Este artículo se publicó hace 14 años.
Chávez rompe con Colombia y decreta la "alerta máxima"
Bogotá pide una comisión que verifique si hay guerrilleros en Venezuela
Antonio Albiñana
Cuando aún no había terminado la intervención del embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para desmentir las acusaciones de Colombia sobre el supuesto asilo de campamentos y líderes de las guerrillas colombianas en Venezuela, el presidente Hugo Chávez, que despachaba con el seleccionador argentino Diego Maradona, anunció que rompía relaciones con Colombia y que se preparaba para una posible guerra, decretando máxima alerta en la frontera.
Citando al mariscal Sucre, cuando se enfrentó al ejército peruano con la frase "voy a esta guerra llorando", Chávez alertó sobre un posible montaje del presidente colombiano Álvaro Uribe, al que tildó como "enfermo de odio".
Chávez habla de un montaje de Uribe, al que tildó como "enfermo de odio"
"Es capaz de montar un campamento guerrillero simulado en territorio venezolano para bombardearlo" dijo, y añadió que si se diera ese caso, Venezuela "iría a la guerra contra Colombia".
Horas después, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, daba 72 horas al personal de la Embajada de Colombia en Caracas para que abandone el país y ordenaba el "cierre" de la legación diplomática venezolana en Bogotá.
La sesión extraordinaria de ayer del Consejo Permanente de la OEA, que reúne a todos los embajadores de la región, excepto Cuba, y a los observadores europeos, tuvo un prólogo caliente, con la dimisión del embajador de Ecuador, Francisco Proaño, presidente del Consejo Permanente, tras desobedecer la orden de su ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, de que aplazara la convocatoria con objeto de que los problemas entre Venezuela y Colombia se despacharan por medios diplomáticos.
Colombia presentó imágenes de 2006 y testimonios de desertores
En su presentación, el colombiano Luis Alfonso Hoyos alternó muestras fotográficas y vídeos sobre la supuesta presencia de dirigentes guerrilleros y campamentos de la FARC en Venezuela, en una crispada intervención de más de dos horas en la que también atacó la política petrolera, la nacionalización de empresas o la inseguridad en Caracas. Las pruebas aportadas estaban integradas por imágenes tomadas en 2006, tomas aéreas procedentes de la inteligencia estadounidense, fotos y testimonios aportados por desertores de la guerrilla y el contenido de un ordenador intervenido tras la muerte de varios dirigentes de las FARC.
Entregar guerrillerosEl embajador colombiano pidió que se constituya una comisión internacional de verificación que visite los lugares venezolanos denunciados, que el Gobierno de Venezuela se comprometa a perseguir y entregar guerrilleros y que los departamentos de justicia de todos los países americanos se pongan en contacto con las autoridades colombianas para verificar los documentos.
El embajador venezolano, Roy Chadenton, destinado antes en Colombia, replicó en tono reposado que las informaciones y las pruebas aportadas eran "mentira evidente y maliciosa". Chadenton desdeñó la veracidad de las pruebas aportadas, llegando al extremo de precisar que el color de las playas en las que estarían reposando guerrilleros de las FARC en territorio venezolano pertenecían a las playas, bien conocidas por él mismo, de la colombiana Santa Marta.
Sin cargos contra los policías del G-20
El Crown Prosecution Services (CPS) decidió ayer no presentar cargos contra uno de los agentes responsables de la muerte de un vendedor de periódicos durante las manifestaciones contra el G-20 en Londres el 1 de abril de 2009.
Varios vídeos demostraron que los agentes propinaron una paliza a Ian Tomlinson cuando se dirigía a su tienda. El CPS reconoce que la acción del policía acusado fue "desproporcionada e injustificada" ya que Tomlinson no participaba en las protestas "ni presentaba ninguna amenaza".
La primera autopsia reveló que Tomlinson había sufrido un ataque al corazón. Un segundo forense constató que el fallecido había sufrido una hemorragia interna. La falta de consenso entre los médicos es lo que ha llevado al CPS a no emprender acciones legales.
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