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Chile ¿Por qué la dictadura de Pinochet ordenó acabar con un expresidente chileno que apoyó el golpe de Estado?

Después de 19 años de investigación, un juez condena a seis personas por homicidio contra Eduardo Frei Montalva, en lo que se considera el primer magnicidio en Chile.

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Una fotografía del expresidente chileno Eduardo Frei Montalva expuesta en un colegio. / REUTERS - RODRIGO GARRIDO

Más de 5.000 personas esperaban expectantes la aparición del expresidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán aquel 27 de agosto de 1980. A principios de la década, la sociedad chilena pedía cambios, después de 7 años bajo la violencia y represión de la dictadura de Augusto Pinochet.

Bajo el lema “Reunión de los chilenos libres”, la oposición había convocado un acto para rechazar el plebiscito que dos semanas antes había convocado el régimen militar para ratificar la nueva Constitución, ideada por Jaime Guzmán, uno de los máximos colaboradores del dictador y, con ello, prolongar por ocho años más la figura de Pinochet en el poder.

El Caupolicanazo, como se dio a conocer la histórica cita, fue el único acto público donde la oposición congregó a dirigentes de partidos, militantes, intelectuales y líderes de los trabajadores para manifestar su rechazo al plebiscito y formar de un gobierno de transición cívico militar que se encargara de recuperar la democracia en un plazo de tres años.

El encargado de lanzar la propuesta a la ciudadanía aquella tarde sería Frei Montalva, uno de los fundadores de la Democracia Cristiana (DC), espejada en las democracias social-cristianas europeas. Su intervención era uno de los momentos más esperados de la tarde. Expresidente de Chile entre 1964 y 1970, cuando pasó el relevo a Salvador Allende, se considera hasta hoy uno de los políticos más relevantes del siglo XX en Chile.

Cuando se presentó al expresidente, se escuchó una ovación atronadora que a través de las radios cubría todo el territorio nacional: ‘¡El pueblo unido, jamás será vencido! ‘¡Unidad, unidad, unidad, unidad!’... Por primera vez democratacristianos y las fuerzas políticas de izquierda estaban juntos, unidos en su rechazo a Pinochet. Frei comenzó: ‘Amigos míos, después de tantos años, de nuevo nos encontramos aquí reunidos’”. Así lo describió el director de la Escuela de Ciencia Política, Claudio Fuentes, en su crónica de la jornada.

Para muchos, aquel recordado discurso representó su sentencia a muerte

“La Constitución hoy sometida a plebiscito entraría en vigencia en el año 1990, de tal modo que se estará votando un proyecto que tendría aplicación a fines de esta década. Durante ese largo período, lo que regirá son los artículos transitorios. De acuerdo con ellos, el presidente que se autodesigna con nombre y apellido y la Junta de gobierno concentrará el poder constituyente, el poder legislativo y el poder legislativo”, criticó Frei en su discurso, reposado y sin salirse de guión.

“Este proyecto no es ni siquiera un intento de transición, sino una prolongación y consolidación del actual poder personal. Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad (…)”, señaló entre aplausos.

Para muchos, aquel recordado discurso representó la sentencia a muerte del expresidente.

Muerte por envenenamiento

Sólo dos meses después del Caupolicanazo, el exmandatario puso atención en unas molestias provocadas por una hernia al hiato (zona de esófago que comunica con el estómago) que lo obligaban a medicarse constantemente y a controlar su alimentación. Con la intención de operarse cuanto antes, ingresó a la Clínica Santa María en noviembre. La primera intervención se realizó sin problemas y fue dado de alta una semana después. Sin embargo, al cabo de unos días, comenzó a sentir fuertes dolores en la zona. Tras ingresar nuevamente a la clínica, el 4 de diciembre sufrió un cuadro de pre-shock que lo llevó a la UCI, donde le realizaron varias operaciones. Finalmente, falleció el 22 de enero de 1981.

Después de 38 años y tras casi dos décadas de investigación, esta semana la justicia reconoció que se trató de un homicidio

Carmen Frei, una de los siete hijos del expresidente, fue la primera de la familia que instaló la tesis del asesinato de su padre por envenenamiento. Su lucha política empezó en octubre del 2000, cuando siendo senadora planteó las primeras dudas respecto a la muerte de Frei y apuntó a los organismos de seguridad del régimen pinocehtista como responsables de su muerte. Su camino para buscar la verdad quedó recogido en su propio libro Magnicidio, la historia del crimen de mi padre.

Después de 38 años y tras casi dos décadas de investigación, esta semana la justicia chilena emitió un fallo en el que se establece que el expresidente democristiano no murió por complicaciones de una hernia, sino que se trató de un homicidio: "Una sustancia química evidentemente colaboró a la situación definitiva que tuvo el expresidente", indicó el el juez Alejandro Madrid.

En su resolución, de más de 800 páginas, sentencia a entre 3 y 10 años de cárcel a seis personas por su participación en la muerte de Frei: dos médicos, dos tanatólogos y dos integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Pinochet a la época.

“La sentencia que el ministro Madrid ha dado a conocer deja establecido que mi padre fue asesinado por la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet. Se trata del único caso de un magnicidio en la historia de Chile [...] Nada de lo que ocurrió en torno a la muerte de mi padre fue accidental o fruto del azar”, manifestó la hija de Frei al conocer el fallo.

Opositor de la dictadura 

A pesar de haber apoyado el golpe militar en 1973 y ser un férreo opositor de Salvador Allende, el expresidente chileno se erigió, en los 80, como el rostro más visible de la oposición al régimen dictatorial. Había liderado la campaña contra el plebiscito de Pinochet y se consolidaba como un actor clave para articular la oposición política y social a la dictadura.

El juez reconoce la presencia de sustancias químicas en el cuerpo pero descarta el envenenamiento

De hecho, esta es una lectura que considera el juez al inicio del relato de los hechos en su resolución. El abogado de la familia Frei Álvaro Varela, coincide con él que “el contexto histórico es determinante para arribar al resultado final de que hubo un homicidio, son muchos los elementos, concordantes y precisos, del contexto histórico que tienen un profundo significado en el resultado final de la investigación”, explica a Público.

Según el fallo de Madrid, Frei murió en la Clínica Santa María luego de una intervención innecesaria y de “alto riesgo”. El juez reconoce la presencia de sustancias químicas en el cuerpo del exmandatario, pero descarta el envenenamiento. Aunque corroboró que existió un seguimiento e intervención por parte de la CNI en la muerte del expresidente, tipificó el delito como homicidio simple y no como un asesinato –homicidio calificado–, descartando los argumentos presentados por la familia Frei.

Las conclusiones del magistrado no han dejado satisfechos ni a la acusación particular, ni a las defensas: mientras para la familia Frei el fallo debió apuntar a un homicidio calificado, para los acusados no hubo delito. Los querellantes ya anunciaron que recurrirán la sentencia ante la Corte de Apelaciones porque consideran que no se trata de un delito de homicidio simple y que existe premeditación conocida y uso de veneno.

Álvaro Varela, que interpuso la primera querella criminal por el caso en 2002, a nombre de Irene Frei Ruiz-Tagle, otra de las hijas, relató que la investigación enfrentó “el bloqueo permanente a la entrega de documentos y las declaraciones evasivas de las instituciones y personas que se relacionaron con los hechos”. En su opinión, existió un “miedo generalizado” a que se declarase que, efectivamente, se trató de un homicidio. El letrado aseguró que no fue posible acreditar antecedentes directos “con la fuerza probatoria que se requiere en el proceso penal. Sin embargo, se mostró convencido que las pruebas reunidas constituyen elementos suficientes para configurar presunciones encaminadas y suficientes para estimar que se trató de un homicidio calificado”.

Una piedra en el zapato del Gobierno

Según cómo avance el caso Frei Montalva, podría convertirse en una piedra en el zapato para el gobierno del conservador Sebastián Piñera. Una piedra que en su día ya se hizo sentir pero que luego quedó rezagada en un segundo plano.

El actual subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo, fue acusado por la familia Frei de “omitir” los resultados de una autopsia que se le realizó al exmandatario y que fue descubierta en 2001, cuando Castillo era jefe del Hospital Clínico de la Universidad Católica. El año pasado, cuando Piñera lo nombró para ser parte del gobierno, fueron múltiples las voces, especialmente en la DC, que reclamaron al Ejecutivo que lo removiera de su cargo. Eso nunca pasó.

Ahora, el juez Madrid estableció que su conducta no reunía los requisitos que exige el Código Penal para calificarlo como encubridor, pero sí le reprochó no haber informado a la familia Frei de la existencia de la autopsia.

Al conocerse el fallo, Carmen Frei puso de nuevo el tema encima de la mesa: “La permanencia de Castillo sigue siendo, para nosotros, un problema ético porque no nos parece prudente ni podemos confiar en una persona que está en el fallo, reconociendo en sus propias declaraciones que ocultó información”, dijo.

La actitud de la hija siempre contrastó con la de su hermano y también expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), a quien su propio partido le echó en cara que, bajo su mandato, no hiciera lo suficiente para buscar la verdad sobre la muerte de su padre. De hecho nunca se sumó a las voces que exigen la salida del subsecretario de Luis Castillo y prefirió mantener su rol de embajador para el Asia-Pacífico que le entregó Piñera.

El proceso de apelaciones que se abrirá en las próximas semanas puede alargarse, según indicó el abogado Álvaro Varela, al menos un año, e incluso existe la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, lo que –calcula él– podría significar otro año más. Si bien el fallo es inédito, no es definitivo y podría ser modificado con un aumento de las penas o dejándolas sin efecto en cualquiera de las dos instancias por las que aún tiene que pasar. El final del magnicidio todavía está abierto.