La ciudad de Bayamo, capital de la provincia de Granma, acogió hoy, desde las 9 am (hora local), el inicio del juicio contra el ciudadano español Ángel Carromero, acusado de la muerte de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, producto de un accidente de tráfico en una carretera a 800 km al oriente de La Habana. El español, de nuevo, volvió a declararse inocente y aseguró que fue sólo 'un accidente'.

Carromero llegó en un microbús acompañado de varios policías de civil pero no esposado. Vestía una camisa blanca y pantalón beige, su pelo lucía mucho más corto que antes, lo que hace más evidente su pronunciada calvicie. Mostraba un rostro preocupado a pesar de que antes de iniciarse el juicio bromeó con el cónsul de España, Tomas Rodríguez, y con José María Vinales, el asesor legal que su familia envió desde Madrid para apoyar a los abogados cubanos.

En sus declaraciones Carromero confirmó que fue un accidente, asegurando que no había ningún vehículo cerca en el momento en que perdió el control del suyo. Vuelve así a desmentir las versiones de los disidentes, especialmente de la familia de Payá, que sostiene que se trató de un complot para asesinar a los opositores.

La fiscalía pide 7 años y basa su acusación en que el español conducía con exceso de velocidad y que tenía antecedentes en su país de multas por la misma razón, al punto de que se le había iniciado un proceso para retirarle la licencia de conducción.

Los jueces deberán decidir entre los 7 años de prisión que pide la fiscalía y el asilo diplomático que solicita la defensa

La defensa, por su parte, aduce que la licencia aun estaba vigente, que no se puede probar que iba con exceso de velocidad y que las obras de la carretera estaban mal señalizadas. Finalmente solicita una reducción de la pena y propone que cumpla su prisión domiciliaria en el consulado español en La Habana.

En el tribunal provincial de la ciudad de Bayamo, ciudad donde ocurrió el accidente, participan cinco jueces: tres profesionales y dos populares. Al final son ellos los que deben decidir cual será la condena, entre los siete anos de prisión de la fiscalía y el asilo diplomático que pide la defensa.