Hace poco más de diez años, en marzo de 2014, estallaba en Brasil un caso de lavado de dinero que, en principio, parecía un asunto de poca monta. La Policía lo bautizó como Operação Lava Jato (Operación Autolavado) porque se descubrió en una gasolinera de Brasilia con servicio de limpieza de coches. Allí se daban cita varios doleiros, cambistas de dinero negro. Al tirar del hilo, los investigadores se encontraron con una red de sobornos que afectaba a políticos y funcionarios y en la que estaban implicadas grandes empresas, como la constructora Odebrecht. Las ramificaciones de la trama se extendían por varios países de América Latina a través de un complejo mecanismo de negocios ilícitos que ha sido considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de la región.

La condena de 20 años de prisión al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), decretada esta semana por la justicia de su país por haber recibido unos 35 millones de dólares en mordidas procedentes de la caja B de Odebrecht, ha resucitado un caso que había quedado en el olvido. Toledo no es el único exmandatario implicado en la trama de corrupción. En Perú también han sido investigados Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Y en Brasil fue condenado, y más tarde absuelto, el hoy presidente Luíz Inácio Lula da Silva.

El primer pez gordo en caer fue un exdirector de la compañía semipública Petrobras, Paulo Roberto Costa, relacionado con uno de los grupos de doleiros de la estación de servicio de Brasilia. La Policía descubrió que Costa había acumulado una fortuna en Suiza desviando fondos de la petrolera. Fue detenido y no tardó en colaborar con la Justicia brasileña a cambio de una futura reducción de la condena. El sistema de "delación premiada" sería decisivo para el éxito de la investigación. El testimonio de Costa y de algunos doleiros, como Alberto Youssef, amplió el foco de las pesquisas a grandes empresas constructoras (Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS...) que operaban a modo de cártel para asegurarse contratos millonarios en Petrobras sobornando a directivos de la compañía y a políticos brasileños de diferentes partidos.

El caso afectó sensiblemente al progresista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en el poder entre 2003 y 2016. Varios dirigentes fueron imputados, entre ellos el extesorero João Vaccari, sentenciado a 19 años de cárcel. El propio Lula sería procesado y condenado en 2017 a nueve años de prisión por haber sido supuestamente sobornado por la constructora OAS. Pasó 580 días en prisión. La Corte Suprema anuló su condena en 2021 por irregularidades en el proceso y dos años después calificó la sentencia contra Lula de "error histórico". Cuando concluyeron las investigaciones del caso Lava Jato en Brasil, en 2021, habían sido emitidas 174 condenas y el Estado había recuperado 850 millones de dólares defraudados, principalmente en Petrobras.

El Grupo Odebrecht, fundado en 1944 por el ingeniero de origen alemán Norberto Odebrecht, se expandió en Brasil en plena dictadura militar (1964-1985) y poco a poco fue ampliando su negocio de la construcción a otros sectores (biocombustibles, ingeniería, defensa, petroquímica, etc.). Cuando Marcelo Odebrecht, conocido como El Príncipe y nieto del fundador, tomó las riendas de la empresa a principios de este siglo, la multinacional comenzó a operar al margen de la ley. Entre 2003 y 2016 la compañía pagó 349 millones de dólares en sobornos en Brasil y replicaría su modus operandi en varios países latinoamericanos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht destinó en total 788 millones de dólares a coimas y gastos de campañas electorales en Latinoamérica. La internacionalización del caso permitió que la Justicia estadounidense abriera una causa contra la empresa y ésta aceptó en 2017 pagar una multa de 2.600 millones de dólares. Marcelo Odebrecht fue condenado en Brasil a 19 años de cárcel pero sólo pasó dos años y medio entre rejas por colaborar con la Justicia. La marca Odebrecht quedaría ligada para siempre a la corrupción a gran escala. Desde 2020 opera bajo el nombre de Novonor.

Odebrecht llamó a la puerta de un centenar de políticos brasileños de todo el espectro ideológico. La mitad de los gobernadores del país fueron señalados por los directivos de la empresa interrogados por la policía. Y los nombres de varios expresidentes (Fernando Collor de Mello y José Sarney, entre ellos) también aparecieron en las investigaciones. Sin embargo, la prensa atribuyó al PT la principal responsabilidad en la red de sobornos. Ese desgaste fue determinante para la caída de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 (destituida por un golpe parlamentario) y el ascenso al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro.

El caso tuvo su contracara, el denominado Vaza Jato (vazar significa filtrar en portugués), una investigación del sitio web The Intercept que reveló múltiples irregularidades en el proceso judicial instruido por el juez Sergio Moro, quien en 2019 pasaría a ocupar la cartera de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro. Su imagen de súper héroe de la justicia empezaba a difuminarse. La edición brasileña de The Intercept publicó chats del juez con el fiscal de la acusación, abogados del Ministerio Público y mandos de la Policía, a los que asesoró y animó a presentar pruebas falsas contra Lula y otros imputados. El Lava Jato, que había nacido para destapar una gran trama de corrupción, acabó languideciendo por haberse transformado en un caso de lawfare contra dirigentes políticos en Brasil.

Ramificaciones en la región

El campo de ensayo de Brasil le sirvió a Odebrecht para reproducir su esquema de negocios ilícitos en otros nueve países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México, Panamá, Guatemala y República Dominicana) y en dos africanos (Angola y Mozambique, ex colonias portuguesas). La compañía creó un departamento ad hoc (bajo el eufemismo de "sector de relaciones estratégicas") encargado de aceitar la trama, comprar voluntades y conseguir un centenar de adjudicaciones millonarias.

A la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se destinaron 98 millones de dólares en coimas. Panamá recibió 59 millones de dólares de la compañía. Los expresidentes Juan Carlos Varela (2014-2109) y Ricardo Martinelli (2009-2014) han sido acusados de blanqueo de capitales. En Argentina el caso salpicó a Julio de Vido, exministro de Cristina Fernández de Kirchner, y también fue investigado Gustavo Arribas, responsable de los servicios secretos durante el mandato de Mauricio Macri. En Colombia la constructora habría financiado las campañas electorales del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y de su rival político, Óscar Iván Zuluaga, del partido del exmandatario Álvaro Uribe, en 2014.

Pero si hay un país donde, a excepción de Brasil, más lejos ha llegado la Justicia es Perú. Cuatro expresidentes estuvieron involucrados (Alan García, Ollanta Humala Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo). García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril de 2019 nada más conocer la orden de detención dictada en su contra. Humala (2011-2016) fue recluido en prisión preventiva durante unos meses entre 2017 y 2018, acusado de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011. En proceso de juicio avanzado, podría recibir en breve una condena similar a la de Toledo. Kuczynski (2016-2018) se encuentra sometido a investigación por un presunto blanqueo de capitales relacionado con la constructora brasileña cuando era ministro.

La reciente condena a Toledo ha devuelto a la actualidad el mayor entramado de corrupción que se recuerda en la región. Sin embargo, ni la investigación ni las condenas ni las revelaciones periodísticas han impedido que la connivencia entre empresarios sin escrúpulos y políticos corruptos continúe siendo moneda corriente en América Latina.