La Comisión Europea intenta protegerse del fuego cruzado desatado a raíz de las repatriaciones de gitanos rumanos y búlgaros, y ante la actitud cada vez más desafiante del Gobierno de Sarkozy y, ahora también, del Ejecutivo italiano de Silvio Berlusconi.

Si la Comisión y el Gobierno francés protagonizaron varios rifirrafes verbales la semana pasada, el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, encendió aún más el ambiente el fin de semana al anunciar que se dispone a seguir el ejemplo de Sarkozy. Maroni, del partido xenófobo Liga Norte, añadió que propondrá que se permita expulsar automáticamente a ciudadanos europeos que no cumplan los requisitos para tener la residencia.

En ese contexto, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Matthew Newman, advirtió de que las expulsiones no pueden efectuarse de forma masiva, sino 'individualizadamente' y evaluando 'caso por caso' la situación concreta de cada ciudadano europeo. Además, en todo caso, la medida de repatriar a extranjeros comunitarios debe ser una decisión 'proporcionada'.

Sin embargo, Newman admitió, en línea con la argumentación de Maroni, que la normativa europea permite limitar el principio de libre circulación a los ciudadanos de otros países comunitarios que no cumplan ciertos requisitos económicos o que supongan una carga para la seguridad social del país de acogida.

El Gobierno de Berlusconi ya intentó sacar adelante una polémica ley que permitía expulsar a ciudadanos europeos que fuesen acusados de delitos castigados con al menos dos años de prisión. Entonces, la presión de la Comisión Europea, que amenazó con medidas legales, contribuyó a frenar la iniciativa del Ejecutivo italiano.