La conclusión a la que han llegado los ministros de Sanidad de la Unión Europea este martes, tras una reunión de dos días en Atenas va a traer cola. Según el comisario europeo, Tonio Borg, los estados de la UE han comenzado a valorar seriamente la posibilidad de realizar exámenes médicos a los inmigrantes y refugiados que vengan a la UE.

Parece complicado que se pueda obligar a todas las personas que quieran emigrar a la UE a someterse a un examen y es muy posible que eso choque con los derechos fundamentales de las personas afectadas, pero según Borg, 'tenemos ciertas obligaciones legales hacia los inmigrantes, pero tenemos la obligación de proteger a nuestros ciudadanos y la salud pública'.

Borg compareció ante los medios con el ministro de Sanidad griego, Adonis Yeoryidais, y justificó que países como España o Grecia hayan eliminado el derecho a la sanidad pública de los inmigrantes porque según él, 'los estados europeos sólo están obligados a cumplir una serie de mínimos, como dar a los refugiados atención sanitaria similar a los ciudadanos nacionales o atención de emergencia a embarazadas y niños'. Este mismo martes, la relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, criticaba la política del Gobierno de Mariano Rajoy porque 'los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales'.

Yeoryiadis dio muestras, sin embargo, de haber asimilado muy bien el ideario de la Troika y de la derecha europea: 'Grecia no quiere dar la imagen de que se puede venir y hacer lo que se quiera. Si así fuese, vendrían millones', dijo antes de reclamar que 'la gente que ha venido ilegalmente tiene que volver a sus países'.

Borg recordó que tras la tragedia de Lampedusa de octubre pasado, en la que murieron unos 300 inmigrantes al naufragar su barcaza, se ha creado un fondo de ayuda dotado con 3.000 millones de euros al que tienen acceso todos los países de la Unión Europea y que 'no sólo sirve para mejorar la infraestructura -por ejemplo, de centros de detención- sino también para mejorar la salud de los inmigrantes'. El ministro griego recalcó que la 'migración no puede ser una carga para un solo país, sino que debe repartirse entre todos' y añadió que por ese motivo el Gobierno de Atenas considera que 'los fondos en cuestión deben dar prioridad a países con una elevada entrada de inmigrantes, como es el caso de Grecia e Italia. Además deben poder utilizarse para mejorar la situación financiera de los sistemas sanitarios nacionales'.

Respecto a la creación de un sistema de reconocimiento de los inmigrantes a su entrada en la Unión Europea, Borg explicó que la idea es que sea a título voluntario (cualquier otra opción plantea problemas a los derechos fundamentales), pero se mostró convencido de que los inmigrantes serán los primeros interesados en participar. 'No queremos tratar a los inmigrantes como una enfermedad sino tratar sus enfermedades', recalcó el comisario para añadir que se ha decidido crear un grupo de trabajo que deberá analizar si todos los afectados requieren de los mismos análisis o deben hacerse reconocimientos diferenciados.