El 26 de septiembre de 2012, Alex Haigh se convirtió en la primera persona encarcelada en virtud de la Sección 144 de la Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act. Su crimen: ser okupa en Pimlico, uno de los barrios adinerados de Londres, en una casa que llevaba más de un año vacía. La nueva ley aprobada por el Gobierno conservador de David Cameron castiga con penas de hasta 5.000 libras (unos 6.000 euros) y seis meses de cárcel a quienes sean detenidos viviendo en una casa sin el consentimiento del propietario.

Haigh se ha convertido en una especie de símbolo de la lucha contra esta nueva ley; el otro, todavía un caso más triste, es el de Daniel Gauntlett, un sin techo de 35 años que murió de hipotermia el pasado mes de febrero en el porche de un bungalow abandonado en Kent después de que la policía le advirtiera de la prohibición de buscar refugio en él.

Esta ley, en vigor desde septiembre de 2012, ha sembrado la polémica en la que se considera una de las cunas del movimiento okupa y que hace tan sólo unas semanas volvía a sentar en el banquillo a tres jóvenes de Brighton de entre 23 y 30 años. Dos de ellos fueron absueltos por no haber podido demostrar que habitaban el inmueble, mientras que el tercero, Dirk Duputell, tendrá una nueva audiencia el próximo 24 de mayo.

Precisamente tras este juicio, Tobias Sedgwick, uno de los acusados absueltos trataba de abrir una puerta a la esperanza de este movimiento que en Reino Unido se cifra en unos 20.000 okupas, aconsejando que "nadie se declare culpable, porque la mera presencia en el inmueble no es suficiente para ser declarado culpable, tienen que demostrar documentalmente que realmente se estaba viviendo allí".

El diputado conservador Grant Shapps resume a la perfección en una frase el sentir del Gobierno: "Nuestras razones para criminalizar la okupación son cristalinas, queremos proteger los derechos de los propietarios trabajadores contra los daños que los invasores pueden infligir a sus hogares y la angustia que esto trae a sus vidas". Al otro lado, quienes en lugar de ver una criminalización del movimiento okupa, consideran que lo que se está criminalizando es la pobreza.

Criminalizar a la pobreza

Sólo en Inglaterra existen más de 700.000 viviendas vacías (roza el millón en Reino Unido), de las cuales se estima que unas 300.000 lo son de larga duración. Todo ello en un momento en el que el Gobierno de Cameron acaba de aprobar los mayores recortes sociales en la historia del país, algunos de los cuales afectan directamente a la vivienda.

Bob Baker, director de la organización contra la exclusión social The Simon Community, asegura que "es muy triste e incluso vergonzoso que este Gobierno, frente a un problema de este tipo, considere que lo más eficaz es criminalizar la pobreza y la falta de vivienda".

A fin de cuentas, los datos de la National Housing Federation hablan de 4,5 millones de personas necesitadas de alojamiento en Reino Unido, así como de 1,84 millones en lista de espera de viviendas sociales. En los dos últimos años, el número de familias con niños que se encuentran en alojamientos temporales ha crecido un 160%.

En cuanto a los sin techo, las cifras oficiales hablan de un incremento en 2012 del 34%, rozando ya las 50.300 personas. De ellos, según un informe del Centre for Regional Economic and Social Research, un 40% ha recurrido alguna vez a la okupación. Se trata, pues, de un colectivo vulnerable que a la luz de las estadísticas que maneja la organización Crisis, especializada en el cuidado de las personas sin hogar, cuenta en sus filas con hasta un 37% de enfermos mentales y cerca de un 20% de alcohólicos.

Con estos datos, el movimiento pro okupa Squash (Squatters Action for Secure Housing) ha elaborado un informe que busca tirar por tierra la nueva norma, al tiempo que demostrar que buena parte de quienes deciden irrumpir en una casa vacía no lo hacen mientras sus propietarios están de vacaciones, sino que, por pura necesidad, habitan viviendas cerradas durante mucho tiempo.

El profesor de la Universidad de Nottingham Alex Vasudevan, uno de los participantes en el informe de Squash, afirma que "la okupación siempre ha sido la alternativa necesaria para los miembros más vulnerables de nuestra sociedad y la criminalización de esta práctica hará muy poco por resolver el profundo y grave problema de la crisis de la vivienda".

A estas quejas se suman, además, la opinión de diversos juristas, que en una carta abierta a los medios de comunicación, suscrita por más de 160 expertos del mundo del Derecho, quisieron "dejar claro que okupar una casa ajena ya es delito, incluso su intento, según la Criminal Law Act de 1977", evidenciando así lo innecesario de la Sección 144.

