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El caso Guantánamo se reactiva en España

Dos providencias judiciales preguntan por el estado de las comisiones rogatorias. Los querellantes piden que declare un militar de EEUU

PERE RUSIÑOL

Si alguien creía que el caso Guantánamo estaba judicialmente muerto en España, deberá esperar a enterrarlo porque amaga con resucitar.

La querella por crímenes de guerra y de lesa humanidad presentada contra la cúpula del Gobierno de George W. Bush por la creación del penal de Guantánamo, y contra los abogados que contribuyeron a legalizar prácticas de tortura, no sólo sigue viva -pese a los intentos de la fiscalía y la embajada de EEUU por darle carpetazo, según los cables de Wikileaks-, sino que se ha reactivado: dos providencias recientes -una de Pablo Ruz, el juez que sustituyó a Baltasar Garzón, y otra de Eloy Velasco- se interesan por el estado de las comisiones rogatorias enviadas a EEUU, y la acusación pedirá hoy la declaración como imputado de Geoffrey Miller, el general que estuvo al frente del penal.

Además, dos prestigiosas ONG internacionales de derechos humanos que han pedido personarse presentarán, también hoy, dos informes jurídicos a la Audiencia Nacional para tratar de dar un nuevo impulso al caso. Se trata del Center for Constitutional Rights -con sede en Washington y la más pugnaz en la demanda en EEUU de una Comisión de la Verdad sobre la era Bush- y el European Center for Constitutional and Human Rights, con sede en Berlín y actor clave en la denuncia de la connivencia europea en los vuelos de la CIA.

Varios acontecimientos recientes han contribuido a sacar el caso del letargo en el que se encontraba desde la defenestración de Baltasar Garzón y que parecía condenarlo a morir de inanición como deseaba EEUU: las filtraciones de Wikileaks, que muestran que la fiscalía consideraba solvente la querella y que pese a ello supuestamente trató de evitar que prosperase; la publicación de Decision points, el libro de Bush en el que subraya -elogiosamente- el papel de sus juristas en su "guerra contra el terrorismo", y la recopilación de nuevo material por parte de dichas ONG sobre Miller, el jefe militar en Guantánamo, que sirve de base para que la acusación pida que se le llame a declarar como imputado.

ONG de referencia internacional presentan informes a la Audiencia 

Tras la filtración de los papeles de Wikileaks, el abogado que impulsa la querella en España, Gonzalo Boye -que según dichos papeles fue objeto de una investigación específica por parte de la embajada de EEUU-, solicitó al juez Velasco que la aceptara a trámite sin más dilación. "A la vista de la filtración", escribió Boye, "es evidente que ni la comisión rogatoria cursada ni los diversos recordatorios de la misma van a tener respuesta alguna por tratarse de parte de una estrategia para entorpecer el desarrollo de este procedimiento".

Sólo seis días después, el 15 de diciembre, el juez Velasco redactó una providencia en la que queda claro que el caso no morirá de inanición: "Interésese del Ministerio Fiscal pronunciamiento sobre la fecha hasta la que esperar contestación de EEUU, o indicar ya si se debe o no admitir a trámite la querella".

La providencia, tras la filtración de Wikileaks, coloca en aprietos a la fiscalía. Según el cable redactado en su día por el embajador estadounidense, "Zaragoza [fiscal jefe de la Audiencia] dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso".

Según el cable confidencial, cuyo contenido nunca ha sido asumido por la fiscalía, Zaragoza sugería una única "salida" para evitar el problema: que el Gobierno de EEUU abriera su propia investigación, lo que a su juicio desactivaría la querella presentada en España.

Uno de los 'dossiers' incrimina a Miller, el general que dirigió el presidio 

En el tiempo transcurrido desde que supuestamente se hiciera esta recomendación, EEUU no ha abierto ninguna investigación. Y en la extensa nota que la fiscalía ha difundido esta semana para justificar su actuación en los casos filtrados por Wikileaks, dejaba claro que su recurso se hizo "sin cuestionar en ningún momento la Jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer los hechos". Su reticencia, añade la nota, procedía sobre todo del hecho de que Garzón alegara "antecedente" con un caso que él instruyó para quedarse la querella.

La consecuencia de aquel tira y afloja entre Garzón y la fiscalía fue que, en la práctica, existen ahora dos causas casi idénticas: la inicial, centrada en los abogados de Bush que construyeron el andamiaje legal de Guantánamo, acabó en manos del juez Eloy Velasco, en el juzgado número 6. Pero una querella similar más amplia, ya admitida a trámite por Garzón y en la que han declarado dos ex presos de Guantánamo, sigue su curso en el juzgado número 5, asumido ahora por Pablo Ruz.

Ruz redactó su primera providencia sobre el caso el pasado 30 de diciembre, en la que recalca que mientras siga pendiente la apelación que presentó en su día la fiscalía, él sigue adelante: en el escrito se interesa de nuevo por el estado de la comisión rogatoria a Estados Unidos y dice que resolverá sobre la personación de las dos ONG internacionales.

La presentación

La querella fue presentada en marzo de 2009 en el Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, que entonces dirigía Baltasar Garzón. Inicialmente, se dirigía sólo contra los abogados de Bush.

Juzgado Nº 6

Garzón envió a reparto la querella, que se adjudicó a Eloy Velasco, del Juzgado Nº 6, que sigue a la espera de las comisiones rogatorias para decidir si la admite a trámite.

Juzgado Nº 5

En octubre, Garzón admitió una querella de Lachen Ikassrien, víctima de Guantánamo, alegando "antecedentes" por una causa anterior que él mismo había instruido contra el ex preso. Los promotores de la querella inicial aportaron su querella contra los abogados, ampliada a todo el equipo de Bush, que fue aceptada. 

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