Fue el miércoles bien entrada la tarde, tras diecisiete meses de negociaciones, y a 136 días de la salida oficial de Reino Unido de la Unión Europea, cuando Theresa May anunció que tenía el respaldo de su Gobierno: Londres y Bruselas habían llegado a un acuerdo sobre el brexit.

Sin embargo, apenas unas horas después empezarían las dimisiones dentro del ejecutivo y las dudas en las capitales europeas. Ahora el acuerdo del brexit pende de un hilo y el futuro es más incierto que nunca.

Sin mayoría en Westminster

No hubo champán en Bruselas; tampoco en Londres. La consecución del acuerdo —un texto legal denso y complejo de 585 páginas, un centenar de artículos y tres protocolos—, era un trámite necesario pero no el último paso, ni mucho menos, hacia el ansiado y ordenado brexit. May necesita el consentimiento de la Cámara de los Comunes y Michel Barnier —el negociador de la Unión Europea—, el de los 27 y el Parlamento Europeo.

Apenas unas horas después de dar luz verde al acuerdo con Bruselas, cuatro miembros del Gobierno de Theresa May presentaron su dimisión. Entre ellos, nada menos que Dominic Raab, quien sustituyera a David Davis como Secretario de Estado para la salida de la Unión Europea, o sea, jefe negociador británico.

Raab, que había impulsado las negociaciones en los últimos meses pero fue relegado por May a un segundo plano, decía no poder conciliar los términos del acuerdo "con las promesas que hicimos al país".

Pero no sólo miembros del Gobierno de May: también otros diputados, además del líder laborista Jeremy Corbyn o miembros de los unionistas de la DUP de Irlanda del Norte, mostraron su rechazo al texto.

La primera ministra, consciente de que el acuerdo es el mejor que podía lograr, lo ha defendido a capa y espada. "Asegura un gran futuro para Reino Unido" y cumple con el mandado del referéndum, insistió ante la prensa.

May necesita la luz verde de Westminster al texto pero, de momento, sin el apoyo de su partido y con la más que probable oposición del resto, no le salen las cuentas.

Dudas de los 27

Las últimas semanas de negociación del Brexit han sido un misterio, no ya para la prensa sino para los 27 Estados miembros. Ante la falta de avance en las conversaciones y con el cronómetro en contra, la lugarteniente de Barnier, Sabine Weyand, tomó las riendas.

Weyand pidió a los miembros de la UE algo de paciencia, cierto margen de maniobra y sobre todo mucha, mucha confianza. Comenzó entonces un proceso que ha concluido con el acuerdo que hoy está sobre la mesa de los 27.

Pero a algunos estados miembros no les ha gustado la jugada, aunque dieran en un principio su consentimiento; tampoco que el texto se enviara a Londres sin que los 27 pudieran haberlo siquiera ojeado y sobre todo, creen que los negociadores han excedido en algunos puntos sus competencias.

Los siguientes pasos

El cronómetro ha vuelto a ponerse en marcha. Los miembros de la UE tuvieron apenas 48 horas para analizar el texto del acuerdo antes de volver a sentarse a la mesa. Los embajadores de los 27 se reunieron el viernes, y volverán a hacerlo el domingo 25 de noviembre, para discutir el acuerdo de salida y la declaración política que sienta las bases de la relación futura con Reino Unido.

Este lunes se reúne el Consejo de Asuntos Generales, que agrupa a los ministros de Asuntos Europeos, y, "si nada extraordinario sucede", los jefes de Estado y de Gobierno se darán cita en Bruselas el 25 de noviembre para sellar al acuerdo.

El Parlamento Europeo emitirá entonces su primera valoración en apenas dos semanas y votaría el texto final a principios de año, si nada se tuerce.

Los puntos calientes

Reino Unido abandonará la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Al hacerlo, y si el acuerdo de salida sigue adelante, entrará en vigor el periodo de transición. Este plazo, cuyo objetivo es dar margen a empresas y ciudadanos para prepararse de cara al brexit y a las partes a negociar la relación futura, concluirá en diciembre de 2020.