Pluri-homicidio estatal

El portavoz de Squash no duda al afirmar a Publico.es que "en el último año, el Gobierno ha desplegado un terrible discurso para presentar a cada solicitante de un subsidio como un gorrón", al tiempo que acusa al ministro de Economía, George Osborne, de haber cometido un "pluri-homicidio contra la vivienda y las ayudas familiares".

Desde su punto de vista, la nueva ley otorga al propietario "un poder extra para desalojar a la gente y, en muchos casos, es la palabra del casero contra la del inquilino y es el policía el que tiene que decir en el momento si arrestar o no, si desalojar o no, algo que no debería suceder sin la intervención de un juez". De hecho, desde Squash denuncian que se están produciendo muchos casos en los que los caseros hacen uso de la nueva ley para desalojar a inquilinos cuyo contrato ha finalizado -algo que no contempla la ley- o, incluso, a los que tenían arrendados sin contrato, muchos de ellos inmigrantes con escasos conocimiento de inglés.

Ante la posibilidad de ver en Reino Unido decretos como el aprobado por la Junta de Andalucía para expropiar temporalmente viviendas vacías de bancos, el portavoz apunta que, "dada la influencia de la City en el Parlamento, no creemos que esto suceda ni siquiera con un gobierno laborista. Precisamente está ocurriendo todo lo contrario". En este sentido, Neil Pye miembro del colectivo Rooftop Resistance creado para defender a los tres okupas de Brighton, precisa que "existe un mecanismo según el cual las autoridades locales pueden ordenar nuevos usos para determinados locales y si esto no se cumple, expropiarlos. Sin embargo, esta fórmula se usa rara vez y, cuando se hace, el proceso puede durar años; es necesario acelerarlo".

Pye es tajante al afirmar que "la derecha está jodiendo a los pobres y la izquierda está reclamando la construcción de más casas, pero nadie está hablando del stock de viviendas vacías que hay en Inglaterra. A pesar de la retórica de la Sección 144 para proteger a los propietarios, la verdad es que, tal y como predijeron los colectivos okupas, la ley está siendo utilizada para acosar a los pobres, a las personas sin hogar".

El activista está convencido de que "no habíamos visto una crisis de la vivienda como ésta desde la década de los años 70, cuando el movimiento okupa emergió con fuerza. Creo que vamos por ese camino otra vez". Por lo pronto y dado que la crisis deja tras de sí el cierre de una media de 18 pubs a la semana, éstos se han convertido ahora en una alternativa para el movimiento de cara a evitar ser llevados a prisión, pues la Sección 144 no contempla los locales comerciales.

Españoles por el mundo okupa

El perfil del okupa se ha diversificado en los últimos años, precisamente, por la crisis. Uno de los segmentos que más nutre al colectivo es el de inmigrantes y, entre éstos, los españoles no son una excepción. Marcos Cela es un joven treintañero que pasó de ser un prometedor emprendedor en Madrid a un okupa en el barrio de Bristol en Londres. Antes de emigrar a finales del año pasado, Cela había fundado con varios socios una productora audiovisual en España pero la falta de apoyo institucional y los impagos de sus clientes les obligaron a cerrar la empresa. Tras unos meses trabajando en la hostelería, el joven decidió hacer las maletas y emigrar a la capital británica.

"Cuando llegué, con el dinero justo y sin trabajo, me alojé en una casa okupa que había abierto una amigo español". En aquella ocasión, los jóvenes tuvieron suerte, puesto que llegaron a un acuerdo con el propietario que les dejó vivir en la casa victoriana hasta que tuviera nuevos planes para el inmueble.

"Aunque mi plan inicial era estar dos o tres días, al final me tuve que quedar un mes y medio de los cuales más de 30 días dormí en un colchón sobre el suelo en mitad del paso hacia el cuarto de baño". En aquella casa vivían seis personas y "teníamos luz y agua fría, hasta una cocinita y un microondas, así que no estábamos mal dadas las circunstancias".

Cela ya no vive de okupa; consiguió empleo en una cadena de Cafés en el que apenas gana lo suficiente para pagar el alquiler de una habitación, el transporte hacia el trabajo y mal comer. En mitad de esta lucha por la supervivencia, el recuerdo de la productora cada vez se hace más difuso, salvo por el hecho de que uno de sus socios y amigo acaba de emigrar también a Londres huyendo del paro juvenil en España, en incesante escalada.