o ayudas de estímulo no se consideran una prestación social federal, como pueda serlo el seguro social, los cobradores pueden retener ese dinero a través de un embargo", asegura Kazerounian.

Para ejecutar dicho embargo se requiere una sentencia judicial en la mayoría de los estados o jurisdicciones del país. Con ella en mano, el cobro de la deuda es automático si la ayuda de estímulo llega a una cuenta bancaria mediante transferencia o si el contribuyente ingresa el talón en ésta.

"El problema tiene raíces muy profundas porque las querellas que más congestionan el sistema judicial americano en todas las jurisdicciones son pleitos por tarjetas de crédito…y un 99% de los consumidores no responde a dichas querellas y pierde el caso directamente", asevera el abogado.

Poco antes del estallido de la pandemia en EEUU, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ya había anunciado que los hogares estadounidenses habían alcanzado cifras de deuda históricas, sobrepasando los 14.000 mil billones de dólares. Y ahora esa deuda se puede acrecentar. "La gente está sufriendo y un parámetro adecuado para estimar la deuda es mirar el número de parados que hay, que supera los 20 millones", advierte Kazerounian.

Sin embargo, para aquellos consumidores en paro y con problemas financieros, el letrado asegura que el embargo se puede sortear si se acude a una oficina bancaria con talón de estímulo en mano y se solicita el dinero en efectivo sin que éste pase por la cuenta bancaria. Aún así, el experto advierte que "cuando se le pide al gobierno que envíe un cheque (en vez de una transferencia), el dinero tarda mucho más tiempo en llegarle a la gente que lo necesita".

De cara a los consumidores que han contraído deudas con entidades financieras –bien sea a través de una tarjeta de crédito o porque tienen una cuenta bancaria en números rojos–la política de cada banco dicta si la ayuda de estímulo será o no engullida por la institución.

"Los pagos de estímulo también se exponen a ser utilizados por el banco que los recibe para zanjar deudas pendientes con el banco, como las comisiones por un saldo negativo", advierte a Público Brent Adams, vicepresidente senior de Política y Comunicación del Instituto Woodstock para la Negociación. "Algunos bancos han dicho que no lo harán, pero si el cheque de estímulo lo ingresas en un banco al que le debes dinero, tu cheque puede correr peligro".

Además, veinticinco fiscales generales de distintos estados del país enviaron una misiva a Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de EEUU, pidiéndole que impidiera la apropiación de las ayudas federales por covid-19 a más de 80 millones de estadounidenses. Pero, de momento, no hay indicios de que el gobierno de Donald Trump vaya a dar su brazo a torcer.

"Es difícil desviarse de la realidad política porque tienes un presidente republicano en la Casa Blanca cuyos intereses se alinean más con los intereses de la América corporativa que con los consumidores", opina Kazerounian. "Ahora, si me preguntas: ¿creo que es posible que acceda? Sí. ¿Es probable que lo haga? No lo creo".

Conscientes de que el dinero federal destinado a cubrir necesidades básicas –como alimentos, agua o medicinas– podría acabar en manos de los cobradores del frac, estados como Massachusetts o California han emitido órdenes ejecutivas para impedir la retención de las ayudas de estímulo por parte de estos.

Al margen de los cobradores de morosos, los anhelados cheques de estímulo no llegarán a toda la fuerza laboral de EEUU. Aquellos contribuyentes legales con ingresos anuales superiores a los 99.000 dólares o los matrimonios que superen los 198.000 de forma conjunta, se quedarán con las manos vacías. La misma suerte correrán los indocumentados, una comunidad de más de once millones en EEUU, que se ha quedado fuera del paquete de estímulo del gobierno federal.

El primer estado, sin embargo, en implementar medidas para aliviar parcialmente los estragos de los sin papeles ha sido California. El gobernador del estado dorado, Gavin Newsom, ha creado un fondo de emergencia de 75 millones de dólares para garantizar ayudas financieras de 500 dólares por persona a unos 150.000 inmigrantes indocumentados que pagan impuestos, contribuyen a sostener la quinta economía mundial y viven bajo el acecho constante del arresto y la deportación.

"Cualquier dinero sería de gran ayuda porque me cortaron las horas en el trabajo y no califico para recibir el desempleo porque no tengo papeles", explica a Público la mexicana Victoria Sandoval, que lleva años realizando labores de limpieza en un rascacielos de Los Ángeles. "No sé lo que tengo que hacer para pedirlo, pero trataré de que me lo den".