Durante el periodo de transición los británicos seguirán en el Mercado Único (libre movimiento de personas, capitales, bienes y servicios), la Unión Aduanera y el acervo comunitarios se seguirá aplicando. Pero Reino Unido no tendrá ya ni voz ni voto en la toma de decisiones.

Para los que promovieron la salida británica de la UE como una medida anti-inmigración, este plazo es intolerable porque consideran que retrasa dos años el brexit. Pero Bruselas fue muy clara desde el primer momento: las cuatro libertades del Mercado Único son intocables.

¿Y cuando acabe? Existen varias posibilidades.

La primera, que las partes hayan definido su relación futura y ese nuevo marco comience a aplicarse. Reino Unido y la UE aspiran a negociar un acuerdo que vaya mucho más allá del libre comercio e incluya la cooperación en materias como la educación (Erasmus) o la seguridad. Tratados como el CETA con Canadá llevaron casi siete años. Bruselas y Londres tendrían dos para cerrar uno similar.

La segunda posibilidad es una extensión del periodo de transición, que solo podrá ser solicitado una vez. Ambas partes deberán aceptar. Uno de los flecos por cerrar en el texto es cuánto podría durar esa extensión. Además, Reino Unido debería en ese caso seguir contribuyendo al presupuesto de la Unión.

La tercera, la que más quebraderos de cabeza ha causado, es el famoso backstop. El backstop es un mecanismo de emergencia cuyo principal objetivo es evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Las razones fundamentales son, por un lado, que se trata de la única frontera terrestre entre la UE y Reino Unido; y la segunda, que la vuelta de los controles fronterizos en la zona pondría en juego el Acuerdo del Viernes Santo que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte.

El acuerdo establece un Territorio Aduanero Único —tarifas comunes de entrada y ausencia de cuotas— en todo el territorio británico y algunos controles específicos en Irlanda del Norte, muy semejantes a los que se aplican en otras zonas de Europa como las Islas Canarias. "Nadie ha propuesto una alternativa que cumpla con el resultado del referéndum y evite una frontera dura en Irlanda del Norte", subrayó Theresa May en su defensa.

Esto no ha gustado en exceso a los 27, no porque la solución no sea buena —algo que que está por ver— sino porque Michel Barnier se habría excedido en sus competencias, ya que esto forma parte del marco de la posible relación futura.

Otra de las concesiones más dolorosas para los partidarios del brexit ha sido que aunque el acuerdo estará supervisado por un panel de arbitraje independiente, el Tribunal de Justicia de la UE será competente para todos los asuntos que afecten al derecho europeo.

Sin plan B ni margen de maniobra

Theresa May ha sido muy clara: "No habrá un segundo referéndum. El pueblo británico votó y saldremos de la Unión Europea el 29 de marzo". Pero la primera ministra también ha insistido en que este es el mejor acuerdo que Reino Unido puede lograr y que la única alternativa es abandonar la UE sin acuerdo —un escenario que ambas partes temen por imprevisible— o no hacerlo.

La Cámara de los Comunes podrá solicitar cambios, también los 27 pero, advierten fuentes europeas, el margen de maniobra es casi inexistente con las líneas rojas de ambas partes sobre la mesa. "Cualquiera que quiera cambiar el acuerdo tendrá que asumir la responsabilidad", subrayaba la misma fuente.

"No hay plan B", asegura una fuente diplomática en Londres, "si el Gobierno cae y no podemos celebrar un Consejo Europeo para firmar el acuerdo o la Cámara de los Comunes no lo ratifica, estaremos ante una crisis muy seria".

Los próximos días serán cruciales para cerrar el acuerdo del brexit, que pondrá fin a 43 años de pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea, y que en definitiva no es otra cosa que un ejercicio de control de daños